Hoy se cumplen exactos nueve días desde que la vecina de Quirihue, Karen Vera Villarroel, de 37 años, se desplomó en el centro de Chillán, mientras estaba acompañada de su pareja, Cristian, comprando regalos para Navidad.
Pese a que se llamó al SAMU y a Bomberos, cuando el personal de rescate logró llegar hasta donde se encontraba esta madre de una niña de 12 años y un niño de siete, ella ya se encontraba fallecida.
El hecho motivó que el tema del comercio ambulante ilegal y el verdadero desorden que hoy se ve en ciertas partes del centro de Chillán, volviera a discutirse en el Concejo Municipal, con miras a replantearse la manera de ayudar a estas familias con permisos temporales para que puedan envolver regalos durante la víspera de Navidad, ya que “la ambulancia llegó, pero era tanta la gente y los comerciantes que se encontraban en el lugar, que se demoró casi 10 minutos en avanzar las últimas dos cuadras y atender a esta persona”, apuntó el alcalde Camilo Benavente.
Quien abordó el tema fue la concejala Marina Crisóstomo, cuyos padres, son vecinos de la familia de Karen y fueron testigos de la dolorosa reacción de su hija, quien agobiada por la noticia, debió incluso salir a desahogarse a la calle.
“Yo responsabilizo directamente a ese desorden que hoy existe en las calles por la muerte de Karen, desorden que se genera por causa de los ambulantes sin permiso, que se instalaron a vista y paciencia de todas las autoridades”, comentó la edil.
Solo 30 autorizaciones
En la Municipalidad de Chillán explicaron a La Discusión que originalmente se autorizó a cerca de 30 personas para trabajar envolviendo regalos y vendiendo artículos menores.
Sin embargo, a pocos días de instalados comenzaron a llegar comerciantes ambulantes no autorizados a vender juguetes, perfumes, calzado y ropa, infringiendo, casi la mayoría de ellos la Ley de Propiedad Industrial, ya que lo que venden es ropa y perfumes “piratas”.
“También hay que considerar que estamos en pandemia y por esa razón, algunos locales que tienen un aforo limitado, hace que las personas hagan filas en la calle, entonces todo eso va sumando a esta problemática, que sin lugar a dudas tenemos que solucionarla y evitar que en los próximos años siga pasando”, zanjó el jefe comunal.
“Para todo hay límites”
La situación del comercio ambulante ilegal no solo ha generado problemas en el centro, sino en varios otras arterias clave de la capital regional, como la calle Alonso de Ercilla y en la salida de algunos supermercado.
El alcalde Benavente destacó que “ellos no cuentan con permiso, no es que estén instalados -por ejemplo- junto a las personas que envuelven regalos, porque nosotros los hayamos dejado, pero nosotros como municipio no tenemos la potestad de andar desalojando ni de perseguir esos delitos en contra de la Propiedad Industrial, eso es resorte de otras instancias, con las que ya hemos conversado y buscado una forma de trabajar en conjunto para resolver este tema que es bastante complejo”.
Y si bien al interior del Concejo Municipal hay voces que no necesariamente marchan por la misma línea, respecto a las soluciones por tomar, sí hay consenso que se requiere un reordenamiento.
La discordia es el peso que se le da al argumento de defensa que apunta a la “necesidad que tiene la gente de ganar dinero”.
Carmen Rojas, prima de la fallecida vecina quirihuana, dijo a La Discusión que “yo soy de una familia de emprendedores, por lo que entiendo muy bien lo que significa una oportunidad así para esas familias. Pero lo que no justifico es que las autoridades permitan ese desorden que causa el comercio ambulante ilegal. Fue ese desorden el que demoró a la ambulancia, y todos sabemos que en casos de infartos, 10 minutos son esenciales. La ambulancia no avanzaba porque la gente se negaba a moverse, ni los autos ni la gente que estaba en la calle se quería mover”.
Para la concejal Quenne Aitken, quien defiende la idea de favorecer a familias de menos recursos con estos permisos para venta de artículos menores y envoltorio de regalos, “todo tiene un límite. Una cosa es que se entreguen estos permisos, que además, son de gran ayuda para todos quienes compran regalos y hasta son un complemente para el comercio establecido; pero otra muy distinta es que se haga vista gorda con la venta ilegal de artículos pirateados o cuando se empiezan a tomar más metros de los que se les asignó”.
Para el alcalde la solución para la próxima víspera navideña de 2022 sería armar un proyecto en el que se deje a estos emprendedores en el Patio 5 de Abril del Mercado, para quienes quieran vender sus productos, y para quienes envuelvan regalos, reordenarlos en el centro “porque son pocos, y el próximo año no pueden ser más de 25 ó 30 los permisos a entregar”.
La concejal Quenne Aitken, en cambio, plantea que “lo mejor es que para esas fechas, en las que hay mucha gente comprando, se corten algunas calles completamente, como por ejemplo, El Roble, entre Arauco y 5 de Abril, para dejarlos temporalmente, como un paseo peatonal. Los autos también generan congestión y si no hay autos, una ambulancia o un carro de Bomberos o de Carabineros, puede entrar sin problemas”.
En cambio, desaprueba dejarlos en el Paseo Arauco, porque entrarían en conflicto con los estacionamientos de un supermercado y del hotel Rukalaf.
“Y para mí, mandarlos a un lugar donde casi no pasa gente, tampoco es una opción”, manifestó.
Medida impopular
El coordinador regional de Seguridad Pública, Alan Ibáñez, advierte que en efecto se han materializado ciertas incautaciones de ropa y productos piratas, en calle Arauco esquina El Roble.
Pero a la vez, está consciente que no es suficiente y que una vez más el tema del contingente policial sale a discusión.
“La idea del municipio de entregarle parte de un bien de uso público a estos comerciantes ha hecho que sean más las fiscalizaciones que se deben hacer, y lamentablemente se debe priorizar la seguridad de las personas por sobre la fiscalización de lo que se está vendiendo, pese a que sí se está trabajando en eso”, dijo.
La concejala Brígida Hormazábal se proyecta hacia el 2022 en esta materia y advierte que “todo se debe planificar muy bien con antelación, tener muchas reuniones con los comerciantes y dejar las reglas claras, y que también les quede claro que así como se les dan permisos, también se les pueden quitar por incumplimiento. Eso es mejor que ir, fiscalizar e incautar, porque eso ya son medidas impopulares y ahí a Carabineros se le iría toda la gente encima”.
Incluso en este punto, Quenne Aitken coincide en que “se tiene que hablar, hacer reuniones, llegar a acuerdos y luego fiscalizar. Pero si es necesario, y como medida última, aplicar la fuerza pública porque no podemos avalar delitos”.
Proyecto de desfibrilador
Finalmente, el fallecimiento de Karen Vera fue abordado de otro punto de vista por el concejal y docente, César Riquelme.
“Creo que es necesario promover, a través de alguna normativa, que cada establecimiento educacional, centro deportivo, gimnasios y, en el caso del centro, las farmacias, puedan contar con desfibrilador, para detectar cuando una persona está sufriendo un infarto”, dice.
El edil, quien detalló que cada uno de esos equipos cuesta cerca de $1.5 millones, “pueden perfectamente ser adquiridos con ayuda municipal, o bien en el caso de las farmacias, por iniciativa propia. La gente que va al centro son clientes del comercio y es hora que el comercio también los cuide y los proteja”, cerró.
