Poca rigurosidad administrativa, contratos que evidencian conflicto de interés, multas no cobradas por más de $500 millones, cuentas impagas por sobre $1.900 millones y hasta entrega de cajas de alimentos en periodo de pandemia a personas fallecidas, es parte de lo que evidencia la última auditoría realizada en la Municipalidad de Chillán, por parte de la Contraloría General de la República.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]Por esta razón, finalizada la sesión de Concejo Municipal extraordinaria realizada el día de ayer, lo primero fue un mea culpa.
En especial por parte de los concejales que detentaban ese cargo durante la administración pasada. Brígida Hormazábal y Joseph Careaga así lo hicieron ver, ya que el último informe de la auditoría realizada a la Municipalidad de Chillán por parte de la Contraloría General de la República, dejó en evidencia cerca de 70 anomalías graves en el funcionamiento administrativo durante el periodo pasado, liderado por el exalcalde, Sergio Zarzar.
“Nosotros somos los fiscalizadores, eso está claro, pero también es cierto que el acceso a las documentaciones que solicitamos, a veces, es muy limitado, pero ahora es necesario que se haga un ordenamiento en lo administrativo para no seguir replicando lo mismo de lo anterior. Sobre todo, porque no se trata solo de un desorden administrativo. Aquí hay delito”, comentó la edil.
Careaga, en la misma línea, añadió que “en especial los concejales antiguos tenemos que asumir una cuota de responsabilidad. Pero muchas veces, en especial por las restricciones de movilidad por la pandemia, fiscalizar telemáticamente era imposible. Y esto te lo digo por lo de las cajas solidarias”.
Respecto a las multas no cobradas, Careaga acusa que las advertencias por posibles irregularidades, las hicieron.
“Pero claro que nunca pensamos que fuera tan grande la cifra, que de hecho es menor (multas no cobradas) que la de la empresa OHL ($243 millones), de las áreas verdes y yo fui uno de los que votó porque el contrato con ellos se terminara”, agregó.
“El informe es impactante”
Aunque la entrega de cajas de alimentos para ayudar a los más necesitados por la pandemia no reviste los montos asociados a las multas no cobradas a Dimensión ni a OHL, es casi un consenso entre los concejales que este hecho reviste un golpe quizás mayor a la probidad y a la imagen del servidor público, reconocidamente en crisis.
“Eso en efecto es así, y nosotros ya pedimos que se hicieran los sumarios correspondientes para determinar las responsabilidades individuales”, comentó el concejal César Riquelme.
El docente dice que ya para el periodo en que se estaban distribuyendo las cajas por parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), entonces a cargo de Carolina Chávez, “escuchamos muchas quejas sobre que se distribuían en sectores relativamente acomodados. Algunos de esos vecinos dijeron que las recibieron para donárselas a otras personas, y por eso uno ya intuía que había cosas raras”.
El informe luego revelaría que además hubo cajas que se repartieron dos veces a un mismo destinatario. “Y también se cuestiona la forma en que se hizo el estudio de vulnerabilidad, porque en muchos de los casos no hubo acompañamiento de los antecedentes de los destinatarios”, agregó.
Riquelme concluye diciendo que “el informe de más de 170 páginas finaliza con un consolidado de 77 puntos en los que se reflejan todas las irregularidades y la verdad es que es impactante”.
Suspensión del ITO
Fue a raíz del informe y las irregularidades vertidas, en especial en lo que respecta a la falta de rigurosidad en las fiscalizaciones, que el cuerpo del Concejo Municipal solicitó la suspensión temporal del Inspector Técnico de Obras.
Conforme a las pautas procesales de una investigación sumarial, el ITO debe ser suspendido y en caso de comprobarse faltas graves, se debe iniciar un sumario para su remoción.
“Esto es una sugerencia que hace la propia Contraloría, pero es solo un caso entre muchos. Sabemos que habrá más personas involucradas una vez que concluyan los sumarios y evidentemente, pediremos las respectivas remociones, porque no pueden seguir en ningún cargo dentro de la municipalidad. Y también pediremos el término de algunos contratos”, finalizó Brígida Hormazábal.
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