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Damnificados urbanos tras los incendios de febrero: entre subsidios de arriendo y la desesperanza

Cristian Cáceres

El 2 de febrero de 2022 es una fecha que recuerda un capítulo amargo en las vidas de Johana, Silvia y Cristian. Esa tarde el sueño de la casa propia se esfumó en medio de las llamas en Chillán, en los sectores de Villa Doña Francisca, Boyén, Caserío Linares, Quilmo, San Cruz de Cuca y Población Pablo Neruda en Quinchamalí.

Los tres son vecinos de la villa Doña Francisca II y III, donde al menos ocho casas resultaron con daños de diversa magnitud, cinco de ellas con pérdida total. Son parte de los primeros damnificados de los incendios del verano que afectaron a la región.

A casi cuatro meses de la catástrofe, los sitios que albergaron sus hogares aún se mantienen en ruinas y a la espera de un nuevo comienzo.

Esa es la esperanza que tiene la chillaneja Johana Calderón, quien no pudo salvar su casa y perdió todo en cosa de minutos en el pasaje Prado con Angol. Ese día ni ella ni su expareja y sus dos hijos se encontraban en el domicilio. Sus vecinos intentaron contener las llamas, sin embargo, producto de la baja presión del agua nada pudieron hacer, ni tampoco los bomberos que llegaron después de combatir otra emergencia en un pasaje cercano.

En enero de 2022 había terminado de pagar la última cuota del crédito hipotecario, tras años de esfuerzo económico, resultado de su trabajo como educadora diferencial. Sin embargo, nunca imaginó que un incendio de esta naturaleza acabaría con su proyecto en la fase final, cuando los seguros asociados ya no estaban operativos.

“Justamente en la Villa Doña Francisca II casi todos los vecinos terminábamos de pagar nuestras casas ahora este año. Yo la terminé de pagar en enero, mi vecina en noviembre, otros la terminaron de pagar en febrero y justo la mía quedó sin seguro. Yo la terminé en enero y me mandaron el aviso que en 30 días me entregaba la carpeta y yo no saqué seguro. Jamás uno iba a pensar que te iba a afectar un incendio”, explica.

Tras la tragedia Johana y sus hijos fueron acogidos por su madre, quien vive en la etapa III de la villa, vivienda que también estuvo en riesgo de incendio en febrero pasado. Las llamas consumieron dos inmuebles ubicados en la parte trasera del sitio.

Según relata, ella y el menor de sus hijos no viven a tiempo completo ahí, ya que coincidentemente en febrero asumió un nuevo desafío laboral en la Región de Valparaíso. Fue en ese proceso de cambios cuando enfrentó la emergencia. Desde esa fecha ha viajado algunas veces a Chillán, siendo su hermana quien la ha representado en ocasiones para resolver algunos trámites y asistir a reuniones con las autoridades por el tema de la reconstrucción.

“Ha sido duro, de hecho, estoy con medicamentos, porque te deprimes. Finalmente es un tema que no fui capaz de resolver sola y tuve que tomar medicamentos. En realidad, tengo una psoriasis aguda que con el sistema nervioso se reactiva. Bueno, recibimos alta ayuda de la gente, típico las canastas familiares, la junta de vecinos nos ha ayudado, la Unión Comunal, son cosas que te reconfortan de cierta manera, pero las pérdidas son grandes. Finalmente es una inversión total de una casa. Ahora tienes que volverla a armar, porque te entregan un refrigerador y una cocina, que fue el kit que me entregó la municipalidad. Doy gracias a Dios que esto fue una emergencia nacional, porque si no hubiéramos quedado a brazos cruzados, porque perdí mi seguro, pérdida total de la casa”, expresa.

Johana tiene la esperanza de que el gobierno les extienda la mano para lograr levantar un nuevo hogar, ojalá, dice, con características similares a lo que tuvo en el pasado.

“Esas casas vienen con dos dormitorios con un segundo piso para ampliar. Nosotros teníamos tres dormitorios y dos baños. Había invertido harto en la casa. Obviamente ya llevaba 19 años en ella. Si nos entregan una casa con dos dormitorios, obviamente no tengo problema en recibirla, pero lo ideal es que fuera acorde a lo que teníamos. Yo regularicé mi casa en el Serviu y en la municipalidad, por lo tanto, el valor de mi casa estaba dentro de lo había invertido”, detalla.

Se estima que la casa que perdió estaba avaluada en $80 millones a la fecha. En el pasado, ella invirtió en modificaciones la suma de $15 millones, además de lo cancelado en torno a los $60 millones.

“Fue un golpe súper fuerte, a mi edad, tengo 48 años. (…) Terminé de pagar mi casa a 20 años, cuando tú respiras y dices, tengo un patrimonio. Viví cuatro años con el papá de mis hijos y me separé cuando estaba embarazada de mi segundo hijo, que tiene 14 años. Sola siempre, entonces, ahí tú dices, bucha, tengo una inversión, no tengo que seguir pagando dividendos y justo mi hijo entraba a la universidad este año. Entonces, dije ya, dejo de pagar dividendos y tengo plata para pagar universidad, porque tampoco tengo gratuidad”, reconoce.

Sin posibilidad de reconstruir

De la casa de Silvia Echaíz, solo se mantienen en pie las paredes en el pasaje Quilelto de Villa Doña Francisca III. Ese desolador escenario, que espera por su demolición, tiene envuelta a su familia en una crisis de la que hasta no ve salida, debido a que su situación económica actual no permite financiar una vivienda similar a la que adquirieron hace 18 años y que el fuego se llevó esa tarde de febrero.

Antes del siniestro, el proyecto habitacional se estaba cancelando, mediante un crédito hipotecario. Solo restaban 21 dividendos para cerrar el ciclo.

Como Silvia aún estaba en ese proceso, se activó un seguro asociado al crédito, por un monto de 370 UF, equivalente a $14 millones, al 2 de febrero de 2022, el que le permitió pagar los dividendos restantes, quedando un saldo a favor 12 millones 700 mil pesos, cifra, a su juicio, escuálida para levantar una nueva casa.

“Con esos 12 millones de pesos, no me puedo volver a levantar, porque eso no me alcanza para nada. Solo la mano de obra aquí cotizada hoy en día, sale alrededor de 11 millones y medio”, advierte.

Por el momento un bono de arriendo entregado por el Gobierno Regional le permite a Silvia habitar, con sus dos hijos y esposo, una vivienda en la población Santa Elvira. Sin embargo, la reconstrucción de su hogar, en su caso, la ve lejana, ya que en el sistema figura con dos viviendas a su nombre, una la siniestrada y otra que le fue traspasada hace algunos años. Eso solo en el papel, ya que, por razones personales, no la puede ocupar ni tampoco comercializar.

“Admitieron acogerme a ese beneficio y ese subsidio (arriendo) va a estar por un año, hasta ahora no se ha ampliado el programa. Después uno va a tener que ver qué es lo que hace. En mi caso no va haber un nuevo subsidio (de reconstrucción)”, comenta.

Por esta razón, se siente frustrada, ya que no calificaría para un eventual beneficio de reconstrucción del gobierno, ni tampoco cuenta con los medios económicos para acceder a un proyecto. En su familia, solo su esposo trabaja en una tienda comercial y ella está al cuidado de sus hijos.

“En este momento estoy sin trabajo. Tengo dos pequeños, uno de siete y uno de nueve años. El menor tiene autismo, además, una agenesia del medio ocular derecho. Mi pequeño desde que nació está en terapia. Entonces, me he dedicado el 100% a ellos, dejé mi trabajo, todo para dedicarme a familia”, revela.

Tras el incendio, la familia calculó que las pérdidas ascienden a $80 millones equivalentes a la infraestructura y otros $25 millones a implementación.

En el presente, Silvia solo espera que se produzca el “alzamiento”, trámite que la convierte en propietaria tras la cancelación total de los dividendos. “Difícilmente con una persona trabajando con un sueldo, no sé, de 450 o 500 mil pesos, nos van a dar un nuevo crédito hipotecario, o sea, eso es inviable en estos momentos. Aquí estamos trabajando y nos están ayudando otras instituciones. Estamos tratando de conseguir algunos materiales para que cuando venga el buen tiempo ver de qué manera nos podemos levantar y gracias a Dios ya han aparecido algunas personas. Esa es la única ventana que tenemos, que aparezcan los materiales para poder levantar”, reconoce.

Perdió casa y trabajo tras incendio

Al igual que los casos anteriores la casa de Cristián Castillo también quedó inhabitable tras el siniestro en el pasaje Angol de Villa Francisca II.

En su caso, aún se encuentra pagando los dividendos del crédito hipotecario que pactó por 20 años. En diciembre pasado tenía que haber cancelado la última cuota, pero debido a un problema personal, tuvo que repactar en dos ocasiones, por lo tanto, le quedan 10 años por pagar.

Tras la catástrofe, el afectado comenta que la experiencia con los seguros asociados a la contingencia no ha sido satisfactoria, ya que los valores asociados son insuficientes para empezar un nuevo proyecto por cuenta propia.

“El seguro por los muebles lo anuló el banco en forma unilateral. Le pedí documentación hasta el día de hoy y me negaron la información por ser confidencial. Hubiese sido una suma importante para reponer las pérdidas. De hecho, hasta el día de hoy sigo pagando y me están cobrando solamente por tener un sitio pelado. (….) El seguro pactado por la vivienda es de 420 Unidades de Fomento, aproximadamente 14 millones de pesos, de los cuales ellos entregaron la mitad, el 50%. También en la póliza del seguro en ninguna parte dice que el banco tiene que entregar la mitad. Y cuando tenga el 50% de la vivienda construida, ellos entregan los 7 millones de pesos restantes”, explica.

“Para construir una casa de esas dimensiones, en puros materiales, son sobre $25 millones y solo unos $20 palos más por mano de obra. Las casas del sector están avaluadas en 80 millones de pesos. Mi casa era de 120 metros cuadrados”, agrega.

El 22 de febrero para Cristian es un mal recuerdo, no solo porque perdió su hogar, sino también su empleo en una mueblería, donde trabajaba como instalador. Cuenta que una ausencia de cuatro días, para la demolición del segundo piso de su casa, les costaron su fuente laboral.

“Sufrí una herida en la pierna derecha por un clavo. Pasó a una celulitis arterial, se hinchó. Cuando iba a trabajar ese día, no me entraba el zapato y fui a la clínica, donde me dieron una licencia por siete días, en primera instancia. Ese día mientras me estaban dando la licencia me llama el empleador para que me acercara a su oficina a la brevedad para firmar el finiquito”, detalla.

En la actualidad Cristian es beneficiario de un subsidio de arriendo de $ 420 mil que le ha permitido vivir desde hace un mes y medio en un departamento, en calle Gamero, junto a sus dos hijos. Se siente agradecido por la ayuda extendida desde el GORE y expectante por el proceso de reconstrucción que impulsará el Gobierno.

“Sería ideal que el Gobierno nos entregará en su integridad una casa digna. Habían reuniones en que nos comentaban que era muy posible que fuese algo participativo, que el gobierno ponga algo y las personas como yo, que tenemos seguro, lo pongamos a disposición para que el aporte del Gobierno no sea tanto, pero a mi parecer no es justo, porque tenía una casa de 120 metros cuadrados. No toda estaba legalizada por la ley del mono, pero están los respaldos que agrandamos dos partes por medio de subsidios. En mi casa tenía dos baños y cuatro habitaciones”, explica.

Propuesta Minvu

La Seremi de Vivienda y el Serviu han sostenido reuniones con las familias damnificadas para analizar la situación de cada una y proponer soluciones tanto para aquellas que sufrieron pérdida total de sus inmuebles, como aquellas con daños parciales.

Según la cartera, luego de aplicar la ficha de evaluación de daño, serán intervenidas 18 viviendas con daño total, dos daño mayor y una con moderado en la comuna de Chillán. Mientras que aquellas con destrucción parcial recibirán otro tipo de beneficio.

Para las familias que perdieron su única vivienda, o sea, que no sean propietarios de otra vivienda en otro lado, el compromiso es la reconstrucción de la misma a través de subsidio del Estado; para eso tienen que poseer la ficha FIBE, Ficha 2 (evaluación de daños que realiza el Ministerio de Vivienda) y acreditar dominio del terreno para el proyecto. No pueden ser reconstruidas casas a personas que tengan dos o más viviendas. Esto se realizará a través de los diferentes programas habitacionales con los que cuenta el Minvu. Para aquellas con daños parcial existe una tarjeta de banco de materiales que permite compra de materiales de construcción y en algunos casos de daño mayor se realizará un proyecto de mejoramiento de la vivienda subsanado lo perdido parcialmente”, explica el seremi del ramo, Antonio Marchant.

En palabras de la autoridad “en el caso de las cuatro familias, atendibles de acuerdo a los requisitos del llamado a postulación DS49, con pérdida total en sector de doña Francisca, único sector urbano con afectación de los incendios, hemos solicitado a través de nuestras autoridades ministeriales una asignación directa a través del programa de subsidio integrado regulado por decreto supremo N1 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo”.

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