Eran cerca de las 9.30 horas del 9 de mayo de 2019 y el fiscal regional de O´Higgins, Emiliano Arias pidió firmar una acusación en contra del arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, por delitos de encubrimiento de abusos sexuales al interior de la Iglesia.
Pero a las 11.00 de la mañana de ese mismo día, el persecutor fue notificado que, por orden del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, había sido removido del caso.
Esa fue la última diligencia que hizo Arias en el marco de la investigación nacional por ese tipo de ilícitos al interior de la Iglesia Católica, y la última acusación que el Ministerio Público ha realizado en este contexto.
Desde entonces, se ha dicho que las causas, si bien no se han archivado ni se han declarado cerradas, se han visto obstaculizadas en cuanto a su avance debido a los conflictos sociales por los que ha estado atravesando el país, como las protestas posteriores al 18-O y, ahora, por las limitaciones que supone el estado de excepción por la pandemia del coronavirus.
Las solicitudes y cartas pidiendo explicaciones enviadas por representantes de víctimas y de las redes laicales de diversas ciudades, entre ellas, Chillán, se han hecho llegar al jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte Xavier Armendáriz, (actual coordinador de la causa), “pero no nos han hecho llegar ninguna respuesta. Nunca”, dice Isabel Bello, coordinadora de la Red Laical Chillán.
Y hoy, a seis días del suicidio del sacerdote Tito Rivera, en Santiago, uno de los religiosos investigados por estos hechos, los miedos a que pasen los días sin imputados a quienes responsabilizar por el daño causado a las víctimas, se vuelve a instalar en Ñuble, región que está pendiente de cinco casos que llegaron a la justicia penal.
“Estamos preocupados, obviamente, porque vemos que la Justicia chilena, sencillamente no quiere avanzar. No se pueden escudar en hechos como el estallido social o la pandemia, porque ya existen todos los medios tecnológicos posibles para trabajar de manera remota, desde la casa si quieren. Creo que ellos están usando esos temas para no hacer su tarea”, acusa la coordinadora.
Y añade que “a Arias lo sacaron, precisamente, porque estaba haciendo el trabajo, estaba llegando donde nadie quería que llegara y por eso tenían que sacarlo”.
Es más, para Isabel Bello, esta letanía supone un retroceso casi irreversible en lo conseguido por convencer a algunas de las víctimas a prestar declaración.
“Es que es un trabajo sicológico muy fuerte, muy extenuante, porque hay que ponerse en el lugar de las víctimas y entender que para ellos es tremendamente duro relatar y revivir lo que sufrieron. Entonces, menos van a querer contarlo de nuevo, si notan que su testimonio no servirá de nada, porque no ven voluntad de avanzar en la investigación”, advierte.
Consultado el Ministerio Público de la Metropolitana Centro Norte, se responde a LA DISCUSIÓN, lo que se podía anticipar, la misma que hubiésemos obtenido el 9 de mayo de 2019, a las 11.01 horas de esa mañana: que las causas siguen con diligencias pendientes, que ninguna se ha archivado, pero que la Fiscalía no habla de casos no formalizados, ni tampoco, de cuando se trata de delitos de orden sexual.
Las causas pendientes de Chillán son las de los exobispos Carlos Pellegrin y Francisco José Cox, más los sacerdotes Jaime San Martín, Héctor Bravo y Renato Toro, todos ellos, ya fuera de la Iglesia.
Un nombre ausente
Tal como lo confirmara el obispo de Chillán, monseñor Sergio Pérez de Arce, las investigaciones canónicas por esta causa, están culminadas en la Región.
Todas ellas, comentó, terminaron con la expulsión o salida voluntaria de los denunciados.
Por esta razón – dijo a nuestro medio- la Iglesia ya no puede hacer más al respecto, salvo colaborar con la justicia civil, en caso de ser requeridos.
Y si a juicio de Isabel Bello, las indagaciones eclesiásticas y sus respectivas sentencias, “me dejaron conformes y creo que el obispo hizo lo que pudo hacer”, añade que, “lo que hizo fue, en general, bueno”.
Y ese “en general”, le da espacio a lo que no fue bueno. “Nosotros hablamos con don Sergio (Pérez de Arce) por el caso de Bravo, pero nos dijo que con los elementos que tenía, no era mucho más lo que se podía hacer”.
De todos los casos investigados, sólo el que involucraba a Héctor Bravo no se pudo constatar, por lo que su nombre no está en la lista de los expulsados.
Sobre el mismo punto, la vocera nacional de la Red Laical de Chile, Mirena Romero, se muestra aún más crítica.
“Con algunos casos no estamos conformes para nada, creemos que las investigaciones, en algunos casos, no han sido todo lo finas o rigurosas que debieran ser, y tal vez es porque hay personas que manejan una red de influencias y de poder muy grandes”.
La vocera, que también es profesora, dice que “hay que entender que el abusador siempre arma una red. El abusador crea confianzas entre su propio grupo, se hace querible, respetable y confiable. Entonces cuando alguien los acusa, la primera reacción de la comunidad es no creerle al abusado”.
A su juicio, esto se pone en jaque, sólo cuando los casos se van repitiendo, que es sistemático.
“Pero el problema es que a veces se atreve sólo uno de los agredidos y la red de amigos del abusador, se transforma en su red de encubrimiento, en su red de defensores”, complementa.
Es con este respaldo que-a vista de la vocera- se generan presiones o amenazas a víctimas y testigos más vulnerables, para que no presten testimonios.
De hecho, aún sigue en ascuas y no se ha aclarado el relato de la madre de un menor presumiblemente abusado, quien incluso había comentado a su círculo de confianza, que fue agredida y amenazada en la vía pública para que no se refiriera más al caso.
La agresión, habría ocurrido en calle Maipón, a un costado del Mercado Techado, sin embargo no hay imágenes captadas por las cámaras de televigilancia, y luego que la mujer fuera a constatar lesiones al hospital, los documentos de la atención de urgencia, que acreditaba la existencia de lesiones, se extraviaron.
Romero no desconoce que para la Fiscalía, en términos generales, es muy complejo acreditar jurídicamente ante un tribunal la comisión de abusos sexuales sin lesiones ni testigos del hecho.
Ni tampoco las violaciones, si se denuncian años después, como ha sido la generalidad en estos casos que involucran a miembros de la Iglesia.
“Pero si vemos que en otros países sí se ha podido resolver, ¿Por qué aquí no?” critica.
Para romper el círculo
El fiscal Maximiliano Arias ha reconocido que para poder entender cómo funcionan las estructuras sociales dentro de la Iglesia se documentó con diversos libros y entrevistas.
Algunos de los autores revisados fueron María José Castillo Navasal, académica del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián y Jaime Bascuñán Muñoz académico de la Universidad Católica de Temuco.
El persecutor fue entrevistado por ambos, a través de un Pod Cast de la página kairosnews.cl
Fue Navasal quien puso el tema de su investigación por los abusos en la Iglesia.
Arias comenzó con palabras de cortesía para Armendáriz.
“Espero y confío en que el equipo está avocado al análisis, para poder tomar las mejores decisiones”.
Luego, ya en un tono más comprometido dice, casi a modo de testigo, que lo que él advierte que hubo en estos hechos fue la presencia de un círculo vicioso que requiere ser roto. Por la Justicia civil, no por la eclesiástica.
“Porque entre ellos se confiesan, se perdonan y todo sigue igual”, observó.
Planteó como fórmula para romper el círculo el poder detectar cuáles han sido los orígenes de ese secretismo que pudiera haber existido al interior de la Iglesia, y romper el círculo con transparencia.
“Alguna vez se intentó promulgar una ley que imitaba el modelo australiano, que obliga a los miembros de la Iglesia a denunciar los casos de abusos. Aquí se presentó ese proyecto, pero nunca más se avanzó…¡Y no cuesta nada!”.
Sugirió también que “los sacerdotes son los garantes, incluso del alma si entendemos su rol espiritual, y ellos deben denunciar estos casos. Y sino existe una obligación legal, que se la autoimpongan”.
En la red laical plantean que, dada la naturaleza de los casos de abusos y el daño emocional en las víctimas, es frecuente que los que denuncien sean los menos.
Y de ellos, muchos lo hacen años, o incluso décadas después, para encontrarse con que muchos los tildarán de mentirosos o que los acusarán de tener segundas intenciones al acusar tanto tiempo después.
“A las víctimas el sistema no los protege, no los entiende ni los cuida. Nos preocupa esta letanía de la justicia, que no buscamos interpretar, pero nuestro llamado es agilizar el proceso”, finalizó Mirena Romero.
