Un nuevo episodio judicial del “Caso Led” que persigue presuntos delitos de corrupción al interior de las municipalidades de Chillán e Iquique, y sus vínculos con la empresa Itelecom, se vivió hoy en el Juzgado de Garantía de San Carlos.
Lo que se había anunciado como una audiencia de formalización en contra del gerente de ventas de Itelecom, Pedro Guerra, y una reformalización para poder precisar detalles respecto a algunos hechos en los que la Fiscalía Regional dice ver acciones dolosas por parte de los imputados Marcelo Campos y Ricardo Vallejos (exfuncionarios de la Municipalidad de Chillán), terminó añadiendo un nuevo debate para determinar la competencia del tribunal sancarlino para conocer esta materia.
No era la primera vez que las defensas cuestionaban este punto y, finalmente, hoy el Juzgado de Garantía de San Carlos decidió que no tenía la competencia para seguir siendo la sede de los litigios y se resolvió enviar todos los antecedentes al Juzgado de Garantía de Chillán.
Si hasta hoy era en San Carlos donde se realizaban las audiencias, era porque el Ministerio Público argumentó que fue en esa ciudad donde comenzó la investigación, por lo tanto, se invocaba el principio de ejecución del delito.
Lo anterior basado en las indagaciones de la PDI que apuntaban a un exfuncionario de la Municipalidad de San Carlos como la persona contactada por Itelecom para hacer de “enlace” de la empresa y ayudarlos a quedarse con la licitación para el recambio de luminarias del tipo led. Lo que finalmente no se concretó.
Concluida la audiencia, entonces – y de oficio- la magistrada Claudia Gómez abrió debate sobre la competencia del tribunal, y tras escuchar a los intervinientes, la jueza se declaró incompetente.
“Lo cierto es que ya transcurridos cinco meses desde el inicio de esta investigación de manera formalizada, no hay situaciones concretas que permitan establecer la existencia de hechos ocurridos dentro de la jurisdicción de este tribunal, que permitan estimar que esta juez y este tribunal son competentes para continuar conociendo de la investigación”, argumentó.
Para el defensor de Ricardo Vallejos, abogado Juan Carlos Manríquez, “queda una audiencia más, en Santiago, por lo que no se puede descartar incluso que esto termine tramitándose en el 8vo Juzgado de Garantía de Santiago, ya que queda más que claro que los primeros antecedentes de la investigación que ellos (la Fiscalía) lleva, dan cuenta de hechos que se iniciaron en la comuna de Providencia, en Santiago”.
Por parte de los persecutores, el abogado Remberto Valdés, quien representa como querellante al Concejo Municipal de Chillán, asegura que “para nosotros no es ningún inconveniente el que se haya remitido los antecedentes a otro tribuna. Nuestro convencimiento en la solidez de las evidencias es tan grande, que estoy seguro que se concluirá con condenas como nunca antes se habían visto por este tipo de delitos en la historia de este país, porque estamos ante los delitos de corrupción más grandes que conociera el territorio nacional”.
En caso que el Juzgado de Garantía de Chillán no acepte la competencia, la sede en la que se deberán realizar las tramitaciones tendrá que ser dirimida por la Corte de Apelaciones de Chillán, pudiendo ser esta, en efecto, en Santiago.
Arresto domiciliario
De todas maneras, la audiencia de ayer comenzó con la formalización del gerente de ventas de Itelecom, Pedro Guerra Guerrero, por supuestos delitos de soborno, relacionados a los hechos perpetrados entre agosto de 2019 y abril pasado que hoy forman parte de la investigación prejudicial.
En la audiencia, realizada por videoconferencia, la magistrado Claudia Gómez decretó la cautelar de arresto domiciliario total, “por considerarla proporcional a los fines del procedimiento y por estimar que, con relación al imputado, concurren los presupuestos materiales en cuanto a antecedentes que justifican la existencia del delito y presunciones fundadas de participación de Guerra Guerrero en los hechos” dictaminó la jueza.
Esto a diferencia de lo que se decretó para el gerente general de Itelecom, Marcelo Lefort, quien se encuentra en prisión preventiva por esta causa, como imputado por el delito de soborno, desde el día de su formalización, el pasado 9 de mayo.
Más meses de secreto
En la audiencia, además, el Ministerio Público solicitó la ampliación del plazo de investigación, por segunda vez.
Esta vez pidieron una extensión de 12 meses más.
Al resolver la ampliación del plazo de la investigación, la jueza Gómez acogió la solicitud del Ministerio Público, pero solo accedió a extenderla por cuatro meses más.
“Si bien el legislador ha establecido que el plazo legal no puede superar los dos años, en definitiva es el juez de Garantía quien va regulando esta facultad del Ministerio Público en cuanto a ir limitando los plazos de investigación”, explicó la magistrado.
Luego añadió que “lo que debe tenerse presente al momento de regular no es solo la complejidad de la investigación o de los antecedentes que se quieran recabar, pero lo cierto es que existe el derecho del imputado de ser juzgado en tiempo justo y razonable y, en ese contexto, el plazo solicitado por el Ministerio Público de 12 meses no se condicen con las medidas cautelares que se encuentran decretadas respecto de los imputados, que se encuentran completamente privados de libertad”, resolvió la jueza.
Para la defensa de Marcelo Campos, representada por el abogado Giovanni Gotelli, “esto da cuenta de los excesos con que está actuando la fiscalía. Ellos mismos han dicho que esta investigación parte en los primeros días del 2019, es decir llevan más de un año y medio y quieren un año más, pero incluso con secreto de investigación, lo que nos niega todo derecho a saber cómo defender a nuestros representados”
Los hechos
Según el ente persecutor, mediante una investigación que incluyó la interceptación de teléfonos y seguimientos, se logró detectar que entre 2016 y 2017, los imputados representantes de la empresa Itelecom, previamente concertados, decidieron como política de la empresa ofrecer presuntos sobornos a funcionarios públicos con el objeto de asegurar la adjudicación de licitaciones públicas vinculadas a la instalación de luminarias led en distintas comunas del país, entre ellas Chillán.
