Es tal el desorden que existe con el comercio ambulante en Chillán, que cuesta determinar con exactitud cuántos vendedores callejeros hay en la ciudad. En ese universo se pueden encontrar aquellos históricos, que tienen permisos que datan de hace una década e incluso más, así como también los más nuevos, la mayoría de los cuales no tiene permiso.
No está demás recordar que un ambulante no paga impuesto a la renta, patentes ni permisos, no está obligado a cumplir las leyes laborales ni sanitarias, tampoco paga IVA, no ofrece garantía por sus productos, obstruye la vía pública, con lo que concurre como un factor de aglomeraciones y delincuencia, y algo muy importante para el gremio del comercio: constituye una competencia desleal, porque con esas ventajas, no es difícil ofrecer productos a menor precio, y aún así, obtener mayores márgenes.
A pesar de que las autoridades dicen entender eso, ninguna ha impulsado una solución integral al problema, partiendo por una efectiva fiscalización permanente por parte de Carabineros. Ocasionalmente, en alguna festividad y luego de reuniones en que la conclusión es siempre la misma, se intensifica la fiscalización, pero al cabo de un tiempo, se relaja, y un intenso comercio vuelve a aparecer en las veredas del centro, con numerosas externalidades negativas que empeoran la calidad de vida de los chillanejos.
En los últimos 20 años, nunca ha existido una real voluntad de la autoridad por regularizar esta situación, pues la política ha sido otorgar más permisos en la medida que la demanda crece o se acerca alguna elección.
Y si bien detrás de cada permiso está el objetivo bien intencionado de facilitar el trabajo informal a personas de segmentos vulnerables, el apoyo no debe representar un desmedro para otros, porque, en la práctica, una medida que tiene un fin social ha generado más impactos negativos que positivos, como el cierre de Pymes que no pudieron competir con la ilegalidad.
En Chillán, el único avance lo constituye el trabajo desarrollado por el municipio con los vendedores que se apostaban en el sector del Persa San Rafael, focalizándose en agrupaciones de emprendedores que fueron reubicados en la Diagonal Las Termas en horarios preestablecidos los fines de semana.
Sin embargo, para el centro de Chillán la situación, lejos de mejorar, está empeorando, de la mano de un incremento explosivo de los vendedores callejeros, varios de ellos inmigrantes que han tenido dificultades para insertarse laboralmente. En ese sentido, el escenario económico viene a contribuir a agravar el problema.
De cara a la próxima Navidad, que el año pasado dejó el recuerdo de calles colapsadas por la falta de control y por los permisos temporales del municipio, los concejales han manifestado su preocupación por lo que ocurrirá este año. En ese contexto, el alcalde ya anunció que entregará nuevamente esos permisos especiales, al tiempo que aclaró que la responsabilidad de fiscalizar recae exclusivamente en Carabineros y en la Delegación Presidencial Regional.
Mientras los discursos de las autoridades apuntan en un sentido, sus acciones apuntan hacia el opuesto; los fallidos intentos por regularizar este comercio, como su instalación en el patio 5 de abril, son resultado de la ausencia de una mirada integral al problema, pero principalmente, de la falta de voluntad de las autoridades para enfrentarlo.
