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Con controversia se aprueba licitación para mantención de semáforos de Chillán

A empresa privada que fue investigada por acaparar el negocio de mantención de semáforos a nivel nacional, la Comisión de Tránsito, Seguridad Pública e Inspección Municipal del Concejo Municipal solicitó los antecedentes y documentación ilegal y aprobó con ocho de los diez votos a favor la adjudicación.

Después de diversas revisiones jurídicas y administrativas, el Concejo Municipal de Chillán validó durante la sesión realizada ayer la adjudicación de la licitación pública a la empresa Automática y Regulación S.A. para la mantención, instalación y suministro de semáforos y balizas peatonales de la comuna, que tendrá un gasto municipal de $210 millones anuales, por una duración de contrato correspondiente a tres años.

Una votación que fue postergada durante las últimas dos sesiones del Concejo, debido a eventuales situaciones que habrían ocurrido con la empresa y que fueron reveladas por un artículo de La Tercera, que dicen relación con un presunto vínculo amoroso que existe entre la gerenta de la empresa y el fundador de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), perteneciente a la Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones y responsable del funcionamiento de la red de semáforos, que fue denunciado anónimamente en el año 2017 al órgano ministerial.

En esta ocasión, los ediles municipales que votaron a favor de adjudicar los servicios a la empresa fueron ocho de los diez en total: Brígida Hormazábal, Patricio Huepe, Marina Crisóstomo, Yanina Contreras, Pedro Sánchez, Ricardo Valdebenito, Joseph Careaga y Quenne Aitken. El concejal Rodrigo Ramírez no asistió a la reunión y César Riquelme rechazó conceder la licitación a la empresa.

A pesar de que el trabajador de la UOCT fue desvinculado el año pasado, el edil César Riquelme señaló que “para mi representa una contradicción moral en términos de que es una empresa que por la prensa ha sido tildada de incurrir en prácticas que no son adecuadas y reñidas con la ética, eventualmente con temas jurídicos. Hay un artículo de La Tercera en que se señalan con detalles una serie de situaciones y por lo tanto para mí no es cómodo de aprobar esta situación”.

En esa misma línea, antes de la votación, la concejala Queene Aitken (PC) indicó estar en desacuerdo con otorgar la adjudicación a la sociedad privada, porque sus valores morales iban en contra de esta situación, debido a que la empresa vencedora ha construido un “monopolio en el negocio de los semáforos”. Según investigación de La Tercera, maneja el 80% de los servicios de mantención e instalación de semáforos en el país.

Sin embargo, la edil terminó votando a favor porque “si hoy en día no existe un jurídico legal en vigencia, no puedo rechazar la licitación y tengo que lamentablemente aprobarla. No estoy de acuerdo como ellos han ejercido su profesión a través del tiempo, pero la ley de administración electoral constitucional nos deja amarrados en ese sentido, entonces no tengo los resquicios legales para poder rechazarlo”.

Postura que también fue compartida por la concejala Hormazábal (PS), quien aseguró no estar del todo de acuerdo con la situación de privilegio legal que cuenta la empresa. A pesar de ello indicó que “simplemente es un juicio ético moral, que no se le puede pedir a las grandes empresas. Dentro de la legalidad más el informe jurídico se señala que está todo en orden, entonces después de muchas discusiones concordamos con que no podemos seguir prolongando esta licitación, no nos queda tanto tiempo. Además, es una empresa que ganó, por lo que podemos ser demandados. Poniendo todo en la balanza, tenemos más que perder que ganar, además de que el contrato que estamos haciendo no es un gran negocio”.

Revisión de la adjudicación

Hace dos semanas se solicitó en la sesión del Concejo Municipal enviar la adjudicación de la licitación otorgada a la empresa Automática y Regulación a la Comisión de Tránsito, Seguridad Pública e Inspección Municipal, para revisar los antecedentes sobre esta sociedad anónima, considerando las eventuales irregularidades administrativas y judiciales que se habían cometido en el denominado “Caso Led” durante el último periodo alcaldicio de Sergio Zarzar.

La presidenta de esta comisión, Quenne Aitken, comentó: “no podemos repetir el patrón, estas situaciones no pueden seguir ocurriendo. Además, tenemos un municipio que no tiene tanto dinero como para estar derrochando. Entonces necesitamos ir mejorando cada día más”.

Según la presidenta, la comisión realizó las consultas correspondientes a la Contraloría, que les recomendó que revisaran los papeles de recomendación con las personas que los habían emitidos. Además, se comunicaron con la Municipalidad de Providencia para conocer las razones del término del contrato con la empresa. Desde la administración indicaron que debido a los costos extras por temas sanitario decidieron bajar los precios de las licitaciones, lo cual no fue aceptado por la empresa.

Sin embargo, no recibieron documentos legales que no les permitiese aprobar la adjudicación de la empresa Automática y Regulación S.A.

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