El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) confirmó que este miércoles está contemplada la primera sesión ordinaria del Comité de Ministros de 2023, en la que se analizará el futuro del proyecto minero-portuario Dominga, situado en La Higuera, Región de Coquimbo.
En concreto, se citó a la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien preside el Comité de Ministros, y a los titulares de Salud, Ximena Aguilera; de Economía, Nicolás Grau; de Energía, Diego Pardow, y de Minería, Marcela Hernando.
La iniciativa contempla la construcción de dos minas a rajo abierto, de hierro y cobre, además de un puerto en la comuna de La Higuera, en el Archipiélago de Humboldt, sector reconocido por su rica biodiversidad.
El proyecto liderado por la empresa Andes Iron, cuenta con una Re- solución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada en agosto de 2021. Esto luego de que se aprobara el In- forme de Calificación de Evaluación (ICE) en su proceso de evaluación ambiental bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Más tarde, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ratificó que la empresa presentó antecedentes suficientes y completos, anulando el rechazo del Comité de Ministros por no ajustarse a derecho. De esta manera, la Corte Suprema rechazó las alegaciones de opositores y ratificó el fallo del Primer Tribunal de Antofagasta.
Piden inhabilitación de la ministra del Medio Ambiente
La antesala a la reunión del comité, estuvo marcada por la presentación de un recurso de protección contra la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, a quien se pide inhabilitarse por emitir juicios en contra del proyecto cuando trabajaba en la ONG Oceana.
El alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, expresó que cree que no se aprobará este proyecto: “es una decisión tomada el día que el Presidente ganó las elecciones, cuando se pronuncia y dice ‘no a Dominga”, acotó.
Por su parte, Matías Asún, di- rector nacional de Greenpeace, cuya agrupación llamó a rechazar
esta iniciativa, argumentó que si se aprobase con los antecedentes que hay disponibles “sería un acto ilegal, por lo tanto, claramente lo impugnaríamos en términos judiciales en el Tribunal Constitucional y en la Corte Suprema, y seguiría- mos en este circo de desperdicio de recursos públicos como resultado justamente de las presiones de la empresa”.
