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Observador ciudadano digital

El exsenador Felipe Harboe sueña con una Constitución que consagre a Chile como una “República Democrática Digital”. De acuerdo con el deseo del candidato Constituyente, “todas las leyes que se aprueben deberán consignar dicho principio, todo plan o programa deberá contener aspectos digitales, las inversiones deberán gradualmente conectar (iluminar) a todo el territorio, las mallas educacionales deberán incorporar estos nuevos elementos y así se irá transitando hacia nuestra digitalización como sociedad”.

En este nuevo Chile Digital, se abren insospechadas oportunidades para el control ciudadano de la eficiencia en el gasto público. En efecto, para un país como Chile que ha tenido la capacidad de sortear la pandemia utilizando el endeudamiento público, es vital que busque mecanismos de recaudación de corto plazo que permitan hacer frente al gasto corriente del mayor nivel de endeudamiento. En este sentido, economistas como Rolf Lüders, de la Universidad Católica de Chile, han cifrado la ineficiencia del gasto público en cerca del 30%. Es decir, por cada 100 pesos de gasto solo 70 terminan en el objeto para el cual fue concebido. Traducido a cifras, según la Ley de Presupuesto del 2020, el gasto público considera 50 billones (millones de millones) de pesos; el 30% de dicha cifra alcanza los 15 billones, un tercio del stock de deuda pública del país, o sea, una cifra millonaria.

Cuando se haga realidad el Chile digital, necesariamente tendrá que existir un modelo integrado de planeación y gestión en el sector público que facilite la detección de ineficiencias. Con una adecuada retribución, proporcional al monto de la ineficiencia detectada, los ciudadanos tendrán el incentivo para coadyuvar en la labor fiscalizadora de la Contraloría. Con ello, el organismo contará con la cooperación de una importante red de apoyo ciudadano. Un ejemplo real:

Por ley de transparencia Cerregional obtuvo la nómina de empresas que pagaron Patentes de Beneficio Municipal en una comuna durante el ejercicio presupuestario 2019. La información contenía la identificación de la empresa, el tipo de patente y el monto pagado. La base de datos entregada por el municipio reportaba 6.705 empresas que en promedio habían pagado $460 mil en el año.

Cerregional también obtuvo de la plataforma de Mercado Público las compras que realizaron los organismos públicos regionales en diciembre de 2019. En dicha base de datos se identifica al proveedor.

El SII publica el listado de todos los contribuyentes personas jurídicas, junto al listado de todas las direcciones registradas vigentes y no vigentes a la fecha de publicación de los datos.

Cruzando los RUT de las empresas en las tres bases de datos (Patentes de Beneficio Municipal, Mercado Público y SII) se detectaron 96 empresas con domicilio legal en la comuna que vendieron $540 millones al Estado sin registro de pago de patentes de beneficio municipal. Es decir, con este simple ejercicio, se detectó una merma potencial de ingreso municipal de $44 millones durante el 2019. Imaginen si esta búsqueda de ineficiencia se multiplica por los miles de ciudadanos que tendrán acceso a la información pública de los organismos del Estado.

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