Una preocupación muy presente durante la pandemia de Covid-19 ha sido intentar mitigar los impactos negativos en la economía, porque detrás de los números rojos que han alertado a todos, hay empresarios, hay trabajadores y también hay pobres.
Según el estudio “Pobreza y pandemia: propuestas para un Chile más digno y justo”, realizado por la fundación Hogar de Cristo junto a otras 9 instituciones, que fue presentado oficialmente ayer, se prevé a nivel país un alza de la pobreza por ingreso de 9,8% a 11,9% en el mejor escenario, y a 13,7% en el peor.
El reporte también advierte de los efectos “intensificados en los grupos laborales especialmente vulnerables, ya antes de la crisis”, que corresponden a las personas con menos educación, las personas de menores ingresos, los jóvenes y las mujeres. Otras consecuencias consignadas son una caída del trabajo formal, una precarización del empleo informal y el deterioro de la inclusión laboral femenina.
Estas proyecciones cobran especial relevancia para nuestra Región, que antes de la pandemia ya registraba una tasa de pobreza por ingresos muy superior a la nacional, de 16%. De hecho, era la segunda más alta del país, y ahora sería mayor, de 20%; o sea más de un quinto de la población regional.
Se evidencia así la alta vulnerabilidad de un vasto segmento de la región que a raíz de una contingencia como la cesantía ha pasado rápidamente a engrosar las cifras de pobres. El documento del Hogar de Cristo también pone en evidencia la “desprotección” que existe en materia de vivienda y expresa que “la crisis sanitaria ha demostrado las consecuencias más crudas de la vulneración de este derecho, dejando en evidencia la fragilidad que afecta a miles de familias”. Además, señala que “la pandemia incrementará los niveles de desprotección en la tenencia, generando un serio riesgo del aumento de desalojos forzosos”.
En ese sentido, cualquier iniciativa que tenga por objetivo ayudar en los segmentos más vulnerables de la población es consistente con el sentido de urgencia que exige esta crisis sanitaria que también es económica.
Y si bien medidas como la entrega de canastas versiones 1 y 2, o el ingreso familiar de emergencia van por el camino correcto, es clave entender que esto constituye solo una ayuda, y que de ninguna manera puede reemplazar los beneficios que genera el empleo en los hogares, razón por la cual urge rescatar a aquellas pequeñas y medianas empresas que hoy no ven la luz al final de la crisis, y de cuya supervivencia dependen cientos de miles de trabajadores.
Los pronósticos apuntan a un empeoramiento del escenario económico en los próximos meses, principalmente a nivel de demanda interna, lo que seguirá impactando en los segmentos más vulnerables.
Ya no es momento para que el Gobierno se siga guardando sus últimos cartuchos. Es hora de implementar medidas más audaces que permitan, por un lado, enfrentar la urgencia de las familias, y por otro, reactivar el empleo, pues de ello dependerá la envergadura de la crisis social que podría observarse una vez superada la pandemia.
