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La nueva generación de indigentes millonarios

La riqueza es una medida que indica la cantidad de activos financieros y/o físicos que acumula una persona, es decir, es una variable de stock. Curiosamente el alto ingreso per cápita de los hogares, como acepción de la riqueza, ha sido utilizado por la autoridad para hacer el corte de quienes tienen derecho, o no, de recibir las ayudas sociales en tiempo de pandemia.

En efecto, el Ingreso Familiar de Emergencia IFE Universal beneficia al 100% de los inscritos en el Registro Social de Hogares, con una excepción: se excluye al 10% de la población con mayores ingresos. El nuevo criterio de focalización de la ayuda social a los hogares del país ha determinado un tope de $800 mil per cápita. Cualquier hogar que supere dicho valor es considerado como un millonario. Cualquier persona que reciba un valor inferior puede acceder a la ayuda social del gobierno. Por ejemplo, tener el perfil socioeconómico del anciano indigente de Iquique que fue asesinado en el año 2005, calificaría para acceder al beneficio, pese a que dicho anciano poseía una fortuna de más de 4.600 millones de pesos en propiedades.

La señal de política es clara. Si los agentes económicos sacan su fortuna del país y reducen considerablemente su flujo de ingreso de forma interna, podrían acogerse a todos los beneficios del Estado. Muchos profesionales egresados de carreras de altos ingresos, sin stock de riqueza, son los nuevos millonarios de acuerdo a los nuevos criterios de la política social. En este nuevo ambiente, no sería extraño que en el futuro dichos egresados opten por trabajos donde se les compense con activos fijos en lugar de altos salarios. La señal de la política los haría optar por contratos que les retribuyan menores salarios y mayores beneficios corporativos. Es decir, buscar fórmulas para cambiar su estatus de altos ingresos para transformarse en beneficiarios de la ayuda estatal.

Es usual percibir a los jóvenes profesionales de altos ingresos optar por la flexibilidad al momento de tomar decisiones; en este sentido, buscan mantener una parte importante de sus altos ingresos en activos de mayor liquidez. Sin embargo, la política social en tiempos de pandemia los orienta en buscar técnicas contables y tributarias para declarar menores ingresos.

Sin duda que la pandemia ha puesto en aprietos al Estado subsidiario. La subsidiaridad colisiona con las restricciones sanitarias ocasionadas por la pandemia toda vez que en muchas situaciones el mercado ha dejado de funcionar. Las prolongadas cuarentenas han cambiado los hábitos, el formato de consumo y se han reducido los ingresos de la población. La suerte de muchos trabajadores ha quedado sellada junto con un importante sector del comercio de bienes y servicios no esenciales que han sido obligados a mantener sus cortinas cerradas. Los organismos públicos, anclados en una política social focalizada, se tardaron una enormidad en abrir las ayudas a estatales a los hogares de ingresos medios – altos. Tuvieron que acontecer tres retiros de los ahorros previsionales para que se ampliaran los beneficios a un mayor número de personas. Sin embargo, el colocar el punto de quiebre de la ayuda social en los ingresos per cápita de los hogares, abre el camino para que emerja una nueva generación no deseada de indigentes millonarios.

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