El informe publicado en octubre por el Poder Judicial, respecto a la situación de los hogares y residencias de menores en Ñuble , a cargo del Sename, tuvo observaciones que dejaron en claro que los hogares de menores no están, en su mayoría, cercanos a un óptimo.
El problema mayor, común y más grave es la falta de profesionales y equipos sicosociales . Las capacidades técnicas son un problema casi transversal, lo que golpea en el corazón del objetivo de estas residencias, es decir, la recuperación sicosocial de los menores vulnerados.
Quien estuvo a cargo de estas inspecciones y del informe final en Ñuble fue la magistrada Dilys Araya, presidenta del Juzgado de Familia de Chillán, quien dijo a LA DISCUSIÓN: “creo que los magistrados de este tribunal coincidimos en los puntos que se han detectado respecto a la red Sename y a los hogares de protección”.
Y como primer punto crítico habla de una “escasez de profesionales y técnicos que realmente se puedan hacer cargo de los niños y adolescentes. Hay, por ejemplo, una total inexistencia de fonoaudiólogos o sicólogos; en el ámbito de salud es paupérrima la atención que se les da, no existen siquiatras especializados en infantojuvenil . Además, en el Estado de Chile no hay una red que entregue a través de los organismos pertinentes una atención a estos niños, que en su gran mayoría tienen graves patologías”, dice.
Por tal razón, esos niños, que en algunos casos se les declara en estado de abandono, no pueden ser susceptibles de ser adoptados.
La grave situación se grafica, por ejemplo, en el caso actual de una residencia que debió acoger, por orden judicial, a un menor de 11 años, quien desde los nueve había cometido una innumerable cantidad de abusos a familiares y niñas cercanas a su casa. Todo como consecuencia de los abusos sexuales a los que lo sometió su padre.
“Nosotros no tenemos cómo ayudarlo. Lo único que podemos hacer es tenerlo siempre aislado del resto de los niños y dejar a un cuidador siempre cerca suyo, no le puede perder pisada. El problema es los fines de semana, cuando el cuidador no está de turno. Ya hemos tenido reclamos de las familias cercanas, porque cuando se escapa ha buscado atacar a otras niñitas”, explican en la dirección de esa residencia.
Y en efecto, la magistrada Araya confirma que “hay agresiones y abusos cometidos por niños a otros niños, esa es una realidad que no podemos negar, pese a que sería muy irresponsable decir que es la norma general”.
Política y gestión
Las publicaciones de casos de menores vulnerados o fallecidos que han conmovido al país resultan de una revisión estatal de estas residencias, derivando en una mayor atención e inyección de recursos.
Eduardo Quijón, consejero técnico del Tribunal de Familia de Chillán, asegura que “desde que se hacen las visitas a los hogares, en el inicio de la reforma hasta la fecha, las condiciones han mejorado mucho, tanto en elementos de seguridad, mobiliario o cuidados en general”.
Sin embargo, la falta de personal capacitado es la gran traba. “Por un educador hay 10 niños, y cuando se trata de este tipo de niños es algo muy complejo”.
Es por esto, y por las carencias en equipamiento, calidad de las estancias, dormitorios o cocinas y áreas verdes, que en el Tribunal de Familia también critican la falta de iniciativa de los sostenedores y directores de estos hogares, en postular a recursos públicos o presentar proyectos para obtenerlos.
“En general, he visto poca motivación por los directores en postular a recursos. Además sol o hace tres o cuatro años que el Estado decidió aumentar recursos a través de la Red Sename, pero claramente es insuficiente”.
Tanto la magistrada Araya como Eduardo Quijón desestimaron que la sobrepoblación sea un problema grave en las residencias de Chillán. “Hay mucha población flotante, y a veces por cada dos que entran hay otros cuatro que salen, entonces la sobrepoblación no es el problema” , aseguran.
