Frente a los esfuerzos de las autoridades regionales y del Ministerio de Obras Públicas por avanzar en la incorporación de las llamadas “áreas blancas” de San Ignacio y Bulnes al sistema de riego del Laja-Diguillín, donde las gestiones de regantes y parlamentarios apuntan a financiar proyectos de mejoramiento de canales para llegar con agua a zonas que quedaron fuera del proyecto Canal Laja-Diguillín, la Asociación de Canalistas del Laja (ACL) manifestó sus aprensiones a través de una declaración pública, en la que advierten que no existe disponibilidad del recurso.
Respecto al proyecto para otorgar riego a los blancos, según la organización de la región del Biobío esta idea parecería ser una buena noticia, pero no lo es. “Es de conocimiento público el conflicto que ha representado en las últimas décadas la extracción de aguas desde el Sistema Laja hacia las áreas que están fuera de su cuenca hidrográfica, en la zona de Ñuble”.
En ese sentido, conviene recordar que el canal Laja-Diguilllín es una megaobra de riego iniciada en los años noventa que transfiere aguas desde la cuenca del Laja hacia la cuenca del Diguillín, y que todavía tiene obras pendientes, como el embalse Zapallar, el tramo Coltón-Larqui del canal matriz y la conexión con las áreas blancas. El canal matriz nace en la bocatoma Tucapel, en el río Laja, frente a la ACL (Canal Laja Sur).
“Los Canalistas del Laja defenderemos en todas las instancias el uso racional, sustentable y ecológico de este histórico recurso y denunciamos a quienes, con fines políticos, ofrecen a personas de buena fe un recurso del que no se dispone, en una actitud ética inaceptable”, advirtió el presidente de la ACL, Patricio Guzmán.
“Toda la comunidad científica que ha estudiado la materia, así como las asociaciones de regantes, agricultores y las autoridades y comunidades aledañas al Sistema Laja, han advertido que la extracción indiscriminada de agua de esta fuente terminará colapsándola irremediablemente. Es inviable que a las comunidades de Ñuble se les ofrezca agua inexistente, como lo prueba toda la evidencia irrefutable sobre el agotamiento sostenido del elemento vital”, agregó el líder de la ACL.
Para Guzmán, existen materias relevantes y delicadas como el uso racional de un recurso tan escaso. “Deberían siempre primar criterios técnicos y no políticos, menos en épocas previas a periodos electorales, en que se ofrecen promesas que luego será imposible cumplir”.
Los actuales beneficiarios del Canal Laja Diguillín, según el presidente de ACL, son conscientes de las dificultades que anualmente se producen para lograr satisfacer todas sus demandas hídricas. Incluso consta que alguna vez dejaron de recibir agua en plena temporada de riego, con el peligro inminente de pérdida de cultivos. En este sentido, agregó que, para enfrentar esta escasez, el año 2017 se acordó una nueva fórmula de operación, “que implicó un sacrificio de todos, con el objetivo de darle una sustentabilidad al Sistema Laja”.
“El progreso de una región no puede construirse en base a perjudicar a otras zonas, que disponen y usan este recurso escaso en estricto cumplimiento a la ley y realizando obras con esfuerzo público y privado para su uso racional y eficiente”, cerró el presidente de la ACL.
Convenio
La decalaración de la ACL generó sorpresa entre los regantes del Diguillín. El juez de aguas de la Junta de vigilancia del río Diguillín, Francisco Saldías, manifestó que le parece “sorprendente y muy curioso” el comunicado, puesto que recordó que la misma organización fue parte del acuerdo de operación y recuperación del Lago Laja firmado en 2017, con el objetivo de recuperar sus niveles, que habían caído a un mínimo histórico.
“En su anexo 3 se encuentra incluida la Asociación de Canalistas del Laja, firmando su representante, Carlos Eberhardt del Río, en que se señalan los mismos principios y aún más de lo que expresa la declaración”, señaló el dirigente.
Y añadió que “en el anexo 2 del mismo documento, de acuerdo a todos los modelos validados, se reconocen los 40 m3/s para los 2° regantes que son el Laja-Diguillín, que incluyen la totalidad de los blancos, como también a la Asociación de Canalistas del canal Laja (Laja Sur), que fue beneficiada con 13 m3/s”.
En ese sentido, Saldías aseveró que “se encuentra totalmente regulado y establecido el uso de las aguas para todo el sistema y sus limitaciones, por lo cual, insisto, sorprende el comunicado”.
En otras palabras, el agua que se destinará a los “blancos”, una vez que se concreten las obras de mejoramiento y ampliación de canales, ya está considerada en el acuerdo mencionado.
“Egoísmo”
Los “blancos” también salieron a responderle a los canalistas del Laja. A través de una declaración, los dirigentes César Valenzuela y César Baeza, presidente y director de los blancos de Bulnes, respectivamente; y Lorenzo Jara, presidente de los blancos de San Ignacio, lamentaron las declaraciones que calificaron de “egoístas”.
Los representantes hicieron ver que “las organizaciones de blancos de San Ignacio y Bulnes, que representan unos 2 mil agricultores, cuentan con el compromiso del Estado de transformar a la brevedad una superficie aproximada de 10 mil hectáreas en la etapa final de la obra de riego estatal Laja-Diguillín, que representa un profundo sentido social para estas comunas rurales”, por lo que manifestaron “sorpresa y desconcierto” frente a la declaración del presidente de la ACL.
En ese sentido, pusieron de relieve el espíritu del convenio firmado en 2017, que establece “principalmente una distribución con equidad, eficiencia y sustentabilidad ambiental e hídrica, considerando a todos los usuarios de la cuenca, principalmente para energía, medio ambiente, agricultura y turismo”.
Al igual que Saldías, enfatizaron que “este acuerdo fue firmado también por la Asociación de Canalistas del Canal Laja a quienes el Estado también reconoce 13 m3/s desde el lago Laja como segundos regantes y participaron en todo el proceso de negociación hasta la firma del mismo, como lo acredita el anexo 3”.
“Lamentamos el egoísmo y grosera descalificación hacia las autoridades y políticos que nos apoyan por ser inaceptable e infundada, que no corresponde a una realidad de los modelos que científicamente fueron comprobados, aceptados y están en plena operación desde la firma del acuerdo”, puntualizaron.
