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Más de 10 mil contratos están suspendidos en Ñuble debido a la pandemia

Un total de 10 mil 178 trabajadores dependientes de la región de Ñuble se han acogido al beneficio de la suspensión de contrato establecido en la Ley de Protección al Empleo, según estadísticas de la Superintendencia de Pensiones, actualizadas al 30 de agosto.

En el detalle, desde la entrada en vigencia de la ley a la fecha se han aprobado 5.037 solicitudes de suspensión por “acto de la autoridad”, vale decir, porque la empresa no ha podido operar normalmente debido a las restricciones de desplazamiento impuestas por la autoridad, como las cuarentenas; y 5.355 solicitudes de pacto de suspensión, en las que el empleador y el trabajador acuerdan suspender la relación contractual, de manera excepcional, atendiendo la contingencia y el efecto de ella en los ingresos de las empresas.

Asimismo, se contabilizaron 388 trabajadores de casa particular con solicitudes aprobadas de suspensión de contrato al 28 de agosto, de las cuales 143 corresponden a acto de la autoridad y 247 a pacto de suspensión.

En cuanto a las solicitudes de reducción de jornada, que también son el resultado de un acuerdo entre el empleador y el trabajador, en la región de Ñuble llegan a 490, al 30 de agosto.

Por otra parte, las solicitudes aprobadas de uso del seguro de cesantía en la región ascendieron a 1.591 durante agosto, estadística que excluye las solicitudes realizadas a través de la web. Mientras que en el acumulado durante el año, Ñuble suma 56 mil 362 solicitudes aprobadas.

Extensión del seguro

En ese contexto, la seremi del Trabajo en la región de Ñuble, Yeniffer Ferrada, valoró la aprobación en el Congreso de la extensión del beneficio del seguro de cesantía y la flexibilización de requisitos para acceder a él, puesto que miles de familias estaban en la incertidumbre ante lo que iba a ser el último pago, este mes.

“Siendo muy conscientes de la realidad actual de cientos de miles de trabajadores, en el Gobierno llevamos varias semanas esperando la aprobación de estas mejoras a la Ley de Protección del Empleo y a las prestaciones del seguro de cesantía; esto permitirá extender los meses de uso y la aplicación en sí hasta febrero del próximo año, aumentar las tasas de reemplazo y flexibilizar el acceso, de manera transitoria, a los fondos de desempleo”, destacó la seremi.

En lo fundamental, la reforma faculta al Ejecutivo a aumentar en hasta cinco meses la vigencia de la Ley de Protección del Empleo para que los trabajadores puedan optar a la suspensión de contrato hasta febrero de 2021, que originalmente termina en octubre.

Asimismo, incrementa el tiempo para poder solicitar la reducción de la jornada laboral hasta julio del próximo año, plazo que también podría llegar a incrementarse por otros cinco meses.

Además, flexibiliza y reduce transitoriamente los requisitos de acceso al Seguro de Cesantía, permitiendo que muchos trabajadores que están actualmente desempleados puedan optar a ese sistema con solo tres cotizaciones continuas anteriores al término de su contrato o 6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas en los últimos 12 meses (siempre y cuando las últimas 2 hayan sido continuas y con el mismo empleador).

También eleva el máximo de giros hasta siete sin hacer distinción entre trabajadores con contrato indefinido, fijo, o por obra o faena, como establece la ley original; sube los montos que entrega al 55% del salario imponible en el tercer y cuarto giro (con efecto retroactivo al 1 de agosto), y permite incrementar los porcentajes originales (30%) del Seguro de Cesantía para un sexto y séptimo giro en caso de cumplirse con ciertos paramentos definidos en un decreto supremo, hasta el 45% de la remuneración promedio.

Ferrada manifestó que “los esfuerzos han estado concentrados en recuperar la capacidad de generar los empleos, pero es muy claro que el impacto de la pandemia ha sido mayor y lo hemos vivido obviamente, fuertemente en Ñuble”. De igual forma, reconoció que la cuarentena que se inició hoy en la intercomuna Chillán-Chillán Viejo “indudablemente repercute en las fuentes laborales del sector, que no pueden operar”.

 

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