El domingo pasado, Chile decidió en las urnas, por mayoría democrática, que el país necesita una nueva Constitución, la que será redactada por una Convención Constitucional compuesta por 155 miembros, quienes serán elegidos por votación popular el próximo 11 de abril de 2021.
Los constituyentes que resulten electos tendrán nueve meses a partir de su conformación oficial para presentar un nuevo texto constitucional, pudiendo ser ampliado este plazo por tres meses más, en una sola oportunidad.
De esta manera, durante el primer semestre de 2022, el país vivirá un nuevo plebiscito de salida para aprobar o rechazar la nueva Constitución propuesta por los constituyentes.
Los 155 miembros serán elegidos conforme a los mismos distritos de la elección de diputados (28 distritos) y conforme a un sistema proporcional. En el caso de Ñuble, serán cinco miembros, quienes representarán al distrito 19 (que integra a las 21 comunas de la región), y en el caso de las listas, estas deberán conformarse por seis candidatos(as), de manera paritaria.
Precisamente, en esta elección se aplicarán normas especiales para facilitar la participación de independientes (se está tramitando en el Congreso facilitar la conformación de listas, reduciendo la exigencia del porcentaje de patrocinios y permitiendo presentar las firmas de manera electrónica); y para que exista paridad entre los hombres y mujeres electos.
De acuerdo a la ley aprobada, la Constituyente se conformará de 77 hombres y 78 mujeres, o viceversa, algo inédito en el mundo.
Además, se está discutiendo en el Congreso la inclusión de escaños reservados para pueblos originarios.
Esta tarde, la comisión de Constitución del Senado iniciaría la votación en particular de la reforma constitucional que busca reservar escaños a los representantes de los pueblos originarios en la integración de la Convención Constitucional.
Durante la sesión celebrada por la mañana, los senadores terminaron de escuchar los planteamientos de la enviada especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad, María Soledad Cisternas, y acordaron reunirse nuevamente para avanzar en una fórmula que regule también la participación de personas con discapacidad.
La instancia ha escuchado a diversos expertos, académicos y representantes de los pueblos originarios, quienes entregaron sus opiniones respecto de las 16 indicaciones que presentaron los senadores a la iniciativa.
El proyecto cumple su segundo trámite constitucional, y fija el principio de establecer escaños reservados exclusivamente para pueblos originarios, los que -de acuerdo a la iniciativa aprobada en general- deberían ser elegidos por mayoría simple en un solo distrito a nivel nacional, hasta completar el número de escaños reservados, que deberá fijarse entre ocho y 25 cupos.
Funcionamiento
Los miembros de la Convención Constitucional recibirán una retribución mensual de 50 unidades tributarias mensuales (UTM), el equivalente a $2.518.600, además de las asignaciones que se establezcan en el Reglamento de la Convención.
La actual Constitución señala que la Convención tendrá un presidente y un vicepresidente, ambos electos por mayoría absoluta de los miembros de la Convención, además de una secretaría técnica conformada por personas de comprobada idoneidad académica o profesional. Luego, corresponderá a la propia Convención establecer las reglas de funcionamiento.
El nuevo texto constitucional se escribirá desde una “hoja en blanco”, es decir, la Convención deberá escribir un nuevo texto constitucional y no una reforma a la Constitución vigente.
La Convención deberá aprobar las normas de la nueva Constitución y el reglamento de votación de las mismas, por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio (103 constituyentes), ya que el objetivo es generar un alto grado de consenso en el texto constitucional que se propondrá a votación en el plebiscito del año 2022.
De existir alguna infracción a las reglas de procedimiento aplicables a la Convención, se podrá efectuar una reclamación, la que será resuelta por cinco ministros de la Corte Suprema, elegidos por sorteo.
Una vez concluido el trabajo del órgano, este deberá entregar su propuesta al Presidente de la República (si el trabajo se realiza en nueve meses, al actual Presidente, Sebastián Piñera; si se extiende por tres meses, a quien lo suceda), quien deberá convocar a un nuevo plebiscito, a celebrarse 60 días después de publicada la convocatoria (o el domingo siguiente si los 60 días no cayeran en día domingo). En este plebiscito, el sufragio será obligatorio y habrá una multa de 0,5 a 3 UTM ($25.372 a $151.116) para las personas habilitadas para votar y que no lo hagan.
El voto tendrá el siguiente texto: “¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?”. Bajo la cuestión planteada habrá dos rayas horizontales, una para cada una de las opciones de voto: “Apruebo” y “Rechazo”.
De ganar la opción “Apruebo”, el Presidente de la República deberá convocar al Congreso Pleno para que, en un acto público y solemne, se promulgue y se jure o prometa respetar y acatar la nueva Constitución. Dicho texto será publicado en el Diario Oficial dentro de los 10 días siguientes a su promulgación y entrará en vigencia en dicha fecha.
Si gana el “Rechazo”, permanece la Constitución de 1980 y sus reformas (sin perjuicio de las reformas que pueda incorporar el Congreso Nacional como lo ha hecho hasta ahora).
Rol de la ciudadanía
Para el abogado y académico del Departamento de Historia y Filosofía del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la U. de Concepción, Alfonso Henríquez, “la paridad de género es uno de los grandes avances en la conformación del próximo órgano constituyente. Las mujeres se encuentran subrepresentadas en cargos de elección popular, de modo que alcanzar una participación más equilibrada tendrá efectos concretos en el contenido de la nueva Constitución, no es lo mismo una Carta redactada por una mayoría de hombres, que otra en la cual las mujeres puedan participar en pie de igualdad”.
Por otro lado, aseveró: “los pueblos originarios tienen una cosmovisión propia, la cual carece de reconocimiento constitucional. Contar con esa mirada constituirá un paso necesario a fin de que el nuevo pacto social refleje la diversidad del país”.
En cuanto a los independientes, dijo, “nos enfrentamos con un problema complejo, pues existen muchos obstáculos para que puedan ser elegidos. Sin embargo, más que establecer una distinción tan clara entre partidos políticos e independientes, quizás el centro de la discusión deberá girar en torno a la necesidad de elegir candidatos que tengan un gran arraigo local, que conozcan nuestra región, y que no sean figuras impuestas desde Santiago”.
Para el director del Centro de Políticas Públicas de la U. Católica de Temuco, Cristian Quiroz, “la amplia mayoría que aprobó y que votó además por la opción de Convención Constitucional para redactar la nueva Constitución, entrega un mensaje claro: en esta nueva etapa política, los partidos deben asegurar los mecanismos de representación de la ciudadanía, la misma que fue protagonista y posibilitó esta oportunidad. Vale decir, los partidos políticos no pueden cooptar la convención; por el contrario, así como se legisló por la paridad de género, es necesario incorporar escaños reservados para representantes de pueblos indígenas y tribales, como también de personas con discapacidad. Esto responde a la necesidad de, por una parte, visibilizar demandas de sectores importantes de la sociedad que no han sido incorporados sustancialmente en la agenda pública; y por otro, tender a asegurar la representación plural de nuestro país diverso”, manifestó.
En el caso de las personas independientes, añadió, “es necesario asegurar una competencia en igualdad de condiciones con los partidos, y eso implica conformación de listas, subpactos, financiamiento, entre otros elementos. De lo contrario, la competencia será significativamente desigual”, advirtió.
Ahora bien, resaltó, “la responsabilidad de la ciudadanía en la elección de sus representantes será clave, en términos de los temas que se prioricen, por sobre incluso las propias características personales de los candidatos. Es decir, lo que importa es saber qué ideas comprometen defender en caso de ser electos, las capacidades y honestidad para cumplir, y lo central, preguntarse ¿Delegados convencionales para qué? En el caso de los independientes, eso es aún más relevante, pues es necesario saber a qué principios e ideas adscriben”, sostuvo.
