Señor Director:
A veces la muerte nos interpela. Especialmente cuando son evitables, cuando evidencian las precariedades y los horrores del sistema, los prejuicios, y especialmente cuando nuevamente develan la violencia estructural que sufren niñas y adolescentes. Nadie puede permanecer impávido frente al crimen de Ámbar Cornejo. Tampoco frente al de Javiera Neira. Ni al de Nicole Saavedra. Todas tienen en común haber sido niñas y adolescentes víctimas de una violencia estructural intolerable en una sociedad democrática. Ahí radica la urgencia de que el Estado cuente con un sistema que les garantice a toda una vida libre de violencia, especialmente si son menores de edad.
Se culpa a los jueces que dieron la libertad condicional a un hombre condenado por un doble homicidio, al programa que la atendía en el Sename, a su madre. Pero poco hemos escuchado sobre la responsabilidad del Estado de contar con los dispositivos adecuados para que todo lo anterior no hubiera ocurrido, y que, en definitiva, hubiera permitido a Ámbar el ejercicio de su derecho a vivir libre de todo tipo de maltrato y abuso.
Por ello la ley de garantías y protección de la niñez y la adolescencia no puede seguir esperando. Nadie nos asegura que con ella este y otros crímenes no hubieran ocurrido, pero sí tenemos evidencia de que cuando contamos con un sistema adecuado de promoción de derechos, que reconoce a las niñas como titulares de derecho y releva la importancia de resguardar su interés superior por sobre otras consideraciones, tenemos más posibilidades y herramientas para que, levantadas las alertas, los mecanismos de protección puedan efectivamente actuar. Hoy, porque mañana será tarde.
Consuelo Contreras
Fundadora de Corporación Opción
