Los ecos por la condena dictada por el Juzgado de Garantía de Coelemu, en contra de tres exfuncionarios de la Municipalidad de Ránquil, a cárcel efectiva por el delito de apropiación indebida, siguen reverberando en la comuna que lidera el alcalde Benito Bravo.
Hoy, tras conocerse la sentencia, el jefe comunal dio una conferencia de prensa en la que dejó zanjado alguna idea basal, como el que este proceso de defraudaciones, consistentes en duplicado de boletas hechas por funcionarios de la dirección municipal de salud, “fue un hecho que se hizo antes de que yo asumiera como alcalde, pero fui yo quien se tuvo que hacer cargo de ese problema”.
También aclara que “en realidad sabemos que el total de lo que se robaron fueron más de $600 millones, pero solo se logró demostrar jurídicamente cerca de $370 millones”.
Destacó que “pese a que estas personas quisieron reintegrarse laboralmente a la municipalidad mediante un recurso presentado a la Contraloría, la que falló a favor de ellos, yo dije que por sobre mi cadáver los admitiría de nuevo, y que se me obligaban, renunciaba yo”.
Dentro de los dichos del jefe comunal, tal vez el más revelador fue que “nosotros sabemos a dónde fue a parar toda esa plata. Se gastó en drogas, en ludopatía y en propiedades y vehículos del año”.
Los dichos, según dijo el alcalde, tendrían un respaldo legal.
De los cuatro imputados, solo ellos tres quedaron con condenas privativas de libertad, las que podrán ser apeladas en el tribunal de alzada de Chillán.
Dos de estas tres personas condenadas ya se habían autodenunciado, antes de solicitar el reingreso a la Contraloría, el que finalmente, no se concretó.
Mayor fiscalización
Benito Bravo dice que dado el poco personal dedicado a la fiscalización de las que disponen las municipalidades pequeñas del país, el muy fácil que se cometan desfalcos en su interior.
“Imagínese que nosotros apenas teníamos una persona a cargo de revisar todas las órdenes de pago y todos los cheques, entonces por eso es que en Salud se dieron cuenta que nadie iba a fiscalizar lo que estaban haciendo”, comentó.
Ante esta situación que tildó de “feble”, explicó que “decidimos potenciar con nuestros propios medios la capacidad fiscalizadora, actividad que se ha estado haciendo con personal municipal, pero que desde que asumieron esas funciones no se ha vuelto a detectar nunca más una irregularidad como esta”.
De todas formas, el jefe comuna dijo que “lo que necesitamos es que los tribunales sigan dando más señales como esta, que demuestren que los funcionarios públicos también pagarán con cárcel por sus delitos, y no con más clases de ética, entonces quiero pensar que nuestra Corte de Apelaciones no revocará la sentencia del Juzgado de Garantía de Coelemu”.
Una vez firme la sentencia, el municipio de Ránquil evaluará acciones civiles para intentar recuperar parte de los recursos perdidos.
