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Pérdida de gratuidad

Las políticas públicas tienen dos características esenciales que las diferencian de otros resultados provenientes de la acción política y que le dan su principal sustento. En primer lugar, en cuanto trascienden orgánicamente al Gobierno, es el Estado en su conjunto el que debe asumir compromisos y efectuar aportes a esos planes. Normalmente hay leyes que dictar, recursos que priorizar y conflictos que resolver.

En segundo término, trascienden temporalmente al Gobierno de turno. Normalmente, las políticas públicas están pensadas para plazos largos o, al menos, medianos, de modo que cuando en su implementación se identifican inconvenientes, es deber del Estado, a través del Gobierno y el Parlamento, corregir esos errores.

Así opera la democracia y el principio de responsabilidad de quienes tiene poder de representación. Y por lo mismo, cuesta entender la actitud que ha mostrado el Gobierno ante la situación de 27 mil alumnos universitarios que perderán el beneficio de la gratuidad por haberse extendido en la duración formal de sus carreras.

Por si sola, la cifra de afectados dimensiona la gravedad del problema, a lo que debe agregarse el impacto que esto tiene en la sustentabilidad de las casas de estudio, derivado de menores ingresos que se han calculado en torno a los 24 mil millones de pesos.

Claramente, el diseño de la gratuidad tiene muchos defectos, pero no debe olvidarse que éste es el beneficio estatal de mayor masividad y transversalidad de la educación superior, de modo que es responsabilidad de las actuales autoridades realizar los debidos cambios, a fin de no perjudicar a los estudiantes más vulnerables del sistema y afectar los ya debilitados presupuestos de las universidades públicas.

Pensar que los y las estudiantes deben tener una trayectoria ideal es desconocer la realidad nacional.

La duración promedio real de las carreras excede un 30% a la duración formal (límite establecido en la gratuidad) y en ello hay factores que escapan al control de las instituciones educativas y se asocian a la trayectoria formativa previa de los estudiantes, en donde existen importantes brechas socioeconómicas que las propias universidades intentan remediar mediante planes especiales.

En consecuencia, no es razonable pretender que la gran mayoría de los estudiantes finalice sus estudios durante la duración nominal de sus carreras, como tampoco es razonable que las instituciones que más bienes públicos generan para el desarrollo del país tengan que hacerse cargo de un problema que excede sus capacidades y recursos.

La autoridad no puede excusarse en que el culpable de esta crisis es el anterior Gobierno y debe asumir sus responsabilidades actuando de modo coherente, homologando lo que propone en el proyecto de ley que presentó para crear un nuevo sistema de Fondo Solidario, donde se establece un tiempo extra de al menos tres semestres para la duración de los beneficios.

No hay razones para establecer diferencias entre unos y otros estudiantes y menos para negarse a discutir las modificaciones que son necesarias para corregir una política pública imperfecta y evitar un problema social de gran magnitud.

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