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Concejo Municipal retorna este jueves con alta tensión entre ediles y alcalde

Una tensa jornada se espera para este jueves en la sesión de concejo municipal de Chillán, donde concejales, no solo de oposición, sino que también afines políticamente a Sergio Zarzar, esperan alzar la voz respecto de los problemas que se han suscitado al interior del organismo edilicio.

El concejal Juan López Cruz (PR) indicó que “son muchos los cuestionamientos que pesan sobre este municipio de parte de diversas entidades como la Fiscalía, Contraloría y ahora el Consejo de Defensa del Estado (CDE)”.

Los ediles además sostienen que es probable que durante los próximos días se sigan sumando problemas para la entidad edilicia y los funcionarios de confianza del alcalde.

El concejal Jorge Vaccaro (RN), indicó que en las última semanas los concejales se han reunido en varias ocasiones con el fin de analizar los pasos a seguir frente a los cuestionamientos que pesan sobre el gobierno comunal.

Uno de los temas que molestan es que ellos pueden ser acusados eventualmente por notable abandono de deberes por haber fallado eventualmente a sus labores de fiscalización.

En ese contexto, una acusación por notable abandono de deberes contra el alcalde Sergio Zarzar ha sido analizada desde hace varios meses al interior del consistorio, luego de que se destapara el caso led.

Sin embargo, y a pesar de los antecedentes que han presentado entidades públicas como Fiscalía, Contraloría o el CDE, no se ha llegado a la conclusión que existan antecedentes suficientes para acusar al alcalde de aquella falta.

Abogados consultados por los ediles han llegado a resoluciones diferentes, de tal modo que para algunos existen suficientes argumentos para que prospere una acción de ese tipo, mientras que otros plantean que faltan fundamentos.

Adicionalmente, según uno de los últimos profesionales consultados, una presentación de esa naturaleza podría llegar a costar no menos de $10.000.000, recursos con los cuales los ediles no cuentan.

En la actualidad, seis ediles de la ciudad contrataron al abogado penquista Remberto Valdés Hueche con el fin de hacerse parte como querellantes en el caso led.

Si bien ninguna de las partes ha querido mencionar cuanto cuesta esta asesoría, se estima que no sería menos a los $10.000.000, cifra que sería prorrateada entre todos los concejales.

A su vez, se ha considerado que una acción de este tipo se resolvería en un horizonte temporal mayor a un año, de tal manera que un dictamen definitivo podría salir cuando la actual autoridad local estuviera fuera del cargo.

Esperan a Contraloría

Por estas razones, lo más probable es que no haya presentación alguna, salvo que Contraloría presente en el futuro cargos contra la autoridad o que surgieran antecedentes de mayor gravedad en el curso de las investigaciones que se llevan adelante a través de varias fuentes.

De momento, los ediles, esperan el resultado de las investigación que lleva adelante la Contraloría, organismo que sigue indagando a funcionarios municipales y diversos proyectos comunales.

Los ediles, además, están a la espera de los resultados judiciales respecto de la querella contra la municipalidad emanada dese la empresa de áreas verdes OHL, la que pide una indemnización millonaria por más de $1.000 millones por término anticipado de contrato.

Sobre el particular, hubo un primer informe de Contraloría, detalló el concejal Víctor Sepúlveda (PC), que parece dar razón a los concejales respecto de las críticas que fueron formuladas contra el contrato y la manera en que lo gestionó la municipalidad.

Junto con ello, se espera un pronunciamiento oficial del municipio respecto de la demanda que fue presentada por la empresa de parquímetros ECM, la que pide $4.500 millones por las pérdidas que le ocasionó la paralización de actividades en la ciudad como consecuencia de la pandemia.

En general, son muchas las aristas abiertas dentro del municipio chillanejo, por lo que los ediles esperan acciones concretas respecto de las autoridades, entre ellas un mea culpa por los daños al patrimonio local generado por las acciones de funcionarios.

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