Con la elección democrática de los gobernadores regionales se ha dado cumplimiento a la ley N° 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. En la letra, el Gobierno Regional es el organismo encargado de la administración superior de cada región, que tiene por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región. En los hechos, el Delegado Presidencial mantiene el control sobre las decisiones más relevantes a nivel local. Al menos, en la Región de Ñuble, se ha hecho evidente dicha realidad.
En el edificio de los servicios públicos de Chillán, el cual simboliza la presencia de la autoridad regional, coexisten en la fachada principal de manera explícita la gobernación regional y la delegación presidencial. Pero no es todo. El Delegado Presidencial sigue con su protagonismo en materia de atracción de inversiones, como ocurrió recientemente con la oferta de la delegación regional de ceder terrenos fiscales al gobierno chino para instalar una fábrica de vacunas Sinovac.
Para esta forma “sui generis” de aplicar la ley en lo que respecta a las atribuciones de delegados y gobernadores, le precede en la historia de Chile un verdadero prontuario de instancias donde ha ocurrido, sino exactamente lo mismo, interpretaciones de la ley al menos muy parecidas. En efecto, el 24 de diciembre de 1981 bajo el gobierno de Jorge Montt, con el N° 4.111 en el Diario Oficial, se promulgó la “Ley de Organización y Atribuciones de las Municipalidades” (conocida como Ley de Comuna Autónoma).
De manera similar a la intención del legislador actual para entregar mayor autonomía y poder a las regiones del país, la Ley de Comuna Autónoma de 1891 apuntaba a constituir municipios autónomos e independientes. Empero, la captura de los intereses comunales por parte de grupos o personas muy influyentes y la carencia de fondos para hacer efectivo el rol que se le había encomendado a las comunas, terminaron por devolver el poder al nivel central. Transcurridos 130 años desde dicho fracaso, en el país sigue vigente la práctica de borrar con el codo lo que se escribe con la mano.
La figura del Gobernador Regional no solo representa un acto administrativo – y electoral – es la esencia de la voluntad de los habitantes de Ñuble por construir un territorio amable para sostener en alto su calidad de vida. Somos una región orgullosa de nuestra gente y de la ruralidad que nos caracteriza. Disponemos de abundantes atractivos culturales, patrimoniales, turísticos y productivos a nivel de diamante en bruto. Sin temor a equivocarme, el ceder terreno fiscal para desarrollar la cultura o la agroindustria sustentable, tiene mucho más sentido para la población que albergar una fábrica de vacunas Sinovac. En este sentido, la delegación presidencial ¿ha consultado a la población circundante si está dispuesta a convivir con el riesgo biológico en la producción de vacunas? ¿Tendrá claro los efectos de dicha inversión – costo de oportunidad – de ceder terrenos que pertenecen a la región para fines distintos a los niveles de calidad de vida que anhelan los habitantes de la región? ¿Existe disposición para acatar la ley que le entrega el desarrollo social, cultural y económico de la región al gobierno regional?
Son muchas dudas para un ordenamiento territorial en el papel que, en la práctica, entrega pocas certezas. Mantener la figura del delegado presidencial es una bofetada a la democracia y a los sueños de prosperidad de nuestra gente.
