La persistente queja de los alcaldes de la Región respecto de la baja tasa de inversión pública es, en el fondo, una crítica al fuerte centralismo que existe tanto a nivel nacional como regional en la asignación de recursos.
Es sabido que los ministerios deberían operar con recursos propios y de manera centralizada, y que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), es administrado por el Gobierno Regional, sin embargo, las priorizaciones que en ambas entidades existen respecto de su distribución carecen de una efectiva participación de las comunas.
Hay instrumentos en el aparato estatal para que los servicios conozcan las necesidades de las distintas comunas y de esa forma levanten propuestas que, luego de ser evaluadas a nivel central, puedan ser incorporadas en la Ley de Presupuesto.
Este proceso cada año es coordinado por el Ministerio de Hacienda, que recoge los planteamientos de cada municipio y de las respectivas intendencias (ahora gobernaciones regionales), de manera de generar una cartera de proyectos que pueda ser discutida a nivel sectorial.
Sin embargo, una de las principales críticas que se hacen desde el gobierno central, e incluso desde los propios seremis, a los municipios, es que el planteamiento de los proyectos carece de sustento técnico y no cumple con requisitos de formalidad, y se remite más bien a ideas, muchas muy buenas, pero no lo suficientemente desarrolladas.
Por su parte, la explicación de los municipios más pequeños para este problema es que no cuentan con las capacidades profesionales suficientes para elaborar proyectos. Ello está estrechamente ligado con el hecho de que son finalmente los municipios grandes, capaces de contratar a buenos profesionales y destinar personal a estas labores, los que finalmente se adjudican el financiamiento estatal para las iniciativas que presentan.
Esta inequidad de origen es determinante, entonces, en la desigual distribución de los recursos para las comunas, donde también se conjugan factores políticos, como el número de habitantes de cada comuna (la “rentabilidad social”) o la militancia de los respectivos alcaldes. Sin embargo, también es responsabilidad del Estado asegurar un equitativo acceso al financiamiento para los proyectos, tarea que ha sido abordada, sin mucho éxito en este gobierno, por la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Sigue siendo una tarea pendiente incorporar mayores niveles de participación en la definición de los proyectos y en la discusión respecto de su financiamiento, puesto que como consecuencia de lo descrito anteriormente, la tarea de elegir y diseñar los proyectos, en la práctica, recae en instituciones centralizadas, ya sea en la capital regional o en Santiago, cuyos funcionarios son los que finalmente establecen las prioridades que debieran nacer de la ciudadanía.
Entonces, para profundizar la democracia y la pertinencia y oportunidad de la inversión pública, se debe avanzar en mejorar los niveles de participación de los gobiernos comunales en la definición de proyectos de inversión, correspondiéndole al Estado brindar las facilidades y recursos para que estos proyectos nazcan en los municipios respectivos y no en un edificio de Santiago o Chillán.
