El pasado lunes se realizó una audiencia de amparo en el Juzgado de Garantía de Chillán, ocasión en que la defensora pública penitenciaria, Nadia Casanova, solicitó medidas de resguardo a favor del interno Michael Hancenn Soto, quien -según se desprende del escrito presentado- habría sufrido torturas al interior del penal.
Estas corresponderían a cortes en diversas partes del cuerpo, ocasionadas con arma blanca, además de quemaduras con agua hirviendo. Pese a que no se ha realizado una denuncia propiamente tal, en tal escrito se da a entender que estos agravios fueron causados por otros internos pero en un contexto propiciado por un oficial de Gendarmería, como represalias a problemas anteriores entre ambos.
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Conforme a la abogada, el amparo se presentó “por una serie de irregularidades en el procedimiento de allanamiento y registro realizado por funcionarios de Gendarmería, siendo una de sus consecuencias el traslado (de su representado) de un dormitorio a otro y una vez allí, fue agredido y golpeado por otros internos”.
De acuerdo a la declaración del agredido, quien asegura haberse mantenido al margen de los líos anteriores, todo se inició mientras estaban aún en los dormitorios, a la espera de una solicitud escrita para poder permanecer en esa sección durante el día, debido a las bajas temperaturas que se registraban.
Fue entonces que “algunos internos empezaron a gritar y faltar el respeto a los funcionarios, por lo que se procedió a allanar el piso y nos llevaron al gimnasio. Entrando al gimnasio, se acerca el teniente (E.M.R), me toma por la espalda y sin allanarme me dice “tai negro conmigo, me debí cualquier plata”, para luego amenazarlo con cambiarlo a un dormitorio en donde pernoctaban internos con los que tenía rencillas anteriores y quienes lo habían amenazado.
El relato describe cuando Hancenn Soto fue envuelto en una cortina, comenzando a recibir cortes, golpes de palo y agua hirviendo. Acusa también que no lo llevaron a constatar lesiones ni le recibieron la denuncia.
Pese a que en respuesta, Gendarmería envió un escrito, firmado por el alcaide, Fernando Sanhueza, afirmando que Hancenn había insultado y amenazado durante el allanamiento al teniente, la defensora penitenciaria aseguró a LA DISCUSIÓN que “para corroborar los dichos de mi representado, se solicitaron las cámaras de seguridad, dando cuenta del registro corporal ilegal, arbitrario y desproporcionado atentatorio de su integridad” añadiendo que “en el video se observa que se le sometió a un registro corporal y se le exigió que se bajara la ropa en un lugar sin privacidad, lo que no se condice con el comportamiento que mantenía en ese momento”.
Si bien hasta el momento no se ha instruido una investigación por parte del tribunal, sí se acogió la solicitud de cambiarlo del dormitorio al que había sido enviado.
Respuesta de la dirección
Respecto a esta denuncia, el director regional de Gendarmería dijo no contar con antecedentes oficiales de lo ocurrido, sin embargo, “de haber ocurrido de esa manera, evidentemente es algo que no podemos permitir ni amparar, porque ese tipo de conductas van en el sentido contrario al camino que como institución que se apega a los Derechos Humanos, pretendemos mantener y desarrollar”.
Sin embargo, adelantó que pedirá los informes respectivos y de encontrar los méritos necesarios, ordenaría una investigación sumaria, mientras que desde la Anfup, su presidente regional, suboficial Cristian Montecinos puntualizó que “puedo dar fe de que los funcionarios han actuado de manera estricta a lo que se exigen los tratados internacionales y a los derechos humanos y cualquier institución que requiera grabaciones o antecedentes, los puede solicitar a la institución”.
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