Luego que a mediados de mayo la Fiscalía Regional de Ñuble confirmara el inicio de una investigación por desacato y eventual delito ambiental en contra del plantel porcino Santa Josefina de Coihueco, el pasado miércoles la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) notificó a la Fiscalía de las acciones realizadas con el recinto de crianza de cerdos, sobre el cual pesa una orden de clausura, la que no ha sido ejecutada por Agrícola Veneto, representante del plantel.
Rubén Verdugo Castillo, superintendente de Medio Ambiente (s), remitió antecedentes por eventual delito de desacato de la orden de clausura del plantel a la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla.
El oficio de cuatro página precisa que “la empresa titular del plantel, de forma deliberada, ha incumplido la sanción de clausura definitiva aplicada por este Servicio y autorizada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, lo que ha traído consigo una serie de complicaciones para poder ejecutar tal decisión. Lo anterior, a juicio de este Superintendente, exige que los antecedentes del caso sean remitidos al Ministerio Público, con el fin de que se investigue un posible delito de desacato, o el tipo penal que se determine”.
El pasado 19 de marzo la SMA, mediante resolución exenta Nº 386, exigió a la empresa “presentar un cronograma de cierre del plantel, según lo ordenado originalmente en la resolución sancionatoria de 2018. Para ello se hizo un requerimiento de información bajo apercibimiento de sanción, para que en un plazo de 5 días hábiles se presentara tal información, con el fin de acelerar el proceso de cierre, y ejercer las atribuciones correspondientes”.
Pese a ello, los representantes del plantel porcino no presentaron el cronograma de cierre, y han argumentado que aún existen procesos administrativos y judiciales pendientes que podrían terminar en una sentencia diferente a la resuelta por la SMA”.
A mediados de mayo la Fiscalía Regional de Ñuble informó a través de una carta enviada al diputado Frank Sauerbaum que “previa revisión de los antecedentes por la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional de Ñuble, y previa consulta con la Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos Medioambientales y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, se ha decidido iniciar investigación por el delito de desacato y por la eventual configuración de delitos ambientales, indagación que estará a cargo de la Fiscalía Local de Chillán”.
