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Pymes de Ñuble relatan obstáculos para acceder a beneficios estatales

Mauricio Ulloa

Empresarios pequeños y medianos de Ñuble claman con angustia una ayuda del Estado, debido a que no han podido acceder a los créditos Covid-19 (Fogape) y han enfrentado problemas con el pago del seguro de cesantía para sus trabajadores que se acogieron a la Ley de Protección del Empleo.

Si bien no constituyen la mayoría, no son pocos los casos de mipymes, principalmente del comercio y el turismo, que corren el riesgo de desaparecer debido a las dificultades para acceder a la liquidez necesaria para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia del nuevo Coronavirus.

Según estadísticas del Ministerio de Hacienda, al 23 de julio se habían otorgado 2 mil 915 créditos Fogape por 1.609.869 UF ($46 mil 156 millones, aproximadamente), mientras que al 19 de julio un total de 9 mil 929 trabajadores de la región se habían acogido a la Ley de Protección del Empleo, tanto por acto de la autoridad (4.962) como por pacto de suspensión de contrato (5.127).

Empresa familiar

Alejandra Arellano Peña es dueña del restorán La Viñamarina, en San Carlos, que tiene cinco años. Comentó que es un negocio familiar, pues en él trabajan ella, sus hijos, nuera y yerno. “Me iba bien, tenía un buen flujo de clientes, vivíamos tranquilos, pero desde el estallido social eso cambió drásticamente, y luego, la pandemia terminó por colapsar el rubro”

Sostuvo que la crisis redujo a cero la entrada de dinero. “Los créditos que ya tenía con el banco se nos hizo imposible pagarlos y traté de pedir créditos de ayuda, como anunciaron en todas las redes, pero no se me dieron, porque tenía un atraso en otro crédito, era imposible estar al día, si no teníamos ingresos”, se lamentó.

Arellano comentó que “el rubro gastronómico ha sido fuertemente golpeado, pero tenemos cero ayudas, los créditos Covid Fogape son para los ricos que no se vieron afectados; nosotros, las pymes, necesitamos un reactívate, pero se cierran las puertas. Solo nos han repactado para seguir endeudándonos con unas tasas de interés abusivas. Ésa es una sola prueba de cuántas puertas se nos cierran. Y no soy la única, entonces ¿cómo se activará la economía si muchos emprendedores han tenido que cerrar sus locales por quiebra, yo apenas vendo con delivery hoy por hoy, solo para vivir y apenitas, olvídate de para pagar cuentas y otros compromisos”

En ese sentido, planteó que necesitamos recursos para la nueva implementación de materiales de sanitización cuando comience el proceso de reapertura, ya sea subsidios o créditos, porque las nuevas medidas requieren una inversión. Empecé recién este mes a generar algo un poco más digno, pero para abrir el local e implementar las medidas sanitarias, no se si podré”.

Desalentador panorama

Para Leslie San Martín, socia del restaurante Up Sushi, que debió cerrar definitivamente uno de los cuatro locales como consecuencia del estallido social y la pandemia combinados, el panorama no es alentador y reconoció que la situación se ha puesto más difícil sin el acceso a créditos.

Teníamos 32 trabajadores, ahora tenemos 15. De esos 15, están trabajando siete. Todos se acogieron a la Ley de Protección del Empleo, pero de a poco algunos han vuelto a trabajar, en la medida que las ventas lo han permitido. Aunque el beneficio no ha operado tan bien con todos, porque algunos no pudieron recibir su subsidio, ya que no cumplían el requisito. Algunos renunciaron, otros empezaron a trabajar en otras cosas, pero nosotros no hemos despedido a nadie.

En cuanto a los créditos Fogape, recordó que “nosotros hicimos solicitud en el banco Santander, en BancoEstado y en el Banco de Chile, y en todos nos fue mal. No nos dijeron el motivo, no tenemos morosidad de ningún tipo, tampoco tenemos Dicom ni deudas previsionales; quizás ellos vieron mucho riesgo por sobreendeudamiento o porque es un rubro que no está funcionando al cien por ciento. Yo estaba facturando más de $45 millones mensuales, y esa cifra bajó a 10 en la actualidad, por lo que yo creo que el banco ve el riesgo ahí, porque la respuesta que recibí del Banco de Chile fue que no cumplía con los requisitos internos del banco; de BancoEstado primero me dijeron que no cumplía requisitos, luego en un correo me decían que se estaban demorando en evaluar y después otro, en que me anticipaban que se iban a contactar conmigo para decinos qué documentos debemos acompañar… Y todavía estoy esperando”.

Explicó que solicitó el crédito para ponerse al día con el pago de los arriendos, comprar insumos y adquirir un vehículo para reparto, así como también implementar algunas medidas de prevención del Covid-19. “La verdad es que a estas alturas ya no espero mucho de la ayuda del Gobierno, yo no soy beneficiaria de nada y probablemente no lo voy a ser nunca, no lo digo con rabia ni por hacer una crítica al Gobierno, y respecto a los bancos, me imagino que ése es su negocio, y creo que cada uno pone las reglas del juego y ve a qué clientes quiere atender”, reflexionó.

Consultada por la reapertura de los restaurantes, aseguró que no tiene los recursos para la implementación de los cambios en los locales y planteó que probablemente no abrirá y continuará con la modalidad de delivery, ya que las exigencias sanitarias limitarán el aforo de tal forma que no se generarían utilidades.

Salida atractiva

Al respecto, la asesora regional ministerial de Hacienda, Daniela Carlin, manifestó que “tengo la certeza que con más de 2 mil 800 créditos entregados en la región, estamos contribuyendo a que la economía de Ñuble se mantenga activa”.

Detalló que “estos préstamos, a una tasa de 0,29%, que es casi 0% mensual y con un período de gracia de 6 meses, puede ser una salida muy atractiva para los que más están sufriendo, como el sector gastronómico y el transporte rural, que ha visto mermado fuertemente sus ingresos”.

Consultada por las medidas para llegar a más beneficiarios, considerando las restricciones que han encontrado muchos, la autoridad sostuvo que “ya se bajaron ciertos requicitos, lo que permitió entregar nuevos créditos a empresas que tenían sus solicitudes pendientes. Además, estamos trabajando junto a BancoEstado para seguir flexibilizando ciertos parámetros y así llegar a más pymes”.

Carlin añadió que “además, el proyecto de ley del Plan Clase Media, incluye un préstamo estatal solidario, que no considera mora para todos los que trabajan por cuenta propia (rut con giro comercial). Ésta nos parece que es la mejor manera de seguir ampliando la cobertura”.

Seguro de cesantía

La Ley de Protección del Empleo también muestra algunas falencias. Muchos casos no calificaron para recibir el subsidio del seguro de cesantía y algunos han sufrido la demora en los pagos.

Miguel Díaz, propietario del Centro Ferretero Madrid, en Chillán, ha visto de cerca el caso de casi 70 trabajadores, a quienes se les debe el pago de mayo y junio, y pese a las gestiones que ha realizado ante las autoridades regionales, no ha tenido respuesta. Por mientras, reconoció, le prestó dinero a sus trabajadores sin cobro de interés.

“Siento mucha tristeza y angustia porque no le han pagado a nuestra gente el seguro de cesantía, solo a ocho trabajadores les han pagado. Y lamentablemente, no hay una explicación de ningún tipo, solo me dicen que debo esperar”, expuso el empresario.

“En abril, cuando estuvimos cerrados, ellos alcanzaron a recibir el pago; hoy estamos funcionando con media jornada y a nuestra gente no le han pagado, y a uno le da angustia ver que no reciben lo prometido (…) La administradora de fondos de cesantía es una entidad privada, que se ganó una licitación, y el Estado le da esta misión”, dijo Díaz.

Añadió que “da pena y da rabia ver tanta dejación y desinterés por parte de quienes tienen que hacer esa pega mientras hay personas que no tienen ni para pagar el arriendo (…) Esto es una injusticia social, es injusto que los trabajadores tengan un seguro, y al momento que exista el siniestro, no aplique”.

Premura

Consultada por esta situación, la seremi del Trabajo, Yeniffer Ferrada, señaló que “en Ñuble, más de 10 mil trabajadores se han acogido a la Ley de Protección del Empleo desde abril, la gran mayoría concentrada en la modalidad de suspensión temporal del contrato de trabajo con cargo al Seguro de Cesantía, cuyos pagos se han hecho en tiempo y forma. En casos puntuales de empresas que han acordado bilateralmente con sus trabajadores la reducción temporal de la jornada laboral para la cual, primero, se debe enviar la documentación del pacto en orden a la Dirección Regional del Trabajo, han existido problemas en el tiempo de respuesta por motivos ajenos a esta repartición”.

La autoridad recordó que “la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) –institución donde finaliza el proceso-, es un ente autónomo del Estado, sujeto a fiscalización de la Superintendencia de Pensiones (SP). Es menester mencionar que esta secretaría regional ha realizado todos los oficios y solicitudes, dentro de sus facultades, para contar con las resoluciones de dichos casos a la brevedad, entendiendo la premura de la situación”.

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