Mientras se espera para este sábado la audiencia de formalización del administrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejos; y del abogado asesor externo del municipio, Marcelo Campos, en el marco de la investigación que realiza la Fiscalía respecto a presunta corrupción licitación de las luminarias led, desde el Concejo Municipal se pide una comisión investigadora y además que el alcalde Sergio Zarzar entregue antecedentes más concretos sobre el caso.
El tema fue analizado hoy entre los concejales y el alcalde, en el preámbulo de una sesión de la Comisión de Organizaciones Comunitarias, donde entre otras cosas se confirmó, tal como lo adelantara La Discusión, la realización de un sumario administrativo para esclarecer los hechos ocurridos en el proceso licitatorio de ese millonario proyecto comunal, financiado con dineros de la Subdere prestados al municipio.
La investigación interna que busca conocer los hechos y el rol de cada una de los funcionarios municipales en el caso será encargado al abogado y juez de Policía Local Ignacio Marín Correa.
En paralelo, se conoció que el municipio estudia la designación de un nuevo administrador municipal, en la eventualidad que el actual, Ricardo Vallejos Palacios, quien mañana será formalizado, deje el cargo.
En la actualidad está siendo subrogado por el jefe de informática, Rodrigo Chamorro, pero es probable que desde la próxima semana el lugar sea ocupado por otro funcionario de confianza del alcalde, eventualmente la directora de Secpla, Débora Farías.
Polarización
Tras conocerse el presunto caso de cohecho y violación de secreto en la licitación de luces led, al interior del Concejo Municipal se ha producido una polarización entre los ediles por el rol que ha asumido en este caso el concejal Camilo Benavente (PPD), quien fue el único que rechazó la propuesta de adjudicación a la empresa Itelecom, planteando que su oferta, al ser mayor que la de Engie-Cam en $1.164 millones, afectaba las arcas municipales, a lo que se suma que las bases habrían tenido falencias que propiciaron el actual escenario.
La investigación de la Fiscalía ha afectado las relaciones internas entre los ediles y ha puesto en tela de juicio a profesionales de la entidad edilicia, entre ellos los dos detenidos. Además ha puesto en el debate el rol fiscalizador de los concejales, al aprobar la propuesta alcaldicia pese a la existencia previa de antecedentes que fueron advertidos por la concejala Nadia Kaik (caso que afectó a Itelecom en la Municipalidad de Providencia), y un reclamo de la empresa Engie, también competidora del proceso licitatorio.
El concejal Víctor Sepúlveda Barra (PC) indicó que personalmente no puede hacer un mea culpa, pues al haber sido un concurso publico tan complejo, básicamente se dejaron guiar “por las directrices impartidas desde el municipio y la comisión evaluadora”.
Entre los elementos clave en este proceso y que finalmente inclinó la balanza hacia la empresa adjudicada, se cuentan los informes emanados desde el contralor interno del municipio, Wenceslao Vásquez; y el director del Departamento Eléctrico del municipio, Domingo Díaz, que validaron la propuesta de Itelecom elegida por la municipalidad.
Luego de que la empresa que quedara en segundo lugar, Engie-Cam, -que realizó una oferta menor en unos $1.100 millones- enviara una carta a todos los concejales planteando sus aprensiones, la municipalidad insistió que la oferta de Itelecom era más ventajosa, pues los equipos que utilizaría redundarían en mayor ahorro de energía.
Los cálculos del consistorio, provenientes desde el departamento eléctrico y que nadie se atrevió a contrariar, planteaban que el ahorro energético al cabo de pocos años haría equivalentes a ambas ofertas. Se sumaba a ello que Itelecom no cobraría por equipos adicionales instalados.
Adicionalmente, cuando el concejal Camilo Benavente criticó que las bases daban demasiada puntuación al plazo de ejecución y relativamente poco a la oferta económica, se le respondió que se trataba de procesos de licitación similares a los del Ministerio de Energía y de otras municipalidades que puntuaban de manera similar las diversos ítemes de los oferentes.
Una de esas municipalidades es la de Iquique, que también está en la mira de la Fiscalía, con funcionarios municipales y concejales detenidos, en una arista del caso donde también figura Itelecom como adjudicataria de la licitación.
Advertencia previa
La concejala Nadia Kaik, en tanto, planteó que antes de que se adjudicara a la empresa, hizo circular en el grupo Whatsapp de los concejales, un video donde la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, ponía en tela de juicio a la empresa Itelecom y exponía que había abortado una licitación donde esta firma había resultado favorecida en su comuna. La información fue desestimado, sin generar efectos internos.
“Incluso con dudas de mi parte apoyé la propuesta municipal, pues se me aseguró a través de muchos argumentos que el tema era absolutamente transparente”, agregó Kaik, quien precisó que un factor clave para ella fue el informe favorable que emitió respeto del proceso el contralor Wenceslao Vásquez.
De manera similar el concejal Patricio Huepe (DC) indicó que por tratarse de un tema altamente complejo, se hizo asesorar por familiares y amigos, algunos de los cuales no lograron comprender cabalmente todos los conceptos técnicos y muy específicos relacionados con el manejo de las luminarias.
El profesional sostuvo que tras conversar con Domingo Díaz y recibir informes desde el municipio, optó por aprobar la propuesta de la Municipalidad de Chillán.
Por su parte el concejal Jorge Vaccaro (RN) recordó que hizo una consulta a personal de Jurídica respecto del video que circuló, donde Evelyn Matthei fustigaba a Itelecom, pero se le manifestó que “no había nada concreto y que era algo que estaba en estudio”.
Además, se le informó que la empresa eléctrica había realizado muchos trabajos similares incluso en Argentina, de los cuales existían antecedentes favorables y nada que pudiera afectar la decisión local.
Joseph Careaga (UDI), en tanto, indicó que no tuvo dudas respecto de la validez del proceso toda vez que ha estudiado el sistema de compras públicas y los términos de referencias y otros elementos sustanciales de este tipo de procesos.
Sostuvo que los plazos de ejecución comprometidos por la firma, de 90 días, le parecieron razonables, al igual que la oferta económica, “que no se alejaba de otras similares”.
Consejo de Defensa del Estado
Se espera que este lunes 11 de mayo, en concejo extraordinario, el alcalde entregue una cuenta pormenorizada de esta licitación y los eventuales cambios en el municipio chillanejo.
Además, a través de un comunicado, el alcalde Sergio Zarzar informó que remitió vía oficio al Consejo de Defensa del Estado una solicitud formal para que la entidad se haga parte como “sujeto activo” en la investigación penal que se está desarrollando por parte del Ministerio Público y la PDI a funcionarios de la municipalidad, en el marco del proceso licitatorio de recambio de luminarias led para la comuna de Chillán.
El documento, dirigido a la abogada procurador fiscal Mariella Dentone Salgado, según el municipio “además reafirma la postura de total disposición a las diligencias y de transparencia del municipio chillanejo en relación a la investigación en curso, así como también la voluntad alcaldicia de aportar todos los elementos que sean necesarios para cautelar la probidad administrativa en el consistorio, en observancia a la ley 20.880 sobre la probidad de la función pública y prevención de los conflictos”.
La solicitud de al CDE se suma a la suspensión del proceso luminarias anunciada por el alcalde el pasado miércoles y la instrucción del correspondiente sumario administrativo al interior del consistorio.
Foto: Mauricio Ulloa
