Cuando faltaban pocos días para que comenzara la instalación de las luminarias led en la ciudad, se produjo un remezón judicial y policial de ribetes nacionales que suma cada vez más comunas, en una trama donde se mezclan nuevamente el poder y el dinero y que amenaza con desestabilizar a la Municipalidad de Chillán y echar abajo su proyecto más emblemático.
Por segunda vez
La entidad edilicia iba por su segundo intento por cambiar las viejas luminarias de sodio, que tienen ya más de 30 años, por las de tecnología led, que poseen características superiores en lo que se refiere a ahorro energético, seguridad ciudadana, y potencia lumínica. Esto luego del fracaso de la licitación del año 2016, donde tras un reportaje de La Discusión que revelaba nexos entre el asesor del municipio para elaborar las bases de licitación y la firma ganadora del concurso público, el municipio de Chillán debió dejar sin efecto el proceso.
El plan municipal, que en esta ocasión iba bien encaminado, es probable que sea nuevamente abortado al conocerse los antecedentes de la formalización, donde se habrían confirmado cargos por cohecho y vulneración de secreto de la licitación, lo que de confirmarse, habría favorecido a la empresa seleccionada.
Irregularidades en 2016
El primer intento por modernizar la red eléctrica, del año 2016, fue abortado por el municipio luego de que surgieran antecedentes entregados por el entonces Jorge Marcenaro y una posterior investigación de La Discusión, donde se exponía la participación de un ex asesor externo, Sergio Wicki, quien apoyó a la municipalidad en la generación de un estudio de la red eléctrica, clave para elaborar las bases de licitación.
Como quedó en evidencia en documentos exhibidos en el reportaje, el propio ingeniero había prestado servicios a una de las dos empresas que presentaron ofertas formales en el proceso licitatorio, lo que dejó de manifiesto una situación compleja, que el municipio decidió cortar antes de que se adjudicara la propuesta.
Para ejecutar esa licitación, el municipio había inicialmente estimado una inversión de $10.800 millones para retirar 15.000 focos de sodio, que datan de 1994, y reemplazarlos por luces led.
El problema se produjo cuando a la licitación llegaron dos ofertas completas: la de la empresa Maxlight GCE Solar Chile (subsidiaria de Representaciones Offersuite, que había ganado varias licitaciones con el municipio), por $10.588.233.121, y otra de The Pegasus Group Company S.A., por solo $6.080.592.600.
Lo que llamó la atención fue que The Pegasus Group rompió todos los esquemas y llevó a que muchos se preguntaran qué tipo de cálculos desarrolló la firma europea, que derivaron en que su oferta fuera tan baja, más $4.000 millones que la otra.
Incluso el municipio deslizó en conferencia de prensa su preferencia por la oferta de Maxlight, antes de que la comisión decidiera cuál era la ganadora.
Tras las dudas surgidas, la Municipalidad de Chillán, el mismo día en que salió el reportaje de La Discusión, decidió dejar desierta la licitación.
El concejal Víctor Sepúlveda recuerda que “tras estos hechos del 2016, se nos indicó que sería realizado un sumario interno, investigaciones internas para ver el rol del asesor externo en la licitación y muchos temas que quedaron en la nebulosa. Hasta el día de hoy no han sido presentados los resultados de los informes o sumarios”.
Entre los antecedentes de aquel proceso abortado el 2016, queda una información emanada desde el municipio chillanejo, tres días antes de que el concejo votara, donde se informaba que “la propuesta del alcalde Sergio Zarzar de dotar a todo Chillán de nuevas luminarias led se acerca a su concreción con el próximo cierre de la licitación este viernes y con la exposición que este mediodía entregó el ingeniero Sergio Wicki a la Comisión de Obras de Concejo Municipal”.
“Wicky, encargado del estudio preliminar aprobado por el concejo y que en definitiva dio luz verde para la licitación en curso, contestó una a una las preguntas de los concejales Víctor Sepúlveda, Juan López, Edison Coronado, Nadia Kaik, Jorge Vaccaro y Joseph Careaga en torno al proyecto. El ingeniero fue enfático en esclarecer las dudas de los ediles, destacando que el proyecto cuenta con la aprobación tácita de los Ministerios de Hacienda y Energía, avalando sus aspectos financieros y técnicos respectivamente”, se destacaba.
Nuevo modelo
El nuevo modelo al que apostó la municipalidad para el proyecto cuestionado ahora por la Fiscalía, consistió en solicitar que fuera la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) la que entregara los recursos para financiar la reposición de luminarias, a lo que se sumó la asesoría del Ministerio de Energía y la validación económica por parte del Ministerio de Hacienda.
Tras más de dos años de gestiones ante los diversos organismos estatales, a comienzos del año 2019 la municipalidad anunció que la Subdere había comprometido recursos para financiar el proceso, por $4.109.817.510.
Cada uno de los pasos que dio el gobierno comunal fueron seguidos de cerca por los concejales, quienes no advirtieron ningún tipo de falencias. El proceso además, estaba validado por entidades estatales que daban respaldo al proyecto.
Sin embargo, todo comenzó a desdibujarse cuando durante el proceso licitatorio, el municipio chillanejo seleccionó a la empresa Itelecom Holding Chile Spa para ejecutar el recambio.
Esto generó críticas de parte de la transnacional francesa Engie y su filial chilena CAM, quienes sostuvieron que su oferta, que quedó en segundo lugar, era unos $1.100 millones inferior a la de Itelecom, a la vez que entregaban antecedentes técnicos que parecían cuestionar lo obrado por la comisión municipal.
El informe donde exponían sus aprensiones fue derivado a cada uno de los concejales, pero solamente Camilo Benavente asumió veracidad de los hechos comentados, por lo que reprobó el proyecto municipal. Otros, que desconfiaban de las bases y el resultado del proceso reconocieron que finalmente despejaron sus dudas al recibir comentarios convincentes desde personeros municipales.
Hoy, tras ser conocido el resultado de la formalización contra el administrador municipal y el abogado externo del municipios, el concejal Víctor Sepúlveda Barra planteó que “el alcalde debe nombrar pronto un nuevo administrador municipal, pues no es recomendable que alguien que ocupa un cargo tan alto en el municipio esté siendo investigado por la justicia”.
El concejal Camilo Benavente indicó: “me parece que este es un muy mal final para un proyecto emblemático para la ciudad. Hay una acusación, que se rompió el secreto de la licitación y en ese sentido esperamos señales del alcalde y un informe completo sobre el caso. Respecto de la salida del administrador no es algo que uno vaya a pedir, sino que le corresponde al alcalde determinar”.
De hecho, el alcalde Sergio Zarzar, comentó a La Discusión que si se detectaba que alguien del municipio hubiera participado en negociaciones incompatibles, favoreciendo a alguna empresa y rompiendo el secreto de la licitación, tomaría medidas drásticas para defender la probidad de su administración, tal como lo hizo cuando una sombra de duda afectó la licitación de 2016 y el mismo día en que la adjudicación iba a ser votada por el concejo, abortó el proceso.
