Si hay debate es porque hay contrastes. Y la iniciativa gubernamental de realizar controles preventivos de identidad no solo a los adultos, sino a menores desde los 14 años,no escapa a las controversias.
Un contraste: el jueves de la semana anterior 40 destacamentos de Carabineros, en toda la Región, participaron de una ronda preventiva de fiscalizaciones en la que se realizaron más de 2 mil controles de identidad, terminado el proceso con 34 detenidos. Pero no hubo ningún menor controlado en este proceso.
Dos días después, carabineros detuvo a tres menores de entre 14 y 17 años, sorprendidos intentando robar en la Seremi de Vivienda.
Fueron formalizados por robo frustrado en lugar no habitado “y, lamentablemente, quedaron libres, con medidas cautelares de baja intensidad”, comentó el coordinador de Seguridad Pública de Ñuble, Alan Ibáñez.
Siguiendo la misma postura gubernamental ante la iniciativa de extender el rango etáreo hasta los 14 años para ser objeto de controles de identidad, Ibáñez plantea que “creemos que, a la luz de todo lo que se ha visto no solo en el país, sino que acá en Ñuble, sería una gran ayuda para Carabineros el otorgarles esta herramienta de prevención”.
Son un 5% de los casos
Una mirada distinta es la que se entrega en la Defensoría Penal Pública Regional.
Marco Montero, defensor regional, dice: “nos parece necesario analizar la opción con un poco más de profundidad, sobre todo porque si se analiza el fenómeno, desde los casos que han generado un proceso judicial con participación de menores de por medio, las cifras en Chile van a la baja”.
Números en mano demuestra que en el país, en 2016, los menores formalizados en el Juzgado de Garantía fueron el 9,4% del total de las formalizaciones.
Finalizado el año 2018, los menores que habían sido formalizados por algún delito representaban el 6,2% de los casos judicializados.
“Y si nos enfocamos solo en Ñuble, las cifras son incluso más bajas, ya que son el 5% de los casos totales”, afirma.
Para Montero el que se fiscalice a menores no es realmente práctico, pero además “se debe dejar claro que la decisión de hacerle un control preventivo a un menor de edad es exclusiva del funcionario de Carabineros. Es él quien toma la decisión de hacerlo y a quiénes practicárselos, acá no se consulta ni a un fiscal ni a un juez”.
Los riesgos, según el punto de vista del defensor regional, pasan porque la práctica termine siendo discriminadora y arbitraria.
La propuesta de la DPP, entonces, es que se controle a los menores en un contexto que la policía uniformada cuenta con “datos previos, claros y responsables sobre un menor, para garantizar un actuar responsable y no discriminatorio hacia los menores”, aseveró
