Recientemente se inauguraron en el sector El Faro, de Bulnes, las obras de rehabilitación del antiguo canal El Faro, las que fueron ejecutadas con el financiamiento de Indap, y que permitieron incorporar al riego 221 nuevas hectáreas de secano de las llamadas áreas “blancas”, beneficiando a 25 pequeños agricultores que hasta ahora no tenían muchas opciones de cultivos. Con la llegada del agua, estas familias podrán incursionar en cultivos más rentables, como frutales menores y hortalizas, lo que contribuirá a mejorar sus ingresos y su calidad de vida.
Este proyecto es parte de una serie de obras de mejoramiento de antiguos canales que se deben realizar en San Ignacio y Bulnes para solucionar definitivamente el problema de los “blancos” y llevar el agua a 9.700 hectáreas de 1.880 pequeños agricultores, obras que eran parte del proyecto Canal Laja Diguillín pero que no se concretaron cuando se construyó la megaobra.
Han pasado dos décadas desde que se puso en funcionamiento el canal matriz y muchos de estos pequeños agricultores murieron esperando una solución, y los que quedan, más envejecidos y con menos fuerzas, siguen luchando para alcanzar a ver el día en que el agua llegue a sus predios.
En ese contexto es que los dirigentes campesinos junto a los regantes del Diguillín y a los alcaldes de Bulnes y Coihueco vienen desarrollando una serie de reuniones con autoridades regionales y del Ministerio de Obras Públicas, para plantearles la necesidad de avanzar definitivamente en un proyecto con alta rentabilidad social, que cobra especial relevancia en el contexto de crisis hídrica actual.
Ellos solicitan concretar el proyecto completo de adecuación de antiguos canales, cuyo estudio de ingeniería concluyó en diciembre de 2018 y determinó que la inversión necesaria ronda los $45 mil millones. Para ello, argumentan que el Estado debe financiar el proyecto a través del DL 1.123 (de grandes obras de riego), mismo mecanismo usado para financiar el Canal Laja-Diguillín. Sin embargo, desde la Intendencia y el MOP les han respondido que se abordará de manera hiperfraccionada con recursos de Indap y de la CNR (Ley 18.450 de Fomento al Riego) suplementados por el Gobierno Regional, lo que en la práctica podría significar que un proyecto que tardaría dos años en ejecutarse por la vía tradicional, podría tomar diez o más años.
Un obstáculo adicional es que a diferencia del DL 1.123, la Ley de Fomento al Riego no financia el total de la obra, lo que obligaría a empobrecidos pequeños agricultores a reunir un capital que no tienen.
Desde el punto de vista de la megasequía y la urgencia por contar con nuevas obras de almacenamiento, resulta contradictorio que este gobierno, que no ha podido echar a andar la construcción del embalse La Punilla ni del Zapallar, desprecia la posibilidad de sumar casi 10 mil hectáreas al riego (una cifra similar aportará el Zapallar) con un proyecto de ejecución relativamente breve.
Se puede entender el argumento de la estrechez fiscal como consecuencia de las demandas sociales -como si el agua no fuera una demanda social- pero lo que no se puede entender es la falta de voluntad política -o de visión- para avanzar en un tema tan prioritario como al acceso al agua para riego.
