Como consecuencia de los casos de eventuales irregularidades que se han detectado en la Municipalidad de Chillán, el consistorio estudiará la creación de una unidad para prevenir delitos internos.
El abogado y ex fiscal, Marko Magdic, quien fuera jefe de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía, indicó que la Municipalidad de Chillán podría avanzar en mejorar su estándar para cumplir con la Ley 19.913 que tipifica el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pero que se ha ido ampliando hasta llegar al mundo municipal.
La Ley N° 19.913, publicada en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2003, creó la UAF (Unidad de Análisis Financiero), que define en Chile el delito de lavado de activos.
El concejal Jorge Vaccaro, quien invitó al exfiscal, declaró que el municipio chillanejo tiene una materia pendiente en este y otros muchos ámbitos respecto de esta normativa legal, que debe tener un correlato interno y seguimiento permanente para impedir que se generen situaciones como las conocidas.
De hecho, el alcalde Sergio Zarzar indicó que está abierto a que se genere una instancia de este tipo, pues a raíz de los casos conocidos por la comunidad, la opinión sobre el municipio no es de las mejores, de tal manera que la gente “cree que todos somos ladrones”.
Marko Magdic indicó que la mencionada Unidad de Análisis Financiero, tiene como objetivo recopilar información del sector público o privado “para poder hacer inteligencia financiera e identificar tempranamente situaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esa Ley, que en un principio estaba orientada especialmente al sector privado, a partir del año 2015 se extiende al sector público ya los municipios”.
El asesor destacó que entre los años 2015 y 2016, a través de oficios y circulares, se empiezan a generar pautas de cómo los municipios debieran satisfacer estos requerimientos legales. Y es en base a esos parámetros que luego la Contraloría puede hacer controles y además, se puede evaluar la responsabilidad funcionaria de los distintos integrantes del sector público.
“Básicamente lo que exige esta normativa respecto de los municipios es contar con un sistema de prevención de delito dentro del municipio, en particular respecto del lavado de activos, financiamiento, del terrorismo y respecto de delitos funcionarios”, sostuvo Magdic.
La normativa, agregó, también exige que los municipios nombren a un funcionario a cargo de esta materia que coordine estos temas y se asegure que se va a cumplir la normativa, además de capacitar al personal para que conozcan aquello que deben prevenir.
Junto a ello, es necesario que el gobierno comunal “se registre ante la Unidad de Análisis Financiero de manera de hacer reportes de operaciones sospechosas en los términos que la normativa lo exige”.
Prevención
El profesional indicó que una gran cantidad de municipios del país ya tienen esas unidades creadas al interior o han contratado asesorías que les permiten prevenir al interior de los consistorios “delitos funcionarios desde cohecho (en todas sus variantes), fraude al fisco, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias malversación de caudales públicos prevaricación, entre otras figuras”.
El llamado lavado de activos, resaltó, se liga generalmente al narcotráfico, pero las últimas modificaciones han hecho extensivo el lavado de activos a apropiación indebida estafa o la administración desleal”.
En este sentido, mencionó, “si un funcionario público administrara deslealmente el patrimonio del municipio o de algún activo que se dispuse para su gestión y provoca algún tipo de ingresos, claramente ese funcionario podría saber que el origen del dinero es ilícito y estaría cometiendo lavado de activos”.
Los concejales se mostraron abiertos a que se estudie la materia, al igual que el nuevo director de Seguridad Pública municipal, Patricio Acuña.
