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Auditoría de la Contraloría revela conflicto de interés en contrato municipal de la basura y más de $500 millones en multas no cobradas

A fines del año 2021, desde la Municipalidad de Chillán se confirmó que se estaban ejecutando tres auditorías para conocer, entre otros aspectos, la real situación financiera del consistorio, la revisión procesal de los concursos y llamados a licitación, la calidad de las atenciones al público y la regularidad legal y normativa de algunos contratos.

Las tres auditorías están siendo ejecutadas por la Subdere, la Contraloría General de la República y por una empresa particular contratada vía licitación por la actual administración municipal.

Y de ellas, la auditoría a cargo Contraloría General de la República (CGR) fue la primera en hacer pública sus conclusiones, en las que se detectaron diversas irregularidades en el cumplimiento del contrato de concesión de servicios de recolección, transporte y disposición de residuos sólidos domiciliarios que suscribió la Municipalidad de Chillán, con la empresa Dimensión S.A., por lo que –conforme a la Contraloría- se deberá iniciar un sumario para establecer las responsabilidades administrativas en este caso.

El organismo de control analizó, entre otros aspectos, algunos puntos de este contrato que incluían, además limpieza de espacios públicos, levante de microbasurales y recolección seleccionada con estaciones móviles que estableció la Municipalidad de Chillán con la empresa Dimensión S.A, entre enero y diciembre de 2020.

“En el informe N°928 de 2021 se determinó que hubo incumplimientos por parte de la empresa Dimensión S.A., a cargo del contrato, avaluados en 9.491 UTM, que ascienden a $507.540.716, de acuerdo al valor de la UTM al mes de noviembre 2021 ($53.476). Esto corresponde a multas no cobradas, por lo que el municipio deberá acreditar dicho cobro o las acciones implementadas para ello, en un plazo de 30 días, vencido el cual, la Contraloría evaluará otras acciones establecidas en la ley”, cita el sitio oficial de CGR.

Además, en la investigación se cita un eventual conflicto de interés por parte del exadministrador municipal, Ricardo Vallejos, quien entonces ejercía como alcalde subrogante, en la firma de los decretos alcaldicios que aprobaron adjudicaciones y decretos de pago de dos proveedores.

“Por ello, se remitirá el presente informe a la Fiscalía Regional de Ñuble, que actualmente investiga circunstancias similares relacionadas con citado ex funcionario. De igual modo, la municipalidad deberá instruir un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de ello”, advirtieron en la CGR.

De esta manera, Ricardo Vallejos podría sumar un nuevo episodio judicial, teniendo al Ministerio Público como contraparte, ya que se le formalizó previamente por delitos funcionarios relacionados con los contratos de camiones aljibe (empresa de su familia) para el reparto de agua en sectores rurales de la comuna; y por el conocido “Caso Led”, que involucra una investigación de alcance nacional por delitos de corrupción asociados a cohechos y sobornos en el proceso de licitación de luces led en el alumbrado público. Investigación que lo tiene privado de libertad de manera cautelar, desde el mes de mayo de 2020.

Facturas sin registrar

Otro de los hechos graves que se citan en el informe del ente contralor establece que en una de sus cuentas bancarias, el municipio mantiene un saldo por percibir de $1.980.083.641.

La Contraloría pidió al municipio analizar y regular dicha cuenta, detallando el saldo que la compone y estableciendo un procedimiento que permita llevar un control íntegro y real de los montos pendientes de cobro. Esto, además de adoptar medidas para potenciar y documentar la gestión de cobranza.

La auditoría encontró también que entre los años 2020 y 2021 existen facturas sin registrar y una deuda sin contabilizar por $196.318.812 y $229.537.910, respectivamente. Según se cita en el informe, esto es “debido a que el municipio incumplió el principio de devengado en las operaciones. Por ello, deberá implementar mecanismos de supervisión y monitoreo que permitan a los estados financieros reflejar la realidad y proporcionar información útil para la toma de decisiones”.

Finalmente, se advirtió que el municipio desembolsó la suma de $3.073.770, por concepto de servicios de coctelería, los que fueron cargados a gastos de representación, protocolo y ceremonial, sin que en los expedientes de pago se acreditara la invitación o en su defecto la asistencia efectiva de autoridades superiores de gobierno o del ministerio correspondiente.

Respecto a este informe, el alcalde Camilo Benavente, dijo lamentar el que se haya dejado en evidencia todas estas irregularidades. “Hoy en día, más que nunca, necesitamos mejorar la imagen y dignificar la labor pública, y es por eso que solicitamos que se realizaran estas auditorías”.

El jefe comunal adelantó que para este viernes se espera un sesión de Concejo Municipal en el que esperan analizar los alcances de este informe “y así determinar cuáles son las acciones que vamos a tomar,  y desde luego, tendremos que enviar estos informes al Ministerio Público para que ellos revisen las aristas penales que involucran estos hechos”.

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