No es primera vez que un estudio sobre la realidad de las comunas de Chile nos alerta sobre el atraso y bajo indicadores de desarrollo que registran las regiones que tienen una alta ruralidad, como la nuestra.
Lo dijo en 2009 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuando se evaluaba el ingreso de nuestro país, lo repitió en 2013 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuando realizó un estudio sobre desarrollo rural y regional, lo mismo confirmó en 2016 la Asociación de Municipalidades de Chile y lo acaba de volver a plantear el Índice de Desarrollo Comunal, que es elaborado por el Instituto Chileno de Estudios Municipales (Ichem) y el Instituto de Estudios del Hábitat (IEH), y mide la gestión de las ciudades en función de una serie de factores como salud, educación y economía.
Otro dato muy revelador lo entregó el año pasado la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) en un informe que permite determinar el número máximo de profesionales que puede acogerse a incentivos para trabajar en las localidades más vulnerables del país. En ese reporte, 19 de las 21 comunas de Ñuble se ubican entre las de menor desarrollo del país.
Más allá de situaciones coyunturales y eventuales distorsiones estadísticas en algunos de los informes, lo principal que advierten los expertos que analizan estudios como los citados es que es necesario generar un cambio de mentalidad en relación a las políticas que se están aplicando en el sector rural, ya que actualmente este ámbito está muy ligado a la pobreza.
Lo anterior es resultado de una errónea creencia de profunda raigambre y larga duración en algunos sectores dotados de influencia y poder económico, que ha descreído de la importancia del mundo rural. Tal enfoque, no desprovisto de un agregado ideológico, no ha sido capaz de vislumbrar el potencial productivo y de servicios que tienen las comunas agrícolas y se ha ninguneado al mundo rural, a veces directamente, privilegiando inversiones e incentivos al desarrollo de zonas urbanas más densamente pobladas y otras veces de modo indirecto, con organismos burocráticos de conducción y un rol pasivo del Estado ante la necesidad de focalizar recursos y actuar bajo criterios que discriminen positivamente a los territorios más rezagados.
Trabajar para superar esta desigualdad intrarregional debe ser una tarea prioritaria de las autoridades en los diferentes niveles de la administración pública, postulando proyectos de inversión fiscal y generando incentivos para la inversión privada. Hacer lo contrario representaría una fuerte señal de despreocupación que perpetuará la condición de ciudadanos de segunda clase de los habitantes de las zonas rurales, todo lo contrario a la equidad territorial y al bien común que inspiraron la creación de la nueva Región de Ñuble.
Llegó la hora de considerar, de una vez por todas, factores de corrección y compensación territorial, a partir de un levantamiento de necesidades cuya satisfacción permita a las comunas más rezagadas mejorar sus indicadores críticos. Ese trabajo está pendiente y hoy, en medio de la pandemia, debería tener la máxima prioridad.
