Que rompen caminos, que atentan contra los cursos de agua que intervienen, que impactan negativamente los escenarios naturales, su flora y fauna y que sus actividades, generadas desde concesiones prácticamente gratuitas de explotación de piedras que debieran ser de uso público y que les reportan millonarias ganancias, terminan afectando a agricultores ligados a variedades de exportación, son solo algunas de las demandas que se han esgrimido contra las empresas de áridos.
Los problemas que ocasionan tales firmas surgieron a la luz luego de que agricultores de Huape denunciaran que sus propiedades y cultivos corren serio riesgo como consecuencia de la eventual aprobación de un proyecto de retiro de material pétreo para obras públicas y privadas que generaría un socavón de una profundidad de 10 metros y de 110 hectáreas.
El proyecto está en estos mo-mentos en estudio en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Ñuble, luego de que fuera ingresado inicialmente en Bíobío, durante el año 2017.
Autoridades locales han expresado reparos al plan de la empresa Arenex, de Concepción, que pretende extraer desde el subsuelo un volumen total del orden de 3.500.000 metros cúbicos de material. Esta propuesta tiene una vida útil de 8 años, por lo que se establece un volumen útil de extracción mensual promedio aproximado de 27 mil metros cúbicos, según antecedentes de la empresa.
Sin embargo, a partir de datos emanados de la propia entidad y que están en el SEA, la vida útil del proyecto podría modificarse en función del comportamiento del mercado vinculado con el rubro y de los permisos de factibilidad de extracción otorgados por la DOH y las autorizaciones de la Municipalidad, pudiendo reducirse los volúmenes extraídos mensualmente, aumentando la sería intervenido en el futuro.
Lo cierto es que esta iniciativa colmó los ánimos no solo de los agricultores, sino que de los residentes de vastos sectores como Quinchamalí, Huechupín, Huape y otros que se pueden ver afectados por este y otros proyectos de extracción de áridos, por lo que optaron por llevar sus reclamos ante el Concejo Municipal de Chillán, donde el alcalde Sergio Zarzar y ediles comprometieron gestiones para evitar que se cumplan los aciagos pronósticos.
El que dio la voz de alarma fue el empresario Luis Mardones, quien tiene millonarias inversiones en frutales junto al rico predio agrícola y ganadero que sería intervenido en el futuro.
Se trata, menciona el productor, de un plan que de ser aprobado por las autoridades estatales significará “el fin de la agricultura en el sector”, pues generará un megaembalse que al sumarse a las crecidas del río Ñuble, que se suceden regular-mente, anegaría vastos territorios de frutales y cultivos.
El proyecto se encuentra en la actualidad paralizado, pues la empresa a cargo de los estudios ingresó una solicitud para que se aplazara su análisis con la finali-dad de estudiar y dar respuestas a las numerosas observaciones de entidades públicas y vecinos, realizadas en el marco del proceso de evaluación ambiental.
Últimas aprobaciones
Ñuble ha sido tierra fértil para la llegada de empresas de áridos, las que están instaladas en varios de los cauces mayores que atraviesan la región, como los ríos Chillán, Ñuble o Diguillín, entre otros.
Desde el 2015, según registros del SEA de Ñuble, han sido aprobados proyectos de ese rubro que totalizan inversiones del orden de los US$30 millones, mientras que el de Huape (US$2 millones) está en proceso de calificación.
Uno de los proyectos cuestio-nados corresponde a la Extracción y procesamiento de áridos desde un pozo lastrero en el sector de Huechupín, y que tiene una inversión de US$4 millones, siendo su titular la empresa CivilMaq Ltda. En este caso, el proyecto plantea la extracción de 1.091.739 metros cúbicos.
Otra iniciativa aprobada corresponde a la empresa Arauco, que planificaba invertir $5 millones en un pozo ubicado en el sector de Rinconada en el río Diguillín. En este caso, la iniciativa busca generar un “material óptimo para los requerimientos actuales, cuyo destino es ser utilizado en el estabilizado de caminos interiores de predios forestales. La cantidad de material a extraer comprende un volumen de 383.739 metros cúbicos, en una superficie de 16 hectáreas”.
En el caso del río Chillán, existe un proyecto de 2017 aprobado a la empresa de Livio Maggi, que consiste en la modificación de la zona de extracción de áridos aprobada inicialmente el 28 de di-ciembre de 2004 por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región del Biobío.
El área de extracción, que se ampliaba en relación a la ya evaluada, consideraba un retiro de 235.000 m3 al año y com-prendía un volumen global de 3.364.031 m3, en una superficie de 35,9 hectáreas, en veinte años, divididos en cinco etapas.
En el sector Nahueltoro, en Coihueco, la empresa Huequecura obtuvo aprobación para un proyecto por US$1,3 millones, que tiene una vida útil de aproxi-madamente 8 años, período en el cual el volumen de extracción total llegará aproximadamente a 1.886.992 m3, en una cuña de extracción de 42,4 hectáreas.
En el sector de Quinchamalí, en tanto, la inmobiliaria PBH Limitada invertiría US$2 millo-nes para extraer material pétreo durante 11 años. El proyecto consiste en la operación de una faena de extracción de áridos desde zonas no inundadas del cauce del río Ñuble cercano a aquel sector de Chillán.
Esta iniciativa empresarial tiene por objetivo la extracción de un volumen estimado en 2.766.000 m3, a lo largo de 10 años. La empresa pretende “abastecer la demanda de material pétreo de diversa granulometría, a clientes del sector público y privado que lo requieran, mediante el proce-samiento de áridos extraído”.
Autorizaciones
Según antecedentes del MOP Ñuble, el retiro de áridos lo aprueba la DOH y con el visto bueno de esta entidad, es la Municipalidad respectiva la que genera un Decreto Municipal que autoriza las obras. El negocio para las empresas parece ser bastante bueno.
Ellas pueden pedir concesiones en prácticamente cualquier cauce natural, previo estudio ambiental que debe ser proporcionado por ellos y visado por el SEA.Con inversiones de varios millones de dólares, se pueden obtener ganancias de decenas de millones de la moneda americana, al vender lo extraído a entidades públicas o empresas para generar proyectos de todo tipo.
En el ámbito de la fiscalización, siempre han existido dudas acerca de la cantidad efectiva de áridos que son retirados desde los cauces. Pero desde el MOP se señala que los entes fiscalizadores son las direcciones de Obras de cada municipio y por lo tanto, ellas son las que deben llevar registros fiables.
Pero, se plantea que “cuando existe una denuncia o de oficio, la DGA puede paralizar una faena de este tipo y ordenar restituir el cauce si existe alguna modificación”.
En el caso de la Municipalidad de Chillán, que debiera fiscalizar varios proyectos en desarrollo en los ríos Ñuble, Chillán y otros, se indicó que ella “puede otorgar concesión municipal para extraer áridos desde el cauce de algún río que constituye bien nacional de uso público, siempre que exista previamente un proyecto con aprobación técnica de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas”.
El experto de la Universidad de Concepción, José Luis Arumí, plantea que el cauce de un río es un bien nacional de uso público y su administración recae en la municipalidad dentro del territorio comunal. Por lo anterior, toda persona natural o jurídica que desee extraer áridos desde un cauce debe solicitar autorización a la municipalidad respectiva donde se localice la actividad. Adicionalmente, en el caso de explotación de áridos en terrenos privados, es necesario permiso municipal según lo establece la ley al referirse a pozos lastreros de propiedad particular.
No quedan sujetos a esta jurisdicción la extracción de áridos en bienes nacionales o fiscales, terrenos que están bajo la competencia del Ministerio de Bienes Nacionales y sobre los cuales aplica otro tratamiento que básicamente para el caso de arrendamiento que es la única forma de entregar su uso a particulares.
Negocio redondo
El académico agrega que la industria del árido presenta una fuerte atomización y está conformada en su mayoría por empresas pequeñas de orden local.
Existen empresas de ma-yor envergadura, asociadas a empresas cementeras y otras independientes, que extraen indistintamente desde cauces o pozos secos. Además, algunas empresas han procedido a asociarse, buscando conjuntamente avances en el sector.
La industria de áridos, subraya, representa un negocio de aproxi-madamente US$150 millones por año, con un volumen de ventas anual de 22 millones de m3, equivalente a un consumo de 1,1 toneladas por habitante anuales.
El juez de aguas de la Junta de Vigilancia del río Diguillín, Francisco Saldías, señala que “lamentablemente y a pesar de que pareciera que la extracción de áridos está bajo control de las autoridades y organismos competentes, la verdad de las cosas es que no hay fiscalización efectiva”.
En algunos casos se plantea que “los retiros de áridos se producen en terrenos particulares. Pero, ¿cuál es el límite del río y cuál de la propiedad que muchas veces es parte de la ribera y por lo tanto, inundable cada cierto tiempo?”.
Agrega que “las empresas que extraen áridos obtienen práctica-mente gratis la concesión para el retiro de bienes de uso público, realizan una inversión relativa-mente menor, pero obtienen ganancias multimillonarias”.
Por si fuera poco, ellas se asocian a empresas que ejecutan grandes obras y obtienen desde los municipios condonación de patentes, por lo que no terminan tributando a las comunas.Añade que la destrucción de cauces que denuncian vecinos de Huape es un hecho eviden-te en el Diguillín y otros ríos como asimismo el deterioro de ecosistemas y pérdida de flora y fauna.
Para las empresas del rubro que acceden a un recurso gratis como son las piedras que luego muelen, se trata de un negocio redondo y altamente lucrativo, pero que tiene efectos indeseables en el entorno y calidad de vida de muchos territorios, remarca Saldías.Sobre el proyecto de Huape que está ahora en discusión, el intendente Martín Arrau dijo que “todas las empresas que se instalen en Ñuble son bienveni-das en la medida que cumplan los estándares ambientales y sociales”.Agregó que será en el SEA donde se deberá asegurar que la empresa asegure justamente que no se producirán efectos indesea-bles para la comunidad.
El seremi de Medio Ambiente, Patricio Caamaño, destacó que el próximo jueves visitará la zona para conversar con vecinos sobre los efectos del proyecto en 110 hectáreas.El alcalde Sergio Zarzar, en tanto, rechazó el actuar de las empresas que sin mayor control de peso, movilizan maquinarias y camiones que “destruyen caminos de la comuna”
