Los resultados del Censo Agropecuario 2021 han venido a confirmar la ocurrencia de fenómenos preocupantes en el campo chileno y particularmente de Ñuble, así como también la evolución positiva de algunos sectores orientados a la exportación.
El fenómeno que más alarma genera es la reducción de la superficie agrícola a nivel nacional en comparación con el Censo de 2007, un fenómeno que no es nuevo, y que en el pasado fue consecuencia del avance de las plantaciones forestales así como de la apertura de Chile al comercio global. Esta vez, los expertos coinciden en que un factor que se ha sumado con fuerza es el crecimiento de las ciudades y el desarrollo de parcelaciones de carácter inmobiliario.
Desde el Gobierno han planteado restricciones para enfrentar el problema de las parcelaciones, un tema que explotó recientemente, fruto del auge de proyectos de loteos en zonas rurales, que se acentuó durante la pandemia. Sin embargo, el problema de fondo no es ése. Claramente los retornos del negocio inmobiliario son mucho más atractivos, pero para el mundo agrícola lo que ha sido determinante es la falta de una verdadera política de fomento agrícola.
Para las autoridades políticas de Santiago, el sector ha sido por décadas el hermano pobre de la economía, y cuando se le mira, usualmente es para destacar las positivas cifras del rubro frutícola. Esta falta de interés y compromiso explica también que los agricultores de Ñuble todavía no tengan embalses, como La Punilla o Zapallar.
Rubros tradicionales como las viñas, las leguminosas y tubérculos, los cultivos industriales, como la remolacha, y algunos cereales clave, evidencian una caída importante en la superficie en los últimos 15 años; lo mismo ocurre con la masa ganadera bovina. Y si bien cada actividad tiene sus particularidades, como las asimetrías de mercado o la competencia de productos importados, todos comparten un factor común: el financiamiento, esquivo en los bancos y mayoritariamente focalizado en el asistencialismo en el Estado.
La lamentable consecuencia de esto ha sido el despoblamiento rural, fruto de los flujos migratorios campo-ciudad, principalmente de jóvenes, en busca de mejores oportunidades laborales y un mejor acceso a servicios.
Sería injusto no reconocer los esfuerzos que el Estado ha desplegado en los últimos años para mejorar la calidad de vida en lo mundo rural, en ámbitos como la electrificación, caminos, conectividad digital o agua potable, pero ello sigue siendo insuficiente para acortar la brecha con lo urbano.
Los agricultores son los encargados de producir los alimentos, pero son, fundamentalmente, los guardianes del agua y del suelo, y por extensión, de la soberanía alimentaria de un país, algo que recién se comenzó a entender en los últimos dos años, debido a la pandemia y los problemas logísticos que provocaron una crisis de abastecimiento global, así como también, por la guerra entre Rusia y Ucrania, relevantes exportadores mundiales de granos y fertilizantes.
Podrá sonar proteccionista, pero es hora de proteger a nuestros agricultores como es debido, en el entendido que se trata de un sector sensible y estratégico, de la misma forma que hacen países desarrollados, respetando las normas del libre comercio, a través de una verdadera política de Estado.
