Luego que el pasado 13 de enero, el Senado aprobara la nueva Ley Antisaqueos, que además endurece penas para quienes realicen barricadas o interrumpan el tránsito, con hasta tres años de cárcel, en la Fiscalía Regional de Ñuble se creo un nuevo foco direccionado a investigar este tipo de causas.
Quien está a cargo de este grupo es el fiscal Álvaro Hermosilla, jefe del grupo Sacfi, del Ministerio Público regional, y quien precisamente, el pasado 21 de octubre, había conseguido la prisión preventiva para dos personas involucradas en el robo al Unimarc de calle 5 de Abril, en Chillán, antes que debutara la ley.
El anterior, fue uno de los pocos casos en que el Juzgado de Garantía de Chillán decretó esta medida cautelar en un caso de saqueo, ya que muchos otros terminaron con los imputados en libertad, luego que se tipificara los delitos como hurtos o robos frustrados en lugar no habitado.
La clave, para que en este caso se decretara la máxima medida cautelar, fue que el fiscal Hermosilla invocara un “estado de calamidad” en el país, estrategia que podría seguir utlizándose en caso del resurgimiento de incidentes violentos en los meses venideros.
Y si bien la nueva Ley Antisqueos es independiente a la facultad de invocar un estado de calamidad, por parte de un fiscal, “es en esta ley donde descansa el fundamento para poder argumentar esta condición ante un tribunal”, explica el fiscal Hermosilla.
Estado de Emergencia
El persecutor, quien ve esta herramienta como útil ante un escenario social complejo en los próximos meses, aclara que será posible invocar el estado de calamidad en casos de saqueos en, a lo menos, dos situaciones.
La primera, cuando el Presidente de la República declare que el país se encuentre en Estado de Emergencia, y la segunda cuando “haya situaciones que por sí mismas se presenten como estados excepcionales, sin que el Presidente lo decrete, y eso quedó zanjado para el terremoto del 2010 en que muchas veces se invocó el estado de calamidad para sancionar este tipo de robos”.
Desde la Defensoría Penal Pública, el jefe regional, Marco Montero, advierte que será de suma importancia poder determinar con precisión cuándo sí y cuando no se estaría en casos de saqueos.
“Más allá de que haya robos a locales comerciales durante un eventual estado de conflicto social, es importante que se distingan algunas cosas. Por ejemplo, el saqueo es por sí mismo violento y se tiene que dar en un contexto de movilizaciones sociales y en lugares cercanos al punto de conflicto. De lo contrario podría confundirse con meros hurtos o robos en lugar no habitado”.
La nueva ley indica que el saqueo será considerado como el acto realizado “en circunstancias tales que contribuyan a la sustracción o destrucción de todo o la mayor parte de aquello que había o se guardaba en algún establecimiento de comercio o industrial o del propio establecimiento”.
Las penas podrían llegar a los 5 años y aumentar en caso que el contexto sea de “calamidad pública” o una catástrofe natural.
