Concejales de Chillán, asesorados por la Oficina de Abogados de Concepción Remberto Valdés Hueche,enviarán al alcalde Sergio Zarzar Andonie y a la Contraloría General de la República, una carta para tratar de evitar que la autoridad en ejercicio convoque a concursos para llenar cargos vacantes en la planta municipal.
Este hecho se suma a la primera asesoría jurídica contratada por los ediles de la ciudad, quienes anteriormente se había querellado contra todos quienes resulten responsables por los hechos investigados por a justicia en el llamado Caso Led y que tiene a altos exfuncionarios municipales en prisión preventiva y a otros tantos declarando de manera permanente ante la PDI, Fiscalía o Contraloría Regional, además de ser parte de sumarios internos.
La asesoría legal, subrayó el concejal Juan López Cruz (PR), tiene como propósito fundamental transparentar todos los actos de esta administración municipal, la que está en tela de juicio por una serie de contratos y sucesos que han generado conmoción local y nacional.
El edil agregó que como autoridades “no podíamos quedar al margen de los sucesos pues nuestro deber es fiscalizar cada uno de los actos del municipio; de lo contrario podríamos caer en abandono de deberes”.
López remarcó que como autoridades elegidas por la comunidad, su deber es salvaguardar que los recursos municipales sean utilizados de buena manera y se despejen dudas respecto del actuar del municipio en contratos, en especial los de mayor volumen.
Para tal efecto, fueron seis los concejales los que se unieron con la finalidad de costear la asesoría legal del abogado penquista, que ha significado un costo para cada uno de ellos.
Los ediles que forman parte el llamado “Grupo de los Seis” son Nadia Kaik, Brígida Hormazábal, Jorge Vaccaro, Patricio Huepe, Joseph Careaga y Juan López Cruz.
El abogado confirmó que desde hace un tiempo está trabajando con los ediles con la finalidad de apoyarlos en las acciones legales que se desprendan de diferentes situaciones internas del municipio chillanejo.
Lo que comenzó como un apoyo legal específico se ha ido ramificando para abarcar otras materias que están en proceso de análisis, de tal manera que además del caso led y ahora este requerimiento para paralizar momentáneamente las plantas municipales, se pueden integrar otras materias que igualmente generan suspicacias internas, destacó el concejal Jorge Vaccaro (RN), quien ha liderado el trabajo de los seis.
Desde esta perspectiva se ha sugerido que los ediles podrían tomar un rol más activo en el caso de camiones aljibe o en otro tema respecto del que surgen algunas dudas, como fue el caso de la contratación de leasing con una empresa de Santiago para proveer de vehículos al municipio y que igualmente fue articulado por el exadministrador municipal.
Lo cierto es que las reuniones entre Valdés y los concejales son permanentes, destaca Jorge Vaccaro, quien remarca que el abogado ha sido de vital importancia para entre otros temas analizar aspectos jurídicos del contrato de canchas sintéticas, o la discusión que hubo antes de que se terminara el contrato con la empresa de áreas verdes OHL.
Otro tema que ha sido analizado con el profesional es la posibilidad de acusar al alcalde ante el TER de notable abandono de deberes, pero en este caso puntual Valdés no sería el patrocinante, sino que los ediles buscan otro profesional para que los represente.
Convergencia
Remberto Valdés se excusó ayer de mencionar cuales son los “otros casos” en los que podría apoyar jurídicamente a los ediles, pues se trata de temas que están en análisis, por lo que se requiere cautela.
En todo caso, el profesional, indicó que “es efectivo que asesoramos como Remberto Valdés Abogados a un cuerpo concejal de diferentes corrientes políticas, lo que nos honra pues supone una convergencia en torno a nuestro estudio”.
Valdés agregó que una experiencia como esta, la de prestar apoyo legal a concejales de una misma ciudad, es una situación que puede ser excepcional, pues “no conocemos otras experiencias en esta clase de asesoría transversal”.
El jurista agregó, sin ahondar en detalles, que “es muy posible que nos pidan les ayudemos en otras materias”, relacionadas con la marcha de contratos y proyectos ejecutados por la municipalidad de Chillán.
Fiscalización
Los concejales y el abogado sostienen que no pueden quedarse al margen de lo que ocurre en una Municipalidad como Chillán, la que ha estado desde hace un tiempo bajo escrutinio público permanente en todos sus actos.
“Es de público conocimiento que el municipio atraviesa una crisis sin precedentes en nuestra historia edilicia, y en consecuencia, todas las decisiones que usted, como máxima autoridad, adopte o pretenda adoptar, estarán no solo sujetas a la más diligente fiscalización de este concejo, en ejercicio de las obligaciones que nos asisten como funcionarios electos por los ciudadanos de la comuna de Chillán, sino que también bajo el severo y observante escrutinio popular, por lo cual no puede desatenderse de su misión”, mencionan ediles en la carta generada a propósito de postergar la Ley de Plantas.
Los ediles aseguran que “estamos llamados a ejercer las potestades que nos entrega la Ley Orgánica Constitucional N° 18.695, en cuanto a nuestro rol fiscalizador, definiendo ya a este cuerpo en su artículo 71 cómo “un concejo de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones que señala esta ley”.
Para efectos ilustrativos, citan la norma que señala que “todo concejal tiene derecho a ser informado plenamente por el alcalde o quien haga sus veces, de todo lo relacionado con la marcha y funcionamiento de la corporación. Este derecho debe ejercerse de manera de no entorpecer la gestión municipal. El alcalde deberá dar respuesta en el plazo máximo de 15 días, salvo en casos calificados en que aquel podrá prorrogarse por un tiempo razonable a criterio del concejo”.
Plantas
En el caso de la ley de Plantas, se trata de un instrumento legal que viene a modificar y en el caso de Chillán a ampliar esa escalafón principal de funcionarios, generando además nuevos departamentos. Se supone que debería haber sido completada este año, pero por la pandemia y sus efectos se decidió postergar sus efectos para el año 2021.
Concejales e incluso funcionarios sostienen que es necesario que frente a las inminentes elecciones municipales y restando poco tiempo para que el alcalde deje su puesto, el llenado de plantas se postergue con el propósito de no incidan factores políticos.
Según se lee en la misiva, “le representamos nuestro parecer, de una situación cuando menos preocupante, sino derechamente alarmante, tal como lo dispone la referida L.O.C., en su artículo 79, letra d), que prescribe que al Concejo le corresponde, dentro de sus funciones, “fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las observaciones que le merezcan, las que deberán ser respondidas por escrito dentro del plazo máximo de quince días”.
Los seis concejales plantean que “usted estaría próximo a llamar a concurso público para plantas y diferentes cargos a la brevedad posible, para, en definitiva, llenar algunos cargos actualmente vacantes, que son de la mayor trascendencia dentro del municipio, con personas que probablemente estén vinculadas actualmente a casos de falta a la probidad administrativa, o derechamente cuestionadas por este organismo fiscalizador, y probablemente también por otras instituciones”.
En suma, “este cuerpo concejal le solicita al sr. alcalde que desestime desde ya cualquier posibilidad de llamar a concurso dentro de los pocos meses que restan para su mandato comunal; desestime que en las bases de concurso puedan siquiera contemplar la opción de que personas que se encuentran bajo sumario, sujetas a proceso de fiscalización, o derechamente investigadas por el Ministerio Público, puedan participar en las citadas convocatorias, en caso de insistir en realizarlas, en contra de la respetuosa solicitud ya expresada; responder esta nota con suma urgencia al este Cuerpo de Concejales; tener en cuenta que, para el caso que no tenga intención en atender esta respetuosa petición, los suscritos se verán en la obligación, y anuncian desde ya, que harán uso de las acciones administrativas y legales que correspondan, atendida la enorme gravedad de la crisis municipal que se desafortunadamente estamos viviendo”.
Jorge Vaccaro, remarcó que “resulta inconveniente que el alcalde llame a concurso de plantas municipales en lo poco que le resta de su mandato”
