Señor Director:
Recientemente se publicó la ley sobre “Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas en la Atención de Salud Mental”. El objetivo de la ley no es promover la salud mental de forma global, sino más bien proteger a las personas de los tratamientos abusivos. Históricamente, la salud mental ha sido excusa para violar los derechos humanos. En enero pasado, un video viral mostraba a dos hombres subiendo a un tercero a una van a la fuerza. Quienes observaron el incidente no dudaron en denunciarlo como un secuestro. Cuando la policía investigó el hecho, descubrió que el hombre “raptado” tenía un diagnóstico de trastorno mental, que se había “escapado” de su casa y que quienes lo subieron a la van eran familiares. Una persona en un estado alterado genera preocupación en quienes le rodean y es comprensible considerar medidas extremas. Pero también hay que empatizar con quien es tomado contra su voluntad.
La nueva ley establece que “la hospitalización psiquiátrica involuntaria afecta el derecho a la libertad de las personas, por lo que sólo procederá cuando no sea posible un tratamiento ambulatorio (…) y exista una situación real de riesgo cierto e inminente para la vida o la integridad de la persona o de terceros.” La pregunta es si esta ley se implementará a cabalidad. Para esto se necesita fiscalización. Además, hay que financiar alternativas a la hospitalización psiquiátrica. Es necesario destinar más recursos a los servicios de psicoterapia y promover una buena capacitación de psicoterapeutas.
Juan Pablo Kalawsk
Doctor en Psicología Clínica