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Pandemia obliga a la Justicia local suspender

Tras una reunión sostenida por el Ministerio Público, la Defensoría Penal de Ñuble y el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán, se determinó que de un universo algo mayor a las 100 causas que se deben tratar en los juicios orales, solo 64 podrán ser  realizadas.

Esto porque ante el riesgo de contagio de coronavirus que afecta a todo el país y al mundo, se ha dado como única manera posible de evacuar tales audiencias su realización a través de videoconferencias, luego de que se dictara el Acta 41 del Poder Judicial, que validaba estas formas de proceder.

Sin embargo, la Defensoría Penal Pública ha declarado que esta vía no les resulta favorable, ya que se pierden los privilegios que dan las audiencias presenciales y la oralidad de las mismas, como “el poder conferenciar en privado y en cualquier momento con nuestros representados”, dijo el defensor regional, Marco Montero, quien se opone a seguir con esta modalidad.

Y los problemas ya se han comenzado a evidenciar en sedes como Chillán, Santiago e incluso Curicó, donde por fallas en el sistema informático, se debió suspender la audiencia.

De esta forma, esos 64 casos en los que se llegó a convención, solo se tratará de causas con imputados en prisión preventiva y las audiencias sobre violencia intrafamiliar, por su carácter de peligro y urgencia.

Respecto al último juicio en Chillán, “fue el propio Tribunal Oral el que tuvo que anular el fallo por infracción a los derechos de los imputados, de conversar privadamente con su abogado”, apuntó Montero.

En ese caso lo que ocurrió fue que cuando el defensor pidió unos minutos para poder conferenciar con el imputado, si bien se les generó una ventana privada por Zoom, el imputado debió hablar con la presencia de un gendarme que lo acompañaba en la sala tras suyo, lo que le hizo perder el carácter de conversación privada.

Al respecto, la jueza Olga Fuentes, del Tribunal Oral en lo Penal, dijo que “se declaró la nulidad de lo obrado, tras acoger el incidente”, precisando que la resolución fue unánime, y se dio como nueva fecha para el 2 de julio.

Sin embargo, respecto a las casi 40 audiencias restantes, ni siquiera hay fechas tentativas de realización, y todo dependerá de los avances que se haga en materia de control e inmunidad contra el coronavirus.

No se harán en celdas

La semana antepasada, la presidenta del TOP, magistrado Claudia Montero, había anunciado que Carabineros había dado el visto bueno para que aquellas formalizaciones que pudieran realizarse a raíz de las detenciones por desacato en materia de Covid-19, pudieran realizarse desde el calabozo, para evitar traslados y contagios.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones acogió un recurso de amparo presentado por el abogado Antonio Guerra, jefe de la DPP de Chillán, en atención a la falta de dignidad con que se trató a un imputado, en Coelemu, “quien debió seguir el proceso dentro de una jaula”, explicó el defensor.

La razón entregada por Carabineros era que en ese minuto había solo tres funcionarios en la unidad.

Acogido el amparo por el tribunal de alzada, la idea de hacer las audiencias en los calabozos para agilizar los procesos judiciales, no se ve con futuro.

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