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Para el 7 de junio fijaron fecha para juicio oral por caso fraude

A través de un mail emanado del Tribunal Oral en lo Penal de Chillán (TOP), los intervinientes del caso “fraude al Fisco en Chillán Viejo”, fueron notificados de la fecha para el auto de apertura del juicio oral en el que se resolverá el destino legal de los 10 acusados por esta causa que persigue responsabilidades por la pérdida de $82 millones de las arcas municipales.

Se zanja, por tanto, que el próximo 7 de junio a las 09.00 horas parte lo que se espera sea un emblemático juicio, que podría extenderse por a lo menos un mes, debido a que la Fiscalía Local de Chillán, parceló el caso en cinco hechos diferentes y se deberá escuchar la defensa de cada uno de los involucrados.

Uno de ellos es el propio alcalde de Chillán Viejo, Felipe Aylwin, cuyo equipo de defensores espera los resultados de un recurso de queja presentada en la Corte Suprema, luego que el Tribunal de Alzada de Chillán revocara el sobreseimiento que, en su caso y en el de otros dos acusados, había dictado a su favor el Juzgado de Garantía local.

“De todas maneras, nuestra estrategia es continuar con el juicio adelante, principalmente, porque tras estudiar la causa en pleno, llegamos hace tiempo, a un total convencimiento de la inocencia del señor alcalde, y creemos que va a ser absuelto por el Tribunal Oral”, comentó Julio Díaz de Arcaya, parte del equipo de defensa del alcalde.

El jurista adelantó, entonces, que “este lunes espero reunirme con el alcalde para ver los últimos detalles. La estrategia ya la tengo clara y definida hace tiempo, pero es necesario que se discutan algunos últimos puntos con él”, precisó.

Finalmente, Díaz de Arcaya calificó como “muy poco probable”, que se acuda al Tribunal Constitucional en caso que la Suprema confirme el fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán, respecto al sobreseimiento.

Pedirán prescripción

La semana reciente, el abogado Rodrigo Vera Lama, representante de la única civil acusada (Silvana Ríos, de la empresa Buses Ríos) presentó un recurso en la Corte de Apelaciones, solicitando que se ordente al Juzgado Civil resolver una arista civil de esta causa, instancia que fue rechazada en su momento, por el juez Manuel Vílches.

Esto porque el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó en octubre del 2018 una medida precautoria real en contra de todos los acusados, es decir, que se les embargaran algunos bienes muebles e inmuebles, a fin de contar con un patrimonio al que acudir en caso de un fallo condenatorio, asegurando así una fuente de indemnización por el dinero perdido.

“En primer lugar esto es algo que debe llegar resuelto a la instancia de un juicio oral, y segundo creemos que por el año en que ocurrieron los hechos investigados (2012) esos delitos, de comprobarse, ya estarían prescritos desde el punto de vista económico, por lo tanto lo que buscamos es que se alcen esas medidas cautelares en contra de nuestros representados”, dijo.

Vera Lama, por lo demás, está pendiente del fallo de la Corte de Apelaciones respecto a un recurso de apelación presentado luego que en Garantía se negara el sobreseimiento a su representada.

Volviendo a la precautoria interpuesta por el CDE, el abogado Ricardo Robles dice que “hay norma expresa que eso debe resolverse en Garantía, por ejemplo, en las audiencias de material laboral y en Familia esas prescripciones se resuelven en las audiencia de preparación, ¿Por qué no, entonces, en penal?”.

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