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Recurren a Contraloría para investigar millonarios contratos en distribución de agua potable rural

El intendente de Ñuble, Martín Arrau, descartó que existieran irregularidades en los procesos internos para seleccionar a empresas de transporte que han trabajado en distribución de agua potable.

La autoridad respondió a la presidenta regional del Partido Socialista, Gina Hidalgo, quien anunció que concurrirá ante la Fiscalía de Ñuble para denunciar las eventuales irregularidades que estarían siendo investigadas por la Contraloría Regional, en relación a los más de $700 millones en adjudicaciones que habrían obtenido la Sociedad Comercial El Almendro Limitada y Sociedad Llahuén, ambas ligadas al funcionario de confianza del intendente Martín Arrau, ex jefe de la División de Administración y Finanzas del GORE, Diego Riffo Pastén.

Hidalgo planteó: “nos parece a lo menos sospechoso, la lentitud con que los entes contralores y fiscalizadores han tomado este caso, que cuenta con las pruebas suficientes para haberse pronunciado. Acá hay más de 700 millones de pesos en adjudicaciones a dos empresas ligadas directamente al padre de un recién renunciado funcionario, cercano al intendente, pero los delitos se habrían estado produciendo por dos años y de manera consecutiva”.

Asimismo, agregó que “acá son cientos de millones que salen de los recursos de todos los chilenos y que estarían manejándose entre un grupito de amigos. Recordemos que el gremio del transporte hizo una denuncia formal el año pasado, este año una parlamentaria también solicitó información al respecto”.

Los montos indicados, agregó, “superarían los 700 millones, ya que ambas empresas se han adjudican contratos con el GORE durante los últimos dos años. Así, durante el año 2019 Riffo Pastén obtuvo contratos por 367 millones 733 mil 240 pesos, mientras que en lo que iba corrido hasta julio de 2020, la suma se empina por los 345 millones de pesos”.

“Se cumplieron los requisitos”

El intendente Martín Arrau  aseveró que “el proceso se realiza con total transparencia y probidad, lo que implica que cada base de licitación pública es validada con toma de razón por parte de la Contraloría, por lo que está respalda por el ente fiscalizador. A eso se suma que la licitación se abre cada tres meses para revisar el servicio de las empresas existentes, permitir una rotación de oferentes, mayor competencia y, por ende, una baja de los precios”.

La autoridad, mencionó que “este nuevo sistema de licitación permitió, además de mejorar la calidad del servicio, un ahorro de más de $1.800 millones durante el año 2019”.

En el caso de la empresa mencionada, subrayó, “se adjudicó el servicio cumpliendo con los requisitos y, además, cuenta con una amplia trayectoria, prestando servicios en varias regiones desde antes que Ñuble fuera región. Asimismo, el profesional en cuestión no tuvo injerencia en la toma de decisiones, ya que se desempeñó en un servicio distinto al que realiza el proceso, cumpliendo sin contratiempos las funciones que se le encomendaron”.

“Por otra parte, hago un llamado a que las personas que tengan antecedentes de alguna irregularidad las aporten y las entreguen al organismo respectivo para continuar con la transparencia del proceso”, declaró Arrau.

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