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Licitaciones de autopistas enfrentan escenario de demandas sociales

Una de las banderas de lucha que surgieron tras el estallido social, en materia de obras públicas, apuntaron a las carreteras y las concesiones realizadas por los diferentes gobiernos, en especial por el cobro de los peajes y el alza que sigue continuando debido a detalles técnicos.

La Autopista del Itata es el principal ejemplo, con el peaje Agua Amarilla siendo el más caro del país (4.290 pesos los autos).

El costo del peaje será uno de los temas de las licitaciones de autopistas que vienen este año. En la zona, la actual concesión Talca-Chillán, en manos de Intervial Chile, ligada a la colombiana ISA, vence en mayo próximo. El llamado a licitación para la nueva concesión, que ya cuenta con 20 empresas interesadas, se encuentra paralizado luego que Contraloría advirtiera que debe ser ajustado al nuevo Fondo de Infraestructura (Foinsa), por lo que se estima para junio próximo el segundo llamado a licitación.

En tanto el fin de la concesión del tramo Chillán-Collipulli está previsto para julio de 2022, por lo que la relicitación se prevé para marzo de 2021, mientras que en abril de 2023 vence el contrato de explotación entre el MOP y Globalvía, la empresa a cargo de la Autopista del Itata.

Todo lo anterior deja una interrogante: ¿se deben mejorar los contratos a las empresas que administran las carreteras del país o bien se debe considerar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) como organismo encargado de poder realizar esta tarea?

Alcaldes de comunas de Ñuble, atravesadas por las autopistas, coinciden en exigir cambios profundos, como la eliminación de peajes laterales e incluso sostienen que las nuevas licitaciones son innecesaria, más aún en un ambiente social que rechaza cualquier tipo de negocios que, para la ciudadanía, solo terminan por favorecer a las grandes empresas.

El diputado Jorge Sabag sostiene que la vía que une a las capitales de Maule y Ñuble ya está en operaciones, por lo que “solo se necesita realizar obras de mantención y en este sentido el Gobierno debe intervenir la licitación”.

El alcalde de San Nicolás, Víctor Toro, subrayó que “San Nicolás no debiera tener peajes laterales, estos no debieran existir. Por el hecho de cruzar el Puente Ñuble, la gente de San Nicolás debe pagar un peaje de $600”.

Toro remarcó que “debieran ser eliminados los peajes de Cocharcas y del Puente Ñuble”.

El alcalde de Bulnes, Jorge Hidalgo, mencionó que “los peajes han sido impuestos y por mucho tiempo han afectado a miles de personas carentes de recursos”. “No puede ser que incluso personas que viven muy cerca de los peajes laterales tengan que cancelar para llegar a sus destinos y no existan alternativas viables para evitar cobros abusivos”, afirmó.

“En Ránquil tenemos los peajes más caros de Chile. Estamos encerrados, cercados por peajes laterales muy caros. Para salir de la comuna tenemos que pagar $1.200 y para entrar otros $1.200. Si las personas van a Chillán se enfrentan a un peaje de $600 en Chillán Viejo y si van a Concepción otro mucho más caro”, lamentó el alcalde de Ránquil, Benito Bravo.

Respecto a la ruta del Itata, Aldo Careaga, seremi (s) del MOP en Bío Bío, comentó que “vence el 2023 su contrato de explotación, por lo que el MOP prontamente debe tomar decisiones al respecto, lo que implica que muy probablemente llegue una rebaja del peaje”.

Texto: Mauricio Luengo, diario Concepción

Foto: Cristian Cáceres

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