La Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Ñuble evacuó el pasado 15 de marzo el informe final Nº67 que contiene los resultados de la fiscalización efectuada en la Municipalidad de Chillán Viejo, cuyo fin era efectuar auditoría a la ejecución presupuestaria de los años 2017 al 2019, respecto del cumplimiento de la normativa contable y reglamentaria que regula el proceso de ejecución y control presupuestario. Asimismo, se revisaron los gastos sobre difusión y publicidad y Covid-19, entre el 1º de enero y el 31 de agosto de 2020.
La auditoría buscaba comprobar si el municipio percibió y ejecutó la totalidad de los ingresos y gastos presupuestados; si efectuó los procesos de modificación, registro y control presupuestario y contable, de acuerdo con la normativa vigente; y si están debidamente acreditados y contabilizados los gastos realizados en el marco de la pandemia originada por el Covid-19.
Entre los principales resultados, se verificó que el 22,87% de los ingresos, provienen de dos cuentas contables cuyos registros datan de antes de 2019, sin existir un análisis que determine con exactitud su composición y facilite su control.
Se comprobó también que la cuenta contable “ingresos por percibir”, que posee un saldo de $692.500.719, debe analizarse y regularizarse, detallando el saldo que la compone y estableciendo un procedimiento que permita llevar un control íntegro y real de los montos pendientes de cobro, situaciones que serán verificadas en la etapa de seguimiento que realizará Contraloría.
En tanto, respecto del decreto de pago N° 1.591, del 7 de julio de 2020, por un total de $7.780.220, correspondiente a la adquisición de 200 canastas familiares debido a la contingencia sanitaria producida por el Covid-19, éste no cumple con las formalidades legales y reglamentarias que le son aplicables, toda vez, que se adjuntó fotocopia de la factura, por lo tanto, el municipio deberá adjuntar el documento original o su equivalente.
Se verificó, además, que el decreto de pago N°102, del 22 de enero de 2020, por el gasto de $1.531.530, no se encuentra fehacientemente acreditado, debiendo el municipio acompañar los antecedentes que permitan respaldar y fundamentar la cantidad de raciones adquiridas para el vino de honor de la actividad de conmemoración del día internacional de las personas mayores año 2019 (330), versus los asistentes acreditados (238).
Se comprobaron también deficiencias en la recepción conforme de bienes adquiridos por un total de $11.361.782, por lo que le corresponde a la entidad edilicia acompañar antecedentes que den cuenta de la recepción efectiva de las 9 licencias AutoCAD y la distribución de éstas en los equipos computacionales municipales; acreditar la recepción efectiva de 2.000 trípticos adquiridos para el programa “Exención derechos municipales de aseo” y su distribución a la comunidad; y, proporcionar la documentación que sustenta la recepción de lo detallado en el anexo N° 8 del informe.
Respaldo de decretos
En cuanto a las ayudas sociales en el marco de la pandemia, se advirtieron carencias en los respaldos de siete decretos de pago, por un total de $50.182.149, relacionados con la entrega de canastas de alimentos, por lo que el organismo contralor dispuso que el municipio deberá proporcionar los antecedentes faltantes, según lo detallado en el informe.
Todo lo expuesto anteriormente deberá ser acreditado en un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del informe final, vencido el cual, Contraloría Regional procederá a efectuar las acciones que procedan, de conformidad con lo establecido en la normativa.
Plan Nacional
Desde el municipio, el administrador municipal, Fernando Silva -el alcalde Felipe Aylwin se encuentra con feriado legal-, aclaró que el informe corresponde a una auditoría del Plan Nacional de Contraloría, que busca analizar el sistema contable y financiero de diversos municipios a nivel país.
“Respecto del tema de las canastas y las carencias detectadas en los decretos de pago, se generó un error en el envío de la información a la fiscalización, toda vez que quedaron algunas hojas sin digitalizar. En consecuencia, nos encontramos en proceso de subsanar estas observaciones, reescaneando toda la documentación y revisando una a una las 10.500 hojas de los siete archivadores que rinden la entrega de la aludida ayuda social”, manifestó.
Según Silva, esta circunstancia se presenta, al menos, por dos razones.
“Debido a la pandemia, se generó un nuevo sistema de auditoría completamente digital, que exige nuevos medios de verificación en las rendiciones, a lo que los municipios debemos adaptarnos, lo que pudo generar complicaciones a la hora de entregar la información, por tratarse de voluminosos archivos y plazos acotados. En segundo lugar, la escasez de recursos humanos se manifiesta en mayor medida, no solo por la actual coyuntura sanitaria, sino también por la negativa de aprobar una nueva planta municipal. Por ejemplo, nuestra unidad de Control posee un solo funcionario”, explicó.
El administrador municipal manifestó que en términos generales, “este informe de Contraloría sin duda ayuda a mejorar los procesos internos de control y gestión en el municipio. Resulta importante destacar que no se advierte déficit en esta investigación, ni tampoco algún tipo de utilización política de los recursos municipales, dado que la reglamentación interna de entrega de ayuda social fue elaborada y aprobada en conjunto con el concejo municipal.
Adicionalmente, cabe destacar que no hay delitos involucrados, y el municipio ha implementado a través de manuales y reglamentos. mecanismos regulatorios en los procesos que facilitan el cumplimiento de la normativa vigente. Durante toda la pandemia se ha mantenido informado al concejo de las ayudas entregadas”, sentenció.
