Una serie de tropiezos ha enfrentado el proyecto embalse La Punilla desde que fue adjudicado en concesión a la empresa Astaldi, en agosto de 2016, razón por la cual su construcción aún no comienza.
Los problemas financieros de la matriz italiana, con efectos en su filial chilena, derivó en el incumplimiento de un requisito esencial del contrato, que era enterar el capital de la sociedad concesionaria, por un monto de $40 mil millones. Debido a que el plazo de 36 meses se cumplió el 10 de agosto pasado, el Ministerio de Obras Públicas hizo efectivo el cobro de una garantía por $16 mil millones el 14 de agosto, y el lunes 2 de septiembre presentó ante la comisión arbitral una demanda de extinción de la concesión “por incumplimentos graves por parte de la concesionaria”.
La decisión fue bien recibida por los regantes de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble (JVRÑ), quienes hace meses venían pidiendo una postura más firme de parte del MOP frente a Astaldi, luego de una prolongada incertidumbre respecto del futuro del proyecto, principalmente debido a dos focos de conflicto, como el frustrado proceso de desalojos que derivó en su paralización judicial en diciembre pasado; o la diferencia en el cálculo de la capacidad de almacenamiento del embalse, que derivó en junio pasado, en una presentación de Astaldi ante el panel técnico exigiendo una compensación de hasta US$170 millones, que reconoció el error del MOP e instó a las partes a buscar un acuerdo.
Y si bien la decisión del MOP podría ser impugnada por la concesionaria tanto en la comisión arbitral como en instancias superiores, la arista judicial que más inquieta hoy es la del Tribunal Ambiental, donde recurrieron en noviembre pasado contra la concesionaria y el MOP las familias expropiadas que se niegan a aceptar las condiciones del plan de relocalización. El tribunal, que paralizo dicho proceso -medida con la que frenó el inicio de obras- instó a las partes a llegar a un acuerdo, quedando citadas para la reanudación de los alegatos el próximo 11 de septiembre.
Fórmula de financiamiento
Una vez que se caduque el contrato de concesión, los regantes esperan que el Gobierno reevalué la fórmula de financiamiento, y resuelva no concesionar el embalse, sino que abordarlo con recursos fiscales, por ejemplo, a través del DFL 1.123, un tema que concentrará la discusión sobre el futuro de La Punilla.
“Siendo este proyecto tan estratégico para el país, es necesario que el MOP analice y tome conciencia que se deba construir con financiamiento propio del Fisco y de esta forma, sea acorde con los tiempos y necesidades reales de un mundo rural cada vez más castigado por las sequías”, expresó la presidente de la JVRÑ.
La idea no parece tan descabellada desde que el Presidente Sebastián Piñera, así como el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, declararan hace un par de meses que el embalse La Punilla es un compromiso de este Gobierno, y que se construirá durante esta administración “con o sin concesionaria”, dando a entender la voluntad del Gobierno de concretar esta iniciativa a como dé lugar, con o sin Astaldi, con concesión o sin concesión.
Y es que se trata de la principal inversión pública que se desarrollará en la región, y el mayor de los 26 embalses del plan de grandes obras de riego del Gobierno.
Según el juez de aguas de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, Francisco Saldías, los embalses concesionados requieren de un elevado aporte estatal, a través de subsidios, para que sean rentables y atractivos para los inversionistas. “El problema es que el concesionario debe reservar parte del agua para los derechos ya existentes, y no siempre existe la suficiente capacidad de pago del servicio concesionado por parte de los agricultores. A eso hay que agregar la variable hidroeléctrica, que con los actuales precios de la energía no parece ser un buen negocio en el corto plazo. Es un tema que se debe analizar en profundidad, dejando de lado lo ideológico, y no se debe descartar el financiamiento fiscal, de hecho, un embalse se puede financiar con préstamos de organismos internacionales”, expresó.
En opinión del diputado Frank Sauerbaum, en tanto, uno de los principales problema que enfrenta La Punilla dice relación con el modelo de negocio, es decir, con su carácter multipropósito (riego y generación eléctrica), que calificó de “fracasado”.
“A mí lo que más me preocupa es que aquí hay detrás un modelo de negocio que fracasó, que es un modelo basado en la generación eléctrica, hoy con los bajos precios de la electricidad, que bordean los US$42 por megawatt (precio nudo), no hay empresas que estén interesadas en llevar adelante un proyecto de este tipo que requiere una inversión millonaria; por lo tanto, el Estado va a tener que buscar la forma de llevar adelante proyectos que son muy necesarios para el país y buscar alternativas de financiamiento distintas a las que se había planteado”.
