El Senado ruso aprobó el miércoles, por amplia mayoría, una ley que allana el camino para prohibir que los aliados del encarcelado opositor Alexéi Navalni puedan presentarse a elecciones.
Según la oposición, está destinada a acallar las voces disidentes antes de las legislativas de septiembre, en un contexto de redadas y detenciones crecientes contra los detractores del Kremlin.
Esta nueva ley es vista por los críticos del gobierno como una nueva herramienta que toma por blanco a los partidarios del opositor encarcelado Alexéi Navalni.
La Fiscalía ha pedido a la justicia que clasifique estas organizaciones como “extremistas”, porque pretenden “desestabilizar la situación social” en Rusia.
Hay pocas dudas sobre dónde terminará este proceso, visto que la red de oficinas regionales del activista ya ha sido clasificada de “extremista” por los servicios financieros reguladores.
El equipo de Navalni ha denunciado el deseo del Kremlin de neutralizar su movimiento y de acallarlo antes de las elecciones del 19 de septiembre, en un momento en que el partido en el poder, Rusia Unida, cae en los sondeos de intención de voto, pese a la popularidad de Putin. Su declive se debe fundamentalmente a la situación financiera complicada y a los múltiples escándalos de corrupción, informó el diario La Nación.
La presión contra las voces críticas ha aumentado en estos días entre los adeptos de Navalni, encarcelado desde enero y con la perspectiva de tener que pasar dos años en prisión.
Pivovarov es objeto de una causa penal por “participación en las actividades de una ONG extranjera considerada indeseable”, un cargo punible con hasta seis años de prisión.
Rusia Abierta fue fundada por el millonario y opositor en el exilio Mijaíl Jodorkovski.
“Es un pretexto para impedirle que participe en las elecciones”, denunciaron los allegados del detenido.
A esto se suman también las redadas realizadas el martes en los domicilios de varios opositores y la detención del exdiputado Dmitri Gudkov, de 41 años, aliado de Navalni.
A Gudkov se le acusa de estar presuntamente implicado en casos de “fraude y abuso de confianza” en un caso de alquileres impagados, un delito que puede merecer cinco años de cárcel, consignó el mismo medio.
