La llegada del Covid-19 hizo que se postergaran todos los procesos electorales en nuestro país. El plebiscito constituyente quedó para el 25 de octubre, mientras que la elección de gobernadores regionales también fue reprogramada, ahora para el 11 de abril de 2021.
Sin embargo, la incertidumbre en torno a cómo evolucione la pandemia en los próximos meses pone un manto de duda sobre todo lo anterior, pues son muchos los intereses en juego y creer que este tema solo se trata de salud y bienestar de las personas, sería ingenuo.
De hecho, desde el gobierno hay un nuevo intento por poner a dormir las elecciones de gobernadores regionales y tiene al ministro de Segpres, Cristián Monckeberg, como protagonista. El secretario de Estado se reunió con los jefes de bancada de Chile Vamos, para tantear terreno, y ver si una iniciativa de este tipo tendría piso político. No le fue como esperaba, pero el lobby continuará.
La sobrecarga electoral que tendrá 2021, la carencia de facultades de los gobernadores y la crisis sanitaria, son los argumentos que usa el gobierno para propiciar esta postergación, pero que son secundarios ante la principal motivación del lobby oficialista: la concentración del poder.
A esta corriente que propicia el statu quo centralista se le opone precisamente la representación política local asociada a la elección directa del intendente (ahora llamado gobernador regional), que está llamado a ser garantía de legitimidad y representación territorial en la gobernanza regional.
Un segundo concepto clave, bien se sabe, es el traspaso efectivo de competencias que fortalezcan a los gobiernos regionales y los doten de capacidades para formular políticas públicas en diferentes ámbitos. Al respecto, la incertidumbre sigue presente y no solo porque aún no se tramita la ley corta que transferirá algunas facultades, sino porque los hechos han demostrado que el discurso de las autoridades pocas veces se traduce en voluntad política para terminar con la hegemonía centralista y profundizar la democracia local. De hecho, es esa anomia la que ha postergado históricamente el ansiado proceso descentralizador, sin el cual Chile seguirá siendo el más retrogrado de todos los países que integran la OCDE.
La pandemia se convierte en la excusa perfecta para una clase política que, salvo contadas excepciones, no le entusiasma la descentralización ni la profundización de la democracia local, y prefiere concentrar el poder en un puñado de aristócratas que vive en Santiago y sus intermediarios afincados en las regiones.
Sin desconocer la gravedad de la crisis sanitaria que enfrentamos, tres décadas de populismo y demagogia en torno a la descentralización instalan una legítima duda, más todavía si los actores políticos son los mismos y los grupos de poder e intereses afectados también.
