La Municipalidad de Chillán instruirá un sumario administrativo, con la finalidad de conocer las razones que llevaron a que internamente se ordenara un pago adelanto por $300 millones a la empresa que se encargará de construir cuatro canchas de pasto sintético en diferentes poblaciones de la ciudad.
El tema fue inicialmente consultado en reunión de Concejo Municipal por el concejal Jorge Vaccaro Collao(RN), quien puso en entredicho que el consistorio aprobara la entrega de la suma de dinero sin que se hubieran ejecutado obras.
Como planteó el edil, el contrato municipal con las empresas ISM Spa y SuizCorp Spa fue firmado en la Notaría Cortés el 13 de marzo de este año. En el escrito, al que tuvo acceso La Discusión, en el inciso cuarto detalla la manera en que se entregarían los fondos, pero no se menciona un anticipo de aquella naturaleza.
En el contrato firmado entre las partes, la municipalidad acuerda cancelar a la empresa $1.599.982.196, impuestos incluidos, en 37 estados de pago, siendo el primero de ellos por un monto fijo de $300.000.000.
Sin embargo, las condiciones de este adelanto difieren de lo que ocurrió en realidad, pues en el escrito notarial, se establece que esa suma se cancelará solo “contra la recepción conforme por parte de la ITS(Inspección Técnica de Servicios) de la implementación de las instalaciones deportivas de los cuatro recintos”.
Además, se aclara que “el saldo restante será pagado en 36 cuotas mensuales iguales y sucesivas, reajustadas estas al IPC anual, contra la recepción y visación conforme del ITS”.
En estas condiciones, los $300 millones deberían haber sido cancelados, recalca Vaccaro, una vez que la municipalidad recibiera los recintos deportivos habilitados por la empresa.
La iniciativa municipal beneficiará a las poblaciones Luis Cruz Martínez, donde juegan los clubes Lucero y Estrella del Pacífico; El Roble, en la que juega el 21 de Diciembre; Los Volcanes, donde habitualmente hace de local Deportivo San Luis; y al sector Ultraestación, cerca del nuevo parque y en el que ha jugado Avance. De acuerdo a las condiciones del vínculo, el plazo de ejecución de este sería de 36 meses o tres años, que es el plazo de vigencia de este arriendo que realiza el municipio a las empresas que ganaron la ahora cuestionada licitación.
Si bien la Municipalidad de Chillán adelantó los $300 millones en marzo pasado, solo durante el mes de junio se concretó la entrega oficial de los terrenos en los que las contratistas comenzaron a trabajar.
En la actualidad, se observan trabajos de movimiento de tierra en los recintos que serán refaccionados y donde se instalará la carpeta de pasto sintético, igualando a lo que ocurrió con otras tres canchas en el pasado(Vicente Pérez, Rosita O’Higgins y Arturo Prat).
El plazo para la entrega de los proyectos de mejoramiento es de 120 días aproximadamente, de tal manera que en octubre a más tardar, serían entregados al uso de los clubes.
Dudas
El concejal Jorge Vaccaro indicó que le confirmaron “que tras la denuncia que efectué en sesión de concejo finalmente el alcalde Sergio Zarzar ordenó que se lleve a cabo un sumario administrativo interno, para conocer antecedentes del contrato y la fórmula de pago que fue acordada”.
Durante la mencionada sesión de concejo, la directora de Administración y Finanzas, Susana Baeza, explicó que el pago había sido validado pues el anticipo por $300 millones estaba contemplado como una posibilidad dentro de las bases de licitación y que para hacerlo efectivo se debía haber acreditado una garantía de dinero en favor del municipio.
La respuesta no resultó del todo satisfactoria para el concejal de RN, que en esa misma sesión anunció que recurriría a la Contraloría con el fin de que se aclarara el tema desde el punto de vista jurídico y administrativo. Para Vaccaro lo que cuenta es el contrato y no las bases.
Sin embargo, por ahora el edil esperará el resultado de las investigaciones internas que realizará el gobierno comunal para tratar de aclarar este caso, en el que hay dos versiones respecto de la manera en que se debían cancelar los $300 millones.
Además, la concejala Nadia Kaik (RN) agregó que “nos interesa conocer más en detalle los proyectos de construcción de pasto sintético, pues tenemos entendido que solo incluye pasto y no otras instalaciones como iluminación”.
Agregó que en el contrato anterior y que favoreció a tres canchas, el monto cancelado por el municipio fue muy similar al actual, pero se aseguraron elementos como iluminación, riego, entre otros, que le dan otro estándar.
En el caso actual, será la municipalidad, aparentemente, la que además de cancelar los arriendos mensuales tendrá que invertir de su propio pecunio para sumar todo aquello que es fundamental para el funcionamiento de las canchas y que no está en apariencia incluido en el acuerdo entre las partes.
El concejal Camilo Benavente (PPD),en tanto, declaró que “es lamentable que un proyecto tan importante para la ciudad como es la construcción de canchas deportivas sea investigado y existan dudas. Esperemos que todo se solucione y los clubes tengan espacios de calidad para jugar y hace deporte”.
Benavente reclamó: “deploro que este municipalidad, que estan importante en el país y que es capital regional
, se vea afectada por tantos problemas. Es sin duda una de las corporaciones edilicias más irregulares de los últimos 30 años de la ciudad”.
“Estamos bajo la mirada de la PDI, la Fiscalía, la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado y todo parece seguir igual, parece que las autoridades no se dan cuenta de los hechos graves que ocurren y además valoran y aprueban el rol de funcionarios que han sido cuestionados”, remarcó.
“Con esto seguimos en una cadena de sumarios internos”, agregó por su parte el concejal Joseph Careaga (UDI), quien confirmó que la municipalidad buscará responsabilidades internas en el contrato con las canchas de pasto sintético.
El edil cree que en la próxima sesión de concejo, que será efectuada el 3 de agosto, la Municipalidad de Chillán debiera dar a conocer el nombre del fiscal que se hará cargo del sumario.
Fiscal interno
Entre funcionarios y concejales no hay duda que el fiscal que deberá ver esta investigación especial no puede ser el contralor interno Wenceslao Vásquez Seguel, pues este habría validado la entrega de los $300 millones que pedía Administración Municipal.
Además, los concejales pedirán que Vásquez además sea inhabilitado del caso OHL, donde el alcalde ordenó otro sumario, pues el funcionario de carrera nunca puso objeciones al contrato con la concesionaria e incluso validada los pagos mensuales. Además, ya no es imparcial pues emitió un informe negativo en relación a las actividades de OHL.
Se espera que los sumarios sean realizados por jueces de policía local o funcionarios de otras reparticiones públicas que sean capaces de hacer lo que pretendía el exfiscal municipal del caso led, Ignacio Marín, quien iba a suspender de sus funciones a directores de varios departamentos municipales, que fueron parte de la licitación cuestionada, justo el día en que Contraloría Regional tomó el procedimiento interno.
