Señor Director:
A pocos días de conocerse el borrador de la nueva constitución, la única certeza es que la industria minera está en la incerteza.
Esto, pues no bastando un nuevo régimen precario de aguas, zonas de exclusión indeterminadas, cambios de criterio para la expropiación, o dejar a la actividad a merced de leyes de quorum simple, derechamente hay un empeño por eliminar toda inversión minera. ¿Cómo puede explicarse de otra manera el nuevo intento de un grupo de constituyentes, a través del subterfugio de las normas transitorias, para declarar la nulidad de toda autorización, permiso y concesión de cualquier proyecto en tierras indígenas; caducar todos los derechos de aguas otorgados por el Código de Aguas vigente y, sólo excepcionalmente, indemnizar a sus titulares -exceptuando de esta injusticia a los pueblos originarios-; o nacionalizar las empresas de la gran minería del cobre y del litio -pagando un irrisorio valor libro al que debe deducírsele las “rentas excesivas”-?
Es tiempo de decir con claridad que estos intentos, ya rechazados por el pleno de la Convención, son inaceptables, y sólo vienen a enlodar, aún más, los intentos por tener una casa de todos.
Alejandro Montt
Abogado socio de Dalgalarrando y CÍA
