La Cámara de Diputadas y Diputados realizó este miércoles el primer sorteo para determinar qué parlamentarios se realizarán el obligatorio test de pelo, considerado en el nuevo reglamento sobre control de consumo de drogas.
Según radio Cooperativa, la selección se desarrolló en reunión con las jefas y jefes de bancada, instancia liderada por el presidente de la corporación, Raúl Soto (PPD), en la cual se utilizó un sistema aleatorio y electrónico, y se dividió a los 155 legisladores en dos grupos.
Los 78 elegidos tienen plazo entre el 22 y el 30 de agosto para hacerse el examen, que deberán completar en el laboratorio de la Universidad de Chile, el que tardará entre 10 a 15 días para tener los resultados aproximadamente, de acuerdo a Soto.
La aplicación del test obligatorio será semestral, con el objetivo de que cada uno de los diputados deba pasar por aquel control dos veces en su periodo legislativo. Si algún sorteado se negara a hacerse el test, será sancionado por la Comisión de Ética.
Entre quienes resultaron seleccionados esta vez está el propio presidente de la Cámara, así como el RD Jaime Sáez, quien a fines de julio confesó consumir marihuana de manera recreacional.
El propósito de esta iniciativa es transparentar eventuales delitos de narcotráfico por parte de los parlamentarios, así como cualquier relación entre la Cámara y las redes de narcotráfico del país.
El 29 de junio, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la modificación al reglamento de la instancia que obliga a sus parlamentarios a someterse a exámenes de control de consumo de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
La propuesta obtuvo en aquella ocasión 132 votos a favor, uno en contra (Ana María Gazmuri, Acción Humanista) y dos abstenciones (Claudia Mix y Consuelo Veloso, ambas del Frente Amplio).
Consultada la semana pasada sobre la medida de hacer públicos los resultados de los exámenes, la ministra de salud Begoña Yarza, señaló que “hemos construido una institucionalidad que protege la privacidad de los pacientes (…) hacer público exámenes, condiciones de salud, no contribuye a la salud en Chile”.
