Ayer finalizó el plazo legal para que los intervinientes en la causa del juicio por fraude al Fisco en la Municipalidad de Chillán Viejo presentaran una solicitud de inadmisibilidad a las recusiones de nulidad que previamente interpusieron el Ministerio Público de Chillán y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Esto, considerando que en el juicio celebrado entre los meses de julio, agosto y septiembre últimos, en el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán,hubo fallo absolutorio, por lo que las entidades persecutoras buscan repetir el litigio de manera íntegra.
Finalmente, fueron dos los abogados defensores quienes acudieron a la Corte de Apelaciones buscando que el tribunal de Alzada declarara inadmisible el recurso de nulidad, argumentando diferentes errores técnicos en las respectivas presentaciones.
Se trata de Ricardo Robles, quien representó al exadministrador municipal, Ulises Aedo; y Rodrigo Vera Lama, quien defendió a la empresaria Silvana Ríos, representante legal de Buses Ríos, y única particular entre los 10 acusados, grupo en el que también se contaba al suspendido alcalde de Chillán Viejo, Felipe Aylwin.
En el caso de Vera Lama, el abogado estima que “hay 11 defectos en total. De esos, hay seis de la Fiscalía y cinco del Consejo de Defensa del Estado. Por ejemplo, en el caso del Ministerio Público plantean que un vicio fue la ausencia de Aylwin de gran parte del juicio, sin embargo, la ley dice que la ausencia de un acusado no es motivo de nulidad, solo la de un juez, fiscales o defensores”.
Hubo otro reparo en la Fiscalía que resultó más extraña para el defensor. “Ellos plantean que otro vicio de nulidad es que los jueces hayan estado usando audífonos y escribiendo en sus computadores durante el juicio, como si hubiesen estado escuchando música”.
De acogerse la solicitud de Robles o Vera Lama, esta emblemática causa judicial bajaría el telón para siempre y se mantendría al pie de la letra lo dictaminado por el Tribunal Oral en lo Penal.
De rechazarse, y por lo tanto declararse admisible el recurso, se abriría un nuevo litigio en la misma Corte de Apelaciones, entre persecutores y defensa y será el Tribunal de Alzada el que determinará si el juicio se repite íntegramente o no.
