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Regantes: “La Punilla se hará con o sin Astaldi”

La presidenta de la Junta de Vigilancia del río Ñuble (JVRÑ), Margarita Letelier, manifestó que existe confianza en que el proyecto embalse La Punilla se concretará, “con o sin la concesionaria Astaldi”, y reiteró que el proyecto es una obra prioritaria para el Gobierno, “de hecho, el Presidente Sebastián Piñera reafirmó el compromiso de su administración con la con-creción de esta iniciativa tan importante para la agricultura de Ñuble”.

Ello, luego que la concesionaria exigiera una compen-sación de US$170 millones debido a que según plantearon el viernes en una declaración pública, existe una diferencia en el cálculo inicial de la ca-pacidad de almacenamiento de agua de la obra y la cifra real.

La empresa italiana informó que “la Sociedad Concesio-naria Aguas de Punilla S.A. ha decidido ingresar una discrepancia ante el Panel Técnico de Concesiones para solicitar una modificación de contrato, con el fin de solucionar incongruencias detectadas en el volumen de agua disponible en el reservorio de Punilla”.

Según se indicó, “como resultado de los trabajos de topografía del proyecto en la zona de inundación que la concesionaria realizó en fase de desarrollo de la ingeniería de detalle, se detectaron serios errores en los documen-tos contractuales en lo que concierne a la capacidad de almacenamiento mínima del embalse, que es el factor clave para la sustentabilidad de la concesión”.

Según la empresa, los errores implican “una disminución de volumen de 61,1 millones de m3 respecto de la capacidad de almacenamiento total del embalse definida en las bases de licitación, que corresponde a 625 millones de m3. Esta diferencia es de tal magnitud, que podría ser considerada por sí sola como un proyecto individual. Incluso, el mismo MOP ha licitado recientemen-te proyectos por volúmenes de capacidad de almacenamiento de embalse menores a 61,1 millones de m3”.

Para la concesionaria, la diferencia en la capacidad de almacenamiento de agua “genera severos efectos en el cumplimiento de las obligacio-nes contractuales vinculadas a la entrega de agua para riego y además produce efectos económicos adversos en el servicio de producción de energía hidroeléctrica, que afectan seriamente la factibilidad de la concesión y que, por su tamaño, no pueden ser resueltas con modificaciones al diseño de la presa”.

“Estamos tranquilos”

“Estamos tranquilos, no sacamos nada con desespe-rarnos; tenemos las mejores voluntades políticas, el Presi-dente ha dicho que con Astaldi o sin Astaldi se hará igual, yo espero que la empresa solo esté ganando tiempo con esto, pero no me preocupa mayormente esta situación, creo que vamos a llegar a buen puerto”, expresó Letelier.

En ese sentido, la dirigente manifestó que “esperamos que esta diferencia se pueda resolver en el Panel Técnico de Concesiones, mientras tanto nos dan una respuesta, nosotros solicitamos una re-unión con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y también con el intendente Martín Arrau, queremos con-versar con ellos, entendemos que estas cosas toman sus tiempos”.

Consultada sobre un eventual retraso del proyecto, Letelier afirmó que primero “es importante saber en qué se traduce esta discrepancia, porque puede que quede en standby, hay que tener calma y esperar a ver qué pasa, porque si la empresa sabía cuáles eran las condiciones al principio, no puede reclamar después, en las bases de licitación están claras las características del proyecto, quiero creer que esto busca ganar tiempo para hacer las platas, y no se trata de negar lo que ellos están diciendo, esto es muy relativo, dependiendo de lo que se quiera demostrar. Había estudios pertinentes y ellos lo aceptaron así cuando aceptaron las bases”.

MOP: “Carece de sustento jurídico”

Astaldi precisó que la diferencia entre el almacenamiento establecido en las bases y el calculado por ellos “fue comu-nicado al Ministerio de Obras Públicas el 6 de septiembre de 2018, como un hecho relevante para el contrato de concesión. Dicha diferencia de capacidad de almacenamiento del embalse fue reconocida y confirmada recientemente también por el MOP”.

En cálculos de la compañía, la compensación que debería recibir Astaldi por el presunto error de cálculo implica un rango de US$91 a US$170 millones.En declaraciones a El Mercurio, el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, comentó que “todas las reclamaciones al Panel de los últimos días carecen de sustento jurídico suficiente”, en alusión a otras dos impugnaciones presentadas por concesionarias.

En lo referente al embalse Punilla, el subsecretario comentó que “nuestra posición es que las bases de licitación establecen que no es una obligación del concesionario construir un embalse con capacidad para 625 hectómetros cúbicos. El concesionario aceptó sin reservas la totalidad de los antecedentes referenciales que le entregó el MOP”.

Riesgo de judicialización

Menos tranquilo se mostró el constructor civil y regante del río Ñuble, Mario Arzola, quien advirtió que esta reclamación podría ser mucho más seria que un traspié para el proyecto, pues no se debe descartar que el tema se judicialice y signifique una nueva postergación del proyecto.

El profesional, quien ha sido uno de los más críti-cos del proceso de licitación, particularmente respecto de lo que establecen las bases de licitación, afirmó ayer que una diferencia tan significativa en el cálculo de la capacidad de almacenamiento del embalse podría no resolverse en el Panel Técnico, lo que derivaría en una demanda ante la justicia, hecho que postergaría nuevamente el inicio de las obras.

Arzola argumentó que la concesionaria calculó la rentabilidad del proyecto a partir del volumen de agua que podrá explotar, tanto para riego como para la generación hidroeléctrica, y que si eso no se cumple, “perfectamente podría pedir la invalidación del contrato, exigir la garantía y retirarse del proyecto, sin perjuicio de obtener una indemnización millonaria, que finalmente pagaríamos todos nosotros con nuestros impuestos, entonces, no es un problema tan simple como señalan las autoridades”.

El profesional enfatizó que “no es una cosa menor, cuando usted va a iniciar un proyecto debe tener las condiciones absolutamente claras, y sobre un tema tan inicidente como el agua, que es un elemento básico para la empresa, obviamente la concesionaria necesita claridad y saber a qué atenerse”. En ese sentido, Arzola expuso que será una decisión de la empresa ir o no a la justicia, “pero es lo más lógico pensar que así va a ser. Si hay un antecendente tan importante que está en entredicho, el inversionista lo tiene que aclarar antes de seguir adelante con el proyecto, porque el negocio de ellos es producir energía y para eso necesitan agua, saber con cuánta agua cuentan”.

Asimismo, lamentó que exista “un profundo desconoci-miento de las autoridades sobre las condiciones establecidas en las bases de licitación”.

Seguidilla de atrasos

El proyecto La Punilla fue adjudicado a la firma italiana Astaldi en 2016, sin embar-go, el cronograma de obras debió modificarse debido a la lentitud de Astaldi en la implementación del proceso de relocalización de las familias que viven en la zona de inundación.

Paralelamente, la concesio-naria ha enfrentado problemas financieros en algunas divisiones de negocios, lo que también ha afectado sus proyectos en Chile.

Actualmente, el proyecto se encuentra paralizado por el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, que dictó una orden de no innovar en el marco de la demanda por daño ambiental interpuesto por un grupo de familias que se resisten a abandonar la zona de inundación y que reclaman que la empresa no ha pagado las compensaciones señaladas en el Plan de Desarrollo Social, herramienta incorporada en la resolución de calificación ambiental. La paralización se dictó en noviembre del año pasado, horas después que el MOP solicitara a la justicia que ordenara el desalojo de las familias con el apoyo de la fuerza pública.

De esta forma, y pese a que el Presidente Sebastián Piñera reiteró este jueves que la construcción del embalse se iniciará este año, no existe ninguna certeza de aquello.La obra representa una inver-sión total cercana a los US$500 millones, con un subsidio del Estado que supera el 55%.La Punilla permitirá dar seguridad de riego a 70.143 hectáreas en San Carlos, Chi-llán, Coihueco, Ñiquén y San Nicolás.Se emplazará en la zona alta del río Ñuble, e inundará 1.752 hectáreas.

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