Aunque cuesta aceptarlo, el terrorismo es una realidad en la región de la Araucanía y en la Provincia de Arauco. Y si bien algunos son más reacios a utilizar el concepto, eso no hace desaparecer la espiral de violencia que no ha respetado vidas y capital de trabajo en los últimos años.
El fenómeno se ha querido justificar con las reivindicaciones mapuches, por lo que desafortunadamente, muchos atribuyen estos actos a una etnia originaria que no se siente representada por los violentistas, quienes financiados por el narcotráfico constituyen una milicia que no tiene nada que envidiarle a un cartel.
Este gobierno ha fracasado rotundamente en el combate a la violencia y en el tratamiento de la cuestión mapuche, así como también fracasaron los gobiernos anteriores. El poder central ha mirado desde lejos la quema de camiones, de viviendas y de infraestructura, los cortes de la Ruta 5 y el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay o del camionero Juan Barrios, dejando que la institucionalidad actuara, sin embargo, los hechos han dejado en evidencia la incapacidad de las instituciones para investigar y sancionar adecuadamente estos delitos.
A ello se suma la torpeza de algunos, expresada en escándalos como la operación Huracán, el homicidio de Camilo Catrillanca y otros hechos que han ido desprestigiando a las instituciones.
Por ello no debe extrañar que en los últimos meses la frecuencia de los atentados haya aumentado, ya que el crimen organizado ha logrado impunidad en la zona gracias a la debilidad de un gobierno con poco respaldo, al silencio cómplice de quienes dicen defender la causa mapuche y a la incapacidad de las instituciones persecutoras de los delitos.
Esta semana, el Presidente Piñera hizo un llamado a un acuerdo nacional y desde el oficialismo han sonado voces que piden que se declare el “Estado de sitio”, lo que significaría militarizar el territorio, una medida extrema que podría agudizar la violencia.
Por otro lado, desde la oposición han reiterado que el problema se resuelve a través de acuerdos políticos con el pueblo mapuche, entre ellos, la reivindicación de tierras, lo que si bien sería un avance sustantivo respecto de las últimas décadas, difícilmente desactivaría el conflicto, porque a las organizaciones terroristas no les conviene que haya acuerdos.
Lamentablemente, el margen de acción del Gobierno en este tema es muy limitado, dado que ha perdido la legitimidad para convocar y conducir un proceso de paz. Basta ver que de las 14 medidas del Plan Araucanía, apenas se han cumplido tres; o que ni siquiera ha logrado la aprobación de leyes para fortalecer la acción policial y persecutora.
En La Araucanía se ha errado en los diagnósticos, no se ha avanzado en la compra de tierras, han faltado inteligencia y herramientas en el trabajo de investigación criminal, no ha habido diálogo ni voluntad para lograrlo, y fundamentalmente, nunca hubo decisión de la autoridad por abordar el problema de manera integral, que por un lado, aísle y combata la violencia, y por otro, se avance en las respuestas a las demandas mapuches y en la superación de la pobreza.
